El juez Julián Ercolini impuso la medida que también se aplica a todas las empresas que integran el Grupo Indalo.
El juez federal Julián Ercolini decretó ayer la inhibición general de bienes del empresario kirchnerista Cristóbal López, de su socio, Fabián de Souza, y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo.
La medida fue adoptada en la causa en la que se investiganpresuntas irregularidades en el pago de tributos y la supuesta evasión cometida con aportes previsionales durante 2015.
El planteo fue formulado por el fiscal en lo Penal EconómicoEmilio Guerberoff y alcanza a varias empresas relacionadas el año pasado con el grupo, entre ellas Oil Combustibles y la productora de contenidos para TV Ideas del Sur, según fuentes judiciales.
El fallo "dispone la inhibición general de bienes de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Souza , como así también de todas las personas jurídicas que componen el grupo 'Indalo'", es decir: Alcalis de la Patagonia S.A., Argentina Corre S.A., Consulplan S.A., CPC S.A., CV1 Concesionario Vial S.A., Desarrollo Electrónicos Informáticos S.A. (D.E.I.S.A.), DH Com S.A., Establecimiento Santa Elena S.A., Esluvial S.A., Ganadera Santa Elena S.R.L., Gestiones Tallion Arg. S.A., Ideas del Sur S.A.,IGD S.A., Imagen Radial S.A., Indalo Inversiones de Argentina S.A., Inverco del Cono Sur S.A., Inversora M&S S.A, La Salamandra S.A., M&S Consulting S.A., Oil Combustibles S.A., Oil Construcciones S.A., Oil M&S S.A., PAQARIY S.A., Parador Diez S.A, Paraná Metal S.A., Petrolera Cerro Negro S.A., Promet S.A., Radio Productora 2000 S.A., Serma S.A., South Media Investments S.A., South Mineral S.A., Urbanizadora Gea S.A., Telepiu S.A. y Votionis S.A..
CAUSA. Ambos empresarios kirchneristas habían sido citados a indagatoria por el juez Ercolini por una supuesta defraudación con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) del orden de los 8.000 millones de pesos de Oil Combustibles a laAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En ese marco, la AFIP había denunciado a López y De Sousa por presunta insolvencia fiscal fraudulenta. "El presunto delito se basaría en que se habría simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva", informó, según indica DyN, en esa ocasión el organismo que conduce Alberto Abad.
Es que, según la AFIP, Oil percibía el ITC, luego obtenía sucesivos planes de pago para refinanciar la falta de ingreso de las sumas "cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento".
Después se apuntó a "la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda". Y luego se realizaba el traspaso de las sumas retenidas por Oil en el ITC a empresas del Grupo Indalo. La maniobra se habría extendido desde 2012 hasta el 2015 inclusive, según la denuncia de la AFIP.
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