Ayer, la Comisión Investigadora creada en el seno del Concejo Deliberante dio a conocer el informe preliminar con el detalle y las conclusiones de cada uno de los nueve hechos en los cuales se evalúa la responsabilidad política del intendente José Inza.

Es un duro documento en el que se habla de "perjuicio institucional al Municipio de Azul", "irregularidades e incumplimientos", "accionar irregular y negligente" y también que el Intendente "se ha excedido en el uso de sus atribuciones".

Ayer mismo, el informe al que tuvo acceso EL TIEMPO, fue girado al jefe comunal, quien tendrá 10 días hábiles -esto es hasta el 7 de noviembre- para responder cada punto y las preguntas concretas que le formula la Comisión.

Cabe señalar que una vez que Inza entregue su descargo, la Comisión Investigadora volverá a reunirse para evaluarlo y, en base a eso, elaborará el informe final.

A continuación, cada uno de los cargos:

- Renuencia y demora del DE en el envío de documentación requerida por el Concejo Deliberante. Este punto surgió ya que, en el transcurso de 2012, el DE no envió, en tiempo y forma, los actos administrativos (resoluciones, decretos), pese a los constantes pedidos del cuerpo. También se advirtió que el DE no habría cumplido, en principio, con la obligación legal de confeccionar el Boletín Oficial Municipal (BOM).

En relación a este tema, la Comisión Investigadora determinó que "se habrían cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus funcionarios a cargo de las áreas involucradas".

Advirtieron además que "muchas de esas irregularidades son imputables directamente al Sr. Intendente Inza, quien actuó con pleno conocimiento de dichas irregularidades y de la consecuencia de sus actos".

Según se expresa en el informe preliminar, esto queda demostrado con el hecho de que el entonces subsecretario Legal y Técnico Emanuel Barrionuevo advirtió tanto al subsecretario de Comunicación y Prensa Daniel Puga como al secretario General Sergio Cedeño "y por lógica consecuencia, al Sr. intendente Inza" que se estaba incumpliendo con la normativa vigente. "A pesar de las claras advertencias, el Sr. Intendente igual soslayó la indicación y continuó incumpliendo con la obligación legal de dar publicidad a los actos de gobierno".

De las declaraciones testimoniales brindadas especialmente por algunos funcionarios, se desprende el desconocimiento sobre la obligación a dar publicidad a los actos, como así también de las funciones de las áreas a su cargo.

Siguiendo con la publicidad de los actos de gobierno, la normativa exige que el Intendente ordene confeccionar el BOM en el que deberán publicarse las Ordenanzas del Concejo, Decretos y Resoluciones. Debe hacerlo como mínimo una vez por mes. Además, debe ponerse en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad, en lugares de acceso público y en la página Web oficial.

"Así se observan cuatro incumplimientos concretos a la normativa vigente imputables al Sr. Intendente Municipal José Manuel Inza quien actuó (y aún actúa) con pleno conocimiento de los mismos y sus consecuencias".

Además de esos incumplimientos, como titular del Departamento Ejecutivo a Inza le caben otros dos deberes implícitos en su competencia, como son el control del cumplimiento de la legislación vigente y el control de la efectiva realización de las tareas establecidas por las leyes.

Concluyen en este punto que "las irregularidades e incumplimientos mencionados han producido un perjuicio institucional al Municipio de Azul" y que con la resistencia y demora del DE en el envío de documentación requerida, se pretendió eludir la intervención del Concejo.

- El modo de registrar los actos administrativos dictados por el DE durante 2012 y 2013. Este punto fue analizado por la Comisión por advertir un sinnúmero de irregularidades, como la anulación de folios del Registro de Decretos de puño y letra por autor desconocido, anulación de Decretos sin numerar que luego aparecen correctamente dictados en folios subsiguientes, falta de correlatividad, falta de motivación y falta de referencia a los fundamentos.

Luego de la investigación, determinaron que, en principio, está acreditado que hubo "un accionar irregular y negligente" del Departamento Ejecutivo durante más de 20 meses.

- Modo, criterio, justificación y acreditación para la liquidación y el abono de "Horas Extras" a agentes municipales durante 2012 y 2013. Al estudiar la documentación que el DE elevó al CD, verificaron una significativa cantidad de irregularidades relacionadas a este tema, lo que implicaría un "incorrecto, indebido e ilegal detraimiento de fondos públicos municipales".

