a presión que viene ejerciendo el kirchnerismo local para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia revise cuanto antes la sentencia que anuló las elecciones del 23 de agosto surtió efecto. Tras un enredado proceso de excusaciones y recusaciones rechazadas, ayer quedó integrado el tribunal que deberá definir si deja firme o revoca el fallo que ordenó llamar a una nueva votación.

Tanto el opositor Acuerdo para el Bicentenario (APB), impulsor del juicio que terminó volteando los comicios, como el Frente para la Victoria (FPV), que apeló la decisión, estiman que la Corte dictará su sentencia dentro de las próximas 48 horas. Sin embargo, cualquiera que sea la decisión que adopte el tribunal provincial, la causa seguirá abierta, ya que tanto el oficialismo como la oposición adelantaron su decisión de acudir, en caso de una sentencia adversa, ante la Corte Suprema de la Nación.

Mientras tanto, seguirá firme la cautelar que impide que Manzur sea proclamado gobernador electo. Según el escrutinio definitivo, el candidato kirchnerista le ganó por casi 12 puntos de diferencia al radical José Cano, postulante del APB, que contó con el respaldo de la UCR, Pro, el peronismo disidente, un sector del massismo y Progresistas.

El superior tribunal provincial tiene en sus manos el expediente desde ayer, luego de que los vocales de la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, dieron trámite favorable al recurso de casación que presentó el gobierno de José Alperovich para que sea revisado el histórico fallo. Con esta medida, devinieron en abstractos los recursos de per saltum que habían presentado, por separado, el Poder Ejecutivo y el FPV para apurar a la Corte.

Ayer, el kirchnerismo denunció penalmente a los jueces López Piossek y Ruiz, a Cano y al candidato a vicegobernador del APB, el intendente peronista de esta capital, Domingo Amaya, por el presunto delito de sedición, en concurso parcial con prevaricato, tal como adelantó ayer LA NACION. La presentación fue realizada por los dirigentes Javier Noguera y Darío Monteros, quienes según el escrutinio final habrían sido elegidos intendentes de las ciudades de Tafí Viejo y de Banda del Río Salí, respectivamente. El planteo, en el que se advierte que los denunciados "usurparon la voluntad del pueblo" y fueron partícipes de lo que mencionaron como "un golpe blando" al declarar nulas las elecciones, recayó en la sala del juez Francisco Pisa, de excelente relación con la gestión alperovichista.

En su sentencia, Ruiz y López Piossek advirtieron sobre una serie de "vicios" que a su criterio terminaron invalidando el proceso electoral y condenaron el clientelismo, como la entrega de bolsones a cambio de votos. "La del 23 de agosto no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático", resumieron los magistrados.

Al apelar la sentencia, el gobierno sostuvo que esas irregularidades "implicarían faltas o delitos electorales de acción pública que, en su caso, deberían ser investigadas y condenadas por la justicia penal competente".

De los cinco miembros naturales que conforman la Corte tucumana, sólo dos quedaron firmes para dictar sentencia. Se trata de René Mario Goane, quien lleva más de 20 años en el cargo, y Daniel Posse, quien fue designado durante la actual gestión. En tanto, el titular del tribunal, Antonio Gandur, se apartó debido a que presidió la Junta Electoral Provincial (JEP) durante todo el proceso electoral objetado. Por su parte, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, los otros dos vocales que llegaron a su puesto durante el gobierno de Alperovich, se excusaron. Estofán adujo una amistad manifiesta con uno de los abogados del opositor Acuerdo para el Bicentenario (APB), Arnaldo Ahumada, con quien se encuentra desde la semana pasada en Escocia, donde comparten una gira por la tradicional ruta del whisky.

En cambio, Sbdar adujo una enemistad manifiesta con Ahumada. Anteanoche se había determinado, por sorteo, que los jueces Benjamín Moisa, Carlos Ibáñez y Raúl Bejas, de la Cámara Civil y Comercial Común, se sumen a Goane y a Posse, para completar la integración del tribunal que entre hoy y mañana definiría si convalida el fallo que anuló las elecciones o lo rechaza. El APB ayer había recusado a Daniel Posse, por ser hermano del fiscal de Estado provincial, Jorge Posse Ponessa, y a Moisa, debido a que es cuñado del legislador ultraoficialista Sisto Terán, pero los planteos fueron rechazados.