La Corte de Justicia de Catamarca se expediría en los próximos días sobre la medida cautelar presentada por el intendente de Andalgalá Alejandro Páez, para que suspenda la entrada en vigor del decreto Nº 202/13 del Gobierno de la Provincia, que reglamenta el uso de los fondos de regalías mineras. Según se conoció, el presidente del tribunal, Raúl Cippitelli y Ricardo Cáceres ya emitieron el voto y entre hoy y la próxima semana lo hará Amelia Sesto de Leiva.

De acuerdo a lo informado por altas fuentes judiciales, el procurador general emitió el dictamen, no vinculante, en el que considera que es pertinente abrir la acción judicial pero no hacer lugar a la cautelar pedida por el jefe comunal andalgalense. De esta manera, entiende que se debe abrir el juicio entre las partes en conflicto (municipio-provincia) pero mientras tanto el instrumento debe seguir aplicándose.

Si bien existe una estricta reserva sobre el voto de los dos jueces de la Corte, uno de los ellos habría fallado a favor del pedido del intendente Páez mientras que el otro lo hizo en contra de la aplicación de una medida cautelar. Por lo que el voto del tercer miembro será determinante, según como lo haga, a favor o en contra del Gobierno de la Provincia en cuanto a la aplicabilidad o no del decreto que reglamenta cómo los municipios deben utilizar los fondos de regalías mineras.

La próxima semana será la última hábil, antes del inicio de la feria, por lo que se especula que ya podría dictarse una sentencia o de lo contrario todo quedará para el mes de agosto.

El reclamo

El intendente Páez presentó una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del decreto que, a instancias del ministerio de Producción, se promovió para monitorear el uso de los fondos mineros en los municipios, y pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta el artículo 5 de la ley, por considerar que “viola las garantías constitucionales de los municipios”.

El decreto 202/13 que reglamenta la distribución y administración de los fondos de Regalías Mineras, Ley Provincial Nº 5128, detalla en qué se deben invertir esos recursos y además estipula que a aquellos intendentes que no utilicen el dinero dentro de los 180 días en los proyectos aprobados, se les suspenderá el envío de nuevas remesas. De esta manera los jefes comunales deberán elaborar los proyectos, que ingresarán por la cartera que conduce Ángel Mercado, donde serán estudiados y aprobados por la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. Esta unidad es la encargada de evaluar, asesorar, formular, proponer y aprobar la ejecución de los proyectos de inversión para las obras de infraestructura y capacitación para actividades productivas.

Para Páez, el decreto es violatorio del artículo 5 de la misma ley, que establece que los fondos deben ser depositados en las cuentas de los municipios y que el Estado provincial no tiene injerencia en su gasto.