La denuncia también recaerá sobre el gerente, el director médico y la representante legal del hospital público de Salta.
Pablo Tobío, el abogado de la familia Martínez, anunció a El Tribu no que ingresará el escrito a la fiscalía de turno mañana, a primera hora.
En la denuncia, el penalista contrastará los deberes que el ordenamiento jurídico impone a los funcionarios públicos con los comportamientos que siguieron al fallecimiento del pequeño, primero en el hospital público y después en la cartera de Salud Pública.
Las imputaciones partirán de una reunión en la que autoridades del Materno Infantil acordaron con médicos los términos con que se justificaría, ante los medios, la demora de una tomografía que pudo haber evitado el fallecimiento del niño. Una grabación oculta de esa discusión salió a luz en los primeros días de agosto y envolvió al sistema de salud en un escándalo con derivaciones aún abiertas.
La denuncia penal, según se anticipó, pondrá el acento en la obligación que tienen los funcionarios de denunciar, sin dilaciones, cualquier hecho que pudiera llegar a configurar un posible delito de acción pública. En este contexto, Tobío planteará que el ministro Heredia, en conocimiento de la grabación, no denunció ni promovió una investigación de las reprochables conductas que dejó traslucir esa cinta. En este punto, la presentación penal también ahondará en la exposición de figuras procesales relacionadas con el ocultamiento de pruebas.
Luciano Martínez, de 7 años, fue derivado desde Cachi al Hospital Público Materno Infantil de Salta, por un golpe que sufrió en la cabeza, mientras jugaba en el patio de la escuela albergue de Isonza, de donde era oriundo. Su cuadro justificaba una tomografía que se hizo esperar mucho más de lo razonable.
Chuchuy pide que le levanten la suspensión
El médico Federico Chuchuy se encuentra suspendido temporariamente de su cargo como neurocirujano del Hospital Público Materno Infantil, a raíz del problema que se generó en ese nosocomio tras la muerte del niño de Isonza. Por este motivo, el profesional presentó un recurso administrativo en el Ministerio de Salud Pública de Salta para que el organismo deje sin efecto la suspensión dispuesta por el ministro de esa cartera, Enrique Heredia.
“La suspensión le generó a Chuchuy un grave perjuicio en su profesión como médico, principalmente, porque el ministro de Salud, Enrique Heredia, lo suspendió alegando motivos que la Justicia comprobó que no ocurrieron, como que recibió llamados cuando estaba en guardia pasiva y no atendió, y que lo operó tarde al niño”, explicó a El Tribuno su representante legal, el abogado Ignacio Murga. Agregó que “lo que cuestionamos es que Heredia suspendió a Chuchuy cuando este es el único médico de la causa que no fue imputado por la Justicia”.
Un contundente informe del CIF
Aunque la causa abierta por presunta mala praxis aguarda el pronunciamiento de una junta médica, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó algunas observaciones concluyentes sobre la atención que Luciano Martínez recibió primero en Cachi y después en el Hospital Público Materno Infantil de Salta.
De acuerdo con el informe que emitió la facultativa Daniela Velazco, del Gabinete de Medicina Legal del Departamento de Criminalística del CIF, los médicos que revisaron al pequeño luego del accidente que sufrió en su escuela, en el paraje de Isonza, hicieron una correcta valoración de su cuadro clínico. Según el informe, la decisión de derivarlo desde Cachi hacia un hospital de mayor complejidad en la capital salteña también fue oportuna.
En lo que respecta a la atención que recibió el pequeño en el Materno Infantil, el informe tiene observaciones críticas, como la falta de registros de control de seguimiento durante siete horas (de 0 a 7).
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