Nuevamente una serie de expedientes elevados por la actual gestión municipal está bajo la lupa de una parte del Concejo Deliberante. Los concejales del interbloque Frente Amplio UNEN hicieron una presentación ante el presidente del Tribunal de Cuentas, Norberto Caruso, informándole distintas irregularidades que presentan ocho expedientes municipales relacionados con adjudicaciones y pago de servicios.

La nota enviada al funcionario está firmada por Maya Vena, Claudio Molina, José Cordeviola, Nancy Elichiri, Juan Sáenz, Erica Torena y Rubén Laddaga.

“Nos dirigimos a usted a fin de informar la situación irregular de algunos expedientes que se encuentran para tratamiento de este cuerpo. Si bien algunos de ellos han tenido despacho de las comisiones a los que fueron girados, no se han obtenido los consensos necesarios a fin de ponerlos en tratamiento en el Concejo Deliberante. Por ello, realizamos un informe de los mismos para su conocimiento”, dice textualmente la presentación que efectivizaron el viernes al mediodía.

Los expedientes en cuestión fueron firmados por el intendente Inza y las empresas Korvial SRL y Transporte Malvinas.

En lo que hace a la primera de las empresas, las irregularidades tienen que ver con la adjudicación de obras sin tener la autorización del Concejo, tal como exige la legislación vigente. Y en lo referente al pago de servicios, es en su mayoría por reconocimiento de deudas que tampoco pasaron por el legislativo local.

La concejal Maya Vena, que estudió en profundidad cada uno de los expedientes,  indicó al hablar con este diario que “por las diferentes irregularidades que presentan, no pueden ser convalidados por el Concejo Deliberante”.

Las cloacas en Villa Piazza Norte  

El primer expediente observado por los concejales se relaciona con la adjudicación de la obra de cloacas en el barrio Villa Piazza Norte. A través del expediente Nº 323/2013 el Intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para que el legislativo convalide un decreto -el 1775 del año 2013- dictado por el propio Departamento Ejecutivo adjudicando esa obra.

Según se desprende de la documentación con la que cuentan los ediles, hubo dos licitaciones. Fue en la segunda -la licitación Nº 4 de 2013- que se adjudicó.

Y es en este punto donde detectaron una seria irregularidad, ya que se adjudicó la obra a una única oferta -Korvial SRL- sin haber elevado previamente la documentación al Concejo para que la apruebe.

“Se ha incumplido la Ley Orgánica de Municipalidades en la segunda licitación”, advirtieron los concejales en la nota enviada al presidente del TC.

Es que la LOM establece textualmente en su artículo 155º que “si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo”.

Y esto no sucedió. El Intendente no elevó la documentación al legislativo local. Es más, no lo hizo pese a que la contadora General, Adriana Guedes, observó las actuaciones y le advirtió al respecto.

Como dato para no olvidar, en esta obra fue en la que mientras trabajaron fallecieron en agosto del año pasado Alfredo Carrizo y Héctor Chanquía.

Canales aliviadores en dos puentes 

Igual situación se da con otro expediente elevado por Inza para que el Concejo convalidase el decreto -esta vez el 1877 del año 2013- mediante el cual adjudicó también a la firma Korvial SRL la obra de canales aliviadores en los puentes San Benito y San Martín.

Ese decreto ingresó al legislativo local el 11 de noviembre de 2013 y actualmente se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte.

De acuerdo a lo que expusieron los concejales al TC, a la licitación se presentó una única oferta -con un monto de obra de 2.804.180,99 pesos- y no fue elevada al cuerpo para su autorización.

En este punto también advirtieron que de acuerdo a la LOM “no se debió adjudicar la obra sin previa autorización del Concejo Deliberante por tratarse de una licitación pública con una única oferta”.

Desagües pluviales y un puente peatonal   

Otra adjudicación a Korvial SRL y otra omisión de elevar la documentación al Concejo Deliberante para que la estudie y autorice o no.

Se trata de la obra de desagües pluviales del barrio El Sol y la ampliación del puente peatonal del Ejército que fue adjudicada a esa empresa.

Los concejales del FA UNEN observaron que el 11 de noviembre de 2013 Inza elevó al Concejo las actuaciones para que el cuerpo convalidase el decreto mediante el cual adjudicó esa obra por 2.297.138,53 pesos.

Aunque parezca repetitivo, lo real es que nuevamente hubo una sola oferta -la de Korvial- y otra vez no fue elevada al Concejo para su autorización, incumpliendo -una vez más- el artículo 155 de la LOM.

Resumiendo, en los tres casos el intendente Inza adjudicó las distintas obras y luego elevó al Concejo los decretos para que se convaliden las adjudicaciones. El paso que obvió -contrariamente a lo que exige la legislación vigente- fue el de elevar previamente la documentación de las ofertas al Concejo para obtener su autorización, requisito obligado para poder adjudicar cualquier obra o servicio.

