La División Conejo Negro se quedó atragantada: el paro del BAPRO tenía todo para complicar el cumplimiento salarial y generar cuando menos condiciones para un comunicado de alerta o quite de colaboración. Pero no pudo ser. El pago el último día de enero trajo dos datos: es la primera vez que se paga en dicha fecha desde 2002, siendo intendente Aprile e inmediatamente antes de la crisis que llevó a su renuncia; y la recaudación de enero es 50% más alta que el mismo mes de 2017, sin el pago anticipado anual por parte de los vecinos, un ítem que antes era considerado crucial.

En las entrañas del desmadre que General Pueyrredón ha sabido conseguir en estos años, destaca un dato interesante: pagan la TSU 420.000 cuentas, lo que implica un potencial recaudatorio de $1.200 millones. De esas cuentas, 78.000 son terrenos baldíos que en conjunto contribuirían en un aporte de $15 millones anuales, lo que equivale exactamente a lo que cuesta emitir las facturas totales de la tasa, sin considerar el costo de reparto, de reclamo por impago, etc.

El aumento de la tasa debe acompañar no sólo la inflación sino que debe buscar cubrir este costo operativo de base, que hasta hoy nunca fue evaluado como parte del costo operativo total de la comuna. Y podría agregar que es así hasta el infinito: gasto sobre gasto acumulado sin análisis, generando una cultura autosatisfactoria de los actores que integran la familia municipal, en la que es evidente que la expresión derechos está muy por encima de la expresión servicio o responsabilidades para con el contribuyente.

Esta situación no ha sido reflejada ni siquiera mencionada por la comunidad mediática mafiosa de la ciudad. Claro, no daba para un título de tapa, pero era periodísticamente insoslayable que el pago de salarios se efectuara el 31 de enero, porque es un paso adelante en la calidad administrativa que beneficia directamente a los trabajadores y a los funcionarios comunales.

Sin embargo, sí se agitaron, y mucho, por la posibilidad de que familiares de Carlos Fernando Arroyo pudieran estar incorporados al erario público comunal. Pero resulta que no, al menos en el Ejecutivo, y si es por el Legislativo, antes de ir por ellos sería mejor que más de un integrante de esta tribu menor se mire el ombligo con cuidado, porque podrían terminar mordiéndose las partes. Es el caso del director del medio digital identificado por el prefijo de General Pueyrredón, quien tiene a su esposa, Mariana Cuesta –hija de Fernando Cuesta, ex dirigente sindical bancario hoy en la Defensoría del Pueblo- cobrando módulos en la bancada de Unidad Ciudadana. O la esposa de Marcelo Pasetti, que percibe dineros públicos en el Museo Mar, cargo al que ingresó durante la gestión sciolista sin concurso alguno y que mantiene en la actualidad.

Se les pone cuesta arriba escupir al cielo. La lista de amigos, queridos, queridas que se amamantan del erario público en el Concejo Deliberante es larga como noche de invierno. Y el sayo le cabe a más de uno.