El ex gobernador Daniel Scioli, el ex ministro de Salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller fueron inhibidos por la Justicia platense por más de 189.200.000 pesos en la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de la construcción de unidades sanitarias durante la gestión del actual diputado nacional.

Así lo dispuso ayer la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, al hacer lugar a un planteo del fiscal Alvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación abierta a partir de la denuncia de Elisa Carrió, por la que Scioli y varios ex funcionarios de su administración están procesados.

Con todo, Garmendia desechó otro pedido de Garganta que apuntaba a la prohibición de salir del país para los tres imputados por la presunta adjudicación direccionada de las obras para levantar Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos del Conurbano y el interior provincial.

En el fallo, al que accedió EL DIA, Garmendia explicó que el monto de 189,2 millones de pesos fue fijado en vista “del potencial perjuicio pecuniario que los encartados han ocasionado a la administración pública provincial, como provisoriamente ha estimado el fiscal”.

En ese marco, la jueza platense menciona lo dispuesto por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el sentido de asegurar el recupero patrimonial.

En su pedido, Garganta había destacado que allí “se estableció expresamente que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto”

Garmendia, en tanto, descartó el pedido de prohibición de salir del país que había presentado en un primer momento el fiscal Garganta contra Scioli, Collia y Miller, pero al que luego desistió en una audiencia previa realizada días atrás con los abogados defensores de los tres imputados.

En esa audiencia, la Fiscalía de Estado de la Provincia anunció en tanto que no acompañaría el pedido de Garganta de inhibir bienes al ex gobernador Scioli. “No se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial”, sostuvo el Fiscal de Estado en la presentación.

ACUSACIONES

La causa investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), con la carátula de “Negociaciones incompatibles a la función pública”. Concretamente, la Justicia tiene bajo la lupa quince obras públicas por un monto total de 189.200.000 pesos

A Scioli y Collia se los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo con “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fiscal Garganta busca saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

Además, en la causa se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio para montar un emprendimiento hotelero en Villa La Ñata, Tigre, propiedad de Scioli.

En su descargo, durante indagatoria, por escrito, el actual diputado nacional de Unidad Ciudadana declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”, en referencia a la acusación de Carrió.

Al fundamentar el pedido a la jueza Garmendia, los abogados del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria sostuvieron entonces que la decisión del fiscal tiene “evidente falta de objetividad”, puesto que “no es necesario el dictado de ninguna medida de restricción que afecte a Daniel Scioli para asegurar los fines del proceso”.

En aquella oportunidad, consideraron “desproporcionada” la inhibición de bienes pedida “cuando en ningún momento de la imputación se atribuyó nuestro representado haber causado perjuicio fiscal”, dijeron los abogados defensores de Scioli.