Las investigaciones se originaron por delitos como apremios ilegales en el distrito judicial que abarca a Salta Capital.
Las causas se originaron bajo las carátulas de apremio ilegal, abuso de autoridad o vejaciones en el distrito judicial que comprende a la Capital y otros 14 departamentos.
El 1 de marzo una mujer de 42 años recibió un tiro durante un partido que se jugó en el estadio de la Liga Salteña de Fútbol.
El disparo se produjo, de acuerdo a lo que informó la Policía, cuando un grupo de hinchas intentó entrar por la fuerza en la cancha y un uniformado decidió desenfundar el arma.
El caso hizo resurgir las dudas sobre la preparación de los oficiales y se conoció que, desde 2006, había unas 300 denuncias anuales por abusos policiales en la provincia de acuerdo a datos recabados por el diputado de la Comisión de Derechos Humanos Claudio del Plá.
La estimación que difundió el legislador estaba entre los pocos indicadores que permitían medir la magnitud del problema, pero quedó superada por las 464 causas que acumuló la Justicia en 2012 según indican estadísticas a las que accedió El Tribuno en las últimas horas.
De los casos que se produjeron el año pasado, uno de los que tuvo mayor resonancia fue el de Gerónimo Saravia. El joven, un jugador de rugby, contó que policías de civil le dieron una golpiza, aparentemente, tras confundirlo con un delincuente.
También generó repudio la denuncia de Ruth Rojas, una transexual que describió en noviembre cómo varios efectivos la bajaron de su auto y la lastimaron en el barrio San Carlos sin que se nunca se hayan aclarado ni siquiera los supuestos motivos.
Otro de los relatos que provocó malestar fue el de Hugo Carrizo, un hombre de 38 años que dijo haber sido golpeado por tres oficiales que estaban realizando un procedimiento en su barrio y entraron en su casa sin ninguna explicación.
El martes, en el acto por el aniversario número 188 de la Policía de la Provincia, el ministro de Seguridad Eduardo Sylvester tuvo que hablar del tema. “El Gobierno no va a permitir estas conductas. El ejercicio de la fuerza pública... debe ser realizado en el modo correcto y bajo las condiciones que la ley establece”, dijo Sylvester en un discurso.
La necesidad de que las autoridades tengan un posicionamiento claro sobre el tema se viene planteando con más contundencia desde el año pasado, cuando se hizo público un video que mostró las torturas a dos detenidos en una comisaría de General Gemes.
La repercusión, muchas veces nacional, que está teniendo el tema preocupa al Gobierno. En 2012 se reformó la ley orgánica de la fuerza de seguridad por iniciativa del Poder Ejecutivo. La norma creó una oficina de asuntos internos para controlar la actuación de los uniformados. Sin embargo, sectores no oficialistas consideran que la modificación, por sí sola, no servirá para solucionar el problema.
Demanda por las detenciones
El Partido Obrero presentó ante la Corte de Justicia una acción popular de inconstitucionalidad contra la Provincia de Salta porque el artículo 18 de la ley orgánica de la Policía permite detener a un ciudadano bajo la simple presunción de que estaría por cometer un delito.
El diputado provincial y referente del PO, Claudio del Plá, manifestó a El Tribuno que este punto de la norma concede a la Policía “facultades arbitrarias para detener sin causa” y que “es la puerta abierta para que después se armen casos y se inventen culpables por la vía de los apremios y las torturas”.
El artículo cuestionado está dentro de la ley orgánica policial sancionada por la Legislatura provincial y promulgada el 29 de octubre último.
El asesor legal del Partido Obrero, Pastor Torres, advirtió que “estas situaciones planteadas en la ley orgánica están fuera de lo que manda la Constitución Provincial, que establece que la orden de detención solo puede ser librada por un juez competente o autoridad judicial”.
El letrado denunció que “la ley orgánica policial dice que (quien ordene la detención) puede ser el jefe de Policía o el secretario de Seguridad” y que ninguno de los dos son autoridades judiciales.
La norma también deja abierta la posibilidad de detener a una persona que no “acreditase fehacientemente su identidad”, lo que implica que cualquiera podría terminar en una comisaría por salir a la calle sin DNI.
Claudio Del Plá dijo que estos puntos de la ley desmienten que sea “un avance en la democratización de la fuerza”, como viene sosteniendo el oficialismo desde el año pasado.
“Se estudió a fondo”
Consultado sobre el tema, el secretario de Seguridad de la Provincia, Federico Jovanovics, manifestó a El Tribuno que tomó conocimiento de la demanda presentada por el Partido Obrero a través de los medios de comunicación.
El funcionario dijo que “en el sistema Republicano existe la posibilidad de revisar de las normas, por lo que el planteo es válido y la Justicia deberá resolverlo”.
Sin embargo, aclaró que “hay un análisis legislativo que avaló este artículo (el que cuestiona el PO) y además pasó las etapas constitucionales normales del proceso de una ley”.
“Estamos hablando de una cuestión que fue sancionada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y que se estudió a fondo antes de ser aprobada”.
Federico Jovanovics destacó además que la legislación de Salta fija un plazo máximo de seis horas para la detención por averiguación de antecedentes y consideró que “es de los más bajos que existe” en el país.
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