La medida se dio a conocer durante los últimos días y fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, ante un pedido del fiscal penal Álvaro Garganta quien solicitó la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos. Asimismo, la magistrada dispuso que el ex gobernador “deberá notificarse” cada vez que quiera abandonar el país.

Todo se da en el marco de la causa que se le sigue por irregularidades en la contratación empresas para la obra pública y que involucra además al ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Estanislao Miller, propietario de Miller Building, la empresa beneficiaria con la licitación para la construcción de unas quince unidades de pronta atención (UPA) en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión Scioli.

Las UPA, cabe recordar, fueron financiadas a partir de un crédito tramitado por la provincia ante el Banco Interamericano y tuvieron un costo total de 189 millones de pesos. Para los investigadores la cifra resulta demasiado abultada, teniendo en cuenta que estas unidades (un nivel intermedio entre las unidades sanitarias o “salitas” y los hospitales), se fabrican a partir de módulos metálicos y otros materiales de rápido armado. Su implementación, si bien venía a descongestionar la amplia demanda asistencial en los hospitales de cabecera, fue ampliamente cuestionada ya que muchas de estas unidades no contaban con agua potable, insumos, ni la aparatología necesaria para brindar la atención primaria.

La empresa de Miller, que también se vio beneficiada con la contratación para la realización de obras en el Puerto La Plata, el Servicio Penitenciario, así como la construcción del Centro de Monitoreo de la Autopista del Buen Ayre, aparece además sospechada por irregularidades en la compra de unos terrenos al ex gobernador, aledaños a su finca “La Ñata”, también por cifras exorbitantes. Se sospecha que la transacción esconde una devolución o “regreso de fondos”, y por esto el fiscal viene de realizar una serie de allanamientos en Miller Building International SA, así como en Capanone SA, la sociedad inmobiliaria encargada de la venta y en la que Scioli tiene participación.

Por esa transacción se pagaron 3.850.000 de dólares, según se desprende de un informe que preparó la Unidad de Información Financiera a pedido del fiscal Garganta, quien le había solicitado al organismo que le diga si se había "reportado algún registro de operación sospechosa en la que haya participado o intervenido el señor Daniel Osvaldo Scioli".

El fiscal ordenó además un procedimiento en Multiespacios La Posada SA, una empresa que gerenciaba eventos dentro del predio de Villa La Ñata y que tiene los mismos dueños que Miller Building International SA. Pero la vinculación entre la ex contratista del estado y Scioli no termina allí sino que se extiende a un proyecto más ambicioso aún, se trata de “La Ñata Sporting Club”, el gimnasio y micro estadio de futsal construido en el mismo predio de La Ñata, la casa de Scioli sobre el río Luján en Tigre.

Avanzadas las investigaciones, el ex gobernador fue llamado a indagatoria el pasado 3 de mayo. Asistió, pero se negó a declarar. En esas circunstancias y con el caudal de pruebas llegó a rumorearse que el próximo paso era la prisión preventiva e incluso su desafuero como diputado de la Nación, pero esto no sucedió y finalmente la Justicia recurrió a la inhibición de los bienes por el total que, según los registros, demandó la construcción de las unidades de pronta atención.

Otras líneas de investigación que siguen tanto el fiscal Garganta como la jueza Garmendia, tienen que ver por un lado con el presunto armado de cooperativas para desvíos de fondos en el marco del programa “Soluciones YA” y por el cual se encuentra procesado el ex funcionario Eduardo Aparicio. Según la investigación se habría detectado la creación de al menos diez cooperativas con el solo fin de simular compras de materiales a una misma empresa que habría emitido facturas adulteradas.

También se investigan irregularidades en licitaciones públicas para la construcción de paradores turísticos: por esta investigación, el fiscal Garganta procesó al empresario Juan Carlos Mancinelli. Son trece en total las licitaciones públicas en la mira que habrían tenido “competencia virtual” ya que siempre terminaba siendo Mancinelli el único beneficiado.

Otros de los puntos de la investigación, atañe a la contratación de aerolíneas privadas para viajes oficiales, algo que está prohibido por la legislación provincial que establece que para tal fin los mandatarios deben utilizar la aerolínea de bandera.