Al tomar testimonio, la Comisión verificó la falta de un sistema o procedimiento común o unificado aplicable a todas las áreas municipales. Por el contrario, las distintas Secretarías -incluso distintas Direcciones de una misma Secretaría- poseen distintos métodos para justificar, acreditar y otorgar horas extras a su personal.

Advirtieron que si bien en un momento se restringió el otorgamiento de horas extras "la tarea de control se volvió a relajar continuándose e incluso agravándose situaciones de injusticia".

Por esto, determinaron que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al intendente Inza y a sus dependientes".

- Dictado de diez decretos entre los años 2011, 2012 y 2013. A través de estos actos administrativos firmados por el Intendente Inza y los entonces secretarios Héctor Bolpe y Néstor Requelme, se determinaron las remuneraciones mensuales que percibirían algunos funcionarios de la planta política del Departamento Ejecutivo (Mauro Grandicelli, Emanuel Barrionuevo, Daniel Puga, Laura Kolman -en dos oportunidades-, Diego Evangelista, Lucio Egyptien, Marcelo Carrizo, Olga Pomphile, Sebastián Cañibano), superiores a las aprobadas por el Concejo (sobresueldos) y en contraposición a lo que marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, esos decretos carecen de fundamento alguno.

"Las remuneraciones mensuales indebidamente percibidas por los funcionarios habrían implicado un incorrecto, indebido e ilegal detraimiento de fondos públicos municipales", sostienen en el informe.

Asimismo, advierten que las manifestaciones públicas realizadas por Intendente, el secretario de Gobierno y el entonces subsecretario Legal y Técnico por medios locales (radio y televisión), "lejos de clarificarla han contribuido a confirmar las irregularidades señaladas".

En este aspecto, luego de la investigación determinaron que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus dependientes".

Advirtieron que los decretos no fueron elevados para consideración del Concejo Deliberante; que fueron observados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por no contar con la Ordenanza convalidatoria; que carecen de motivación; y que los decretos emitidos para derogarlos o dejarlos sin efecto, también carecen de la debida motivación.

- Sumario Administrativo por la tercerización del cobro de tasas a favor de la empresa TIP S.A. Cuando en noviembre del año pasado el intendente Inza fue interpelado por primera vez, informó que se había iniciado una instrucción sumarial para deslindar responsabilidades en este tema, aunque en ese momento el jefe comunal no recordaba el número de expediente.

Luego, el 20 de diciembre se informó que los instructores sumariantes eran Mauro Grandicelli y Eduardo Suárez y que se investigaba lo actuado por Néstor Requelme, Emanuel Barrionuevo, Lucio Egyptien, Claudio Santillán, Belén Duba y Gustavo Fittipaldi. Más allá de esto, no hubo información respecto del avance de la instrucción.

Luego de tomar testimonios y pedir documentación en distintos estamentos, la Comisión llegó a la conclusión que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus dependientes".

También, establecieron que el 30 de junio de 2013 el Intendente, a partir de un dictamen elaborado por Grandicelli, dictó un decreto por medio del cual dispuso "suspender la sustanciación de las actuaciones hasta que la justicia ordinaria se pronuncie al respecto".

No obstante, el otro sumariante, Eduardo Suárez, solicitó continuar con las tareas de instrucción del respectivo sumario.

En el informe, hacen toda una descripción de las normas vigentes y concluyen que "por incumplimiento de la normativa aplicable en la materia, la falta de sustanciación del sumario constituiría una falta grave, por omisión del Sr. Intendente Municipal en el cumplimiento de sus funciones".

- Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la redeterminación de valores de servicios de recolección y barrido de Transporte Malvinas. El Ejecutivo emitió en mayo un decreto actualizando los valores y el 19 de junio liberó la orden de pago. Sin embargo, ese decreto no fue convalidado aún por el Concejo, a donde el expediente ingresó recién el 6 de agosto. Además de estas cuestiones, advirtieron que habría superposición y/o duplicación de pagos efectuados.

Es por esto que, marcaron que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus dependientes".

Luego analizar la documentación y, especialmente, la declaración testimonial de la

contadora General Adriana Mariela Guedes, establecieron que "en principio, el Sr. Intendente Municipal se ha excedido en el uso de sus atribuciones".

Al igual que en otros cargos, "se ha pretendido eludir la intervención de este Concejo Deliberante, toda vez que se efectivizó el pago cuando correspondía autorización de este Concejo".

Además, verificaron nuevos servicios (Barrido mecanizado) sin la debida licitación previa.

- Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la licitación de obra de la red cloacal en Villa Piazza Norte - Korvial S.R.L. Del estudio del expediente elevado por el Ejecutivo al Concejo, se advirtieron también una serie de irregularidades. Una de ellas tiene que ver con la forma de anulación de la primera licitación. En este sentido, se explicó que se la declaró desierta cuando en realidad fue nula por un error administrativo. Otra, con que la segunda licitación se adjudicó a la única oferta y, por lo tanto, debió elevarse al Concejo para su aprobación, paso que no se cumplió. Asimismo, encontraron una contemporaneidad en la realización de todos los actos administrativos. Si bien estas cosas fueron observadas por la Contadora General el Sr. Intendente liberó el anticipo financiero. Otra de las irregularidades tiene que ver con el Plan de Seguridad presentado por la empresa, en el que no consta el cumplimiento de inspecciones municipales. A su vez, constataron que dentro del personal afectado a la obra no figuran ni Alfredo Alejandro Carrizo ni Héctor Osvaldo Chanquía, los dos obreros fallecidos en el accidente ocurrido el 8 de agosto pasado mientras trabajaban en esa obra.

Luego de analizar la documentación como las declaraciones testimoniales de funcionarios políticos, establecieron, en principio, que "el proceso licitatorio por el cual se le adjudicó a la firma Korvial SRL, incumplió con la normativa vigente".

También, "se ha podido establecer una llamativa celeridad en el trámite de las actuaciones que -entre otras cuestiones- le impidieron a la Contadora General ejercer sus atribuciones de control del proceso".

Además, que no pasó por el Concejo cuando se trató de una única oferta; que según lo indicaron funcionarios del DE los trabajos comenzaron sin el correspondiente Libro de Órdenes y Servicios; que hubo falta de sujeción a las condiciones y reglas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación así como una relajación en el control del Plan de Seguridad de la obra.

- Sumario Administrativo por la denuncia formulado por las periodistas María Angélica Gómez y Patricia Toscani. Según se desprende del informe, "se ha advertido que el Departamento Ejecutivo ha incumplido" con lo encomendado por el Concejo encomendándole al Intendente que designe un instructor para iniciar sumario por este tema, ya que las empleadas se consideraron víctimas de violencia laboral por parte de sus superiores jerárquicos Daniel Puga y Agustín Casares.

En este punto también, la Comisión entendió que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus dependientes".

Por los hechos denunciados, entienden que debe aplicarse la Ley Provincial de Violencia Laboral, teniendo en consideración la gravedad de los hechos denunciados, la verosimilitud que, en principio, tienen los dichos e informe de las periodistas.

En lo que hace específicamente al sumario administrativo, sostuvieron que "contrariamente a lo esperado, como consecuencia de la investigación realizada por esta Comisión, en fecha reciente y a partir de las declaraciones testimoniales brindadas por funcionarios del DE y, especialmente por el ex Coordinador de Asuntos Legales Dr. Paolo Lamoure, se ha podido establecer que el Sr. Intendente no ha cumplido con toda la normativa".

- Indebida entrega de la base de datos municipal a representantes de la firma TIP S.A. y falta de acciones y/o medidas para recuperarla. Este cargo no estaba entre los ocho que motivaron la conformación de la Comisión. Sin embargo, ésta tiene atribuciones para añadirlo.

Cuando el 2 de octubre se presentó el director de Sistemas de Información del municipio Diego Evangelista, al ser interrogado si se le había requerido por parte de firma "TIP SA" la base de datos municipal, contestó que sí, "aclarando que con posterioridad no había realizado acción o medida alguna tendiente a recuperarla".

A partir de esa declaración, desde la Comisión decidieron remitir copia a la UFI N° 6, donde se tramita la denuncia que por la licitación hicieron concejales en noviembre del año pasado, para que se investigue "la probable comisión de delito en perjuicio de los intereses de la Municipalidad del Partido de Azul e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos tanto por aquellos que suministraron la base de datos como así también de los funcionarios que ante tales circunstancias no impulsaron acciones para su recuperación".

Los elementos reunidos por la Comisión permitieron inferir que "se han cometido diversas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente imputable al Sr. Intendente Municipal Dr. José Manuel Inza y a sus dependientes".

"Diego Evangelista habría infringido la clara normativa referida a la Seguridad de los datos", señalaron, como así también que se trasgredió "la normativa en lo que respecta a la Cesión de datos".