Prórroga para el barrido de calles    

Los concejales también observaron, y ya pusieron en conocimiento del TC, el acta acuerdo que en 2012 firmaron el Intendente y la empresa Transporte Malvinas SRL, mediante el cual prorrogó el servicio de barrido manual de calles.

En este punto, advirtieron que el artículo 232º de la LOM establece que se pueden prorrogar servicios, pero para hacerlo se debe declarar la emergencia. El acta acuerdo que firmaron las partes no hace mención en ninguno de sus párrafos a situación de emergencia alguna.

Pero ese es sólo uno de los aspectos marcados como irregular. Otro, se relaciona con las fechas de las firmas y los reconocimientos de deuda.

Sucede que el vencimiento del servicio de barrido manual de calles se produjo el 31 de diciembre de 2011 y la firma del nuevo acta acuerdo es de enero de 2013. En el medio, quedó todo el 2012. Allí, los ediles advirtieron que en el Concejo no existe ningún expediente por reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, como así tampoco ningún trámite de pago, por esto entienden que los pagos durante 2012 “se hicieron mediante Insistencias del Sr. Intendente”, esto es, por expresa orden de Inza aún ante las observaciones de la Contaduría General por la falta del acto administrativo que respaldase el pago.

“Para la prórroga de un contrato, debe realizarse el acto administrativo correspondiente en los mismos términos que el contrato original y en el cual se fije el plazo de la misma, hechos que no constan en el expediente de referencia”, marcaron.

Además, en el acta acuerdo no se dejó expresado que se incorporarían nuevos servicios, como fue el de barrido mecánico -por este tema también existen objeciones de parte de los ediles-.

Un barrido mecánico gratis, pero no tanto    

Yendo justamente al tema del barrido mecánico, en la nota enviada al presidente del TC, desde el FA UNEN pusieron el ojo en el proyecto de ordenanza que elevó Inza para que se convalide otro acta acuerdo, esta vez también con la empresa Transporte Malvinas SRL para la prórroga de contratación del barrido de calles y recolección desde el 01 de enero de 2013 hasta el 30 de junio de 2013.

En el artículo 5º de esa acta se establece que la empresa incorpora el servicio de barrido mecánico “a su exclusivo costo”, es decir que la comuna no tendría que pagar por él.

Sin embargo, en un tramo del expediente se encuentra el proyecto de Ordenanza que establece valores por dos servicios: barrido manual y barrido mecánico.

Otra cuestión más en referencia a este tema: la firma del acta acuerdo fue el 1 de febrero de 2013 y la remisión del mismo al Concejo Deliberante  fue el 15 de septiembre de 2014. Nada más y nada menos que un año y siete meses y medio después.

RECONOCIMIENTO DE DEUDAS A TRANSPORTE MALVINAS

Hay otros tres expedientes observados desde el FA UNEN que se relacionan con el reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores.

Acá cabe marcar que el Reglamento de Contabilidad, en su artículo 140º, establece textualmente que “el Departamento Ejecutivo no podrá reconocer deudas de ejercicios anteriores no registradas en la contabilidad municipal, sin previa comprobación -hecha en expediente especial- de la legitimidad del derecho invocado por el acreedor. Cumplido este paso, para abonar la deuda deberá requerir y obtener autorización del Concejo”.

En este marco, analizaron el expediente T 82/13 por el cual Transporte Malvinas remitió una nota solicitando se reconozca la asignación extraordinaria de “Paz social”.

El que inicia el expediente es el Ejecutivo municipal el 7 de marzo de 2013. Un año después, sale el decreto del Intendente reconociendo la asignación y, en el mismo, reconoce también la deuda de 2013 que asciende a 128.153,20 pesos.

En el expediente figura consta un dictamen del por entonces subsecretario Legal y Técnico del municipio, Emanuel Barrionuevo, asesorando al Intendente que es el Concejo Deliberante el que debe autorizar un reconocimiento de deuda del ejercicio anterior, “hecho que no sucedió”, por lo que los concejales entendieron que “se ha incurrido en el incumplimiento del artículo 140º del Reglamento de Contabilidad”.

El expediente T 211/13 también es de la empresa Transporte Malvinas para actualizar los valores unitarios del servicio de barrido y limpieza de calles durante algunos meses de 2013. La documentación fue elevada al Concejo Deliberante para su autorización un año y tres meses después de iniciado el expediente. En el medio, quedaron también esos meses del año pasado.

Situación similar sucede con el expediente S 2392/14, iniciado el 1 de julio de 2014 por el secretario de Economía y Finanzas, ante el pedido de la empresa de Transporte Malvinas de redeterminación de valores correspondientes al contrato de recolección de residuos domiciliarios.

El expediente ingresó al Concejo el 15 de septiembre de 2014 y en el mismo se incluye un decreto mediante el cual se reconoce a la empresa la suma de 109.066,52 pesos en concepto de diferencia de facturación por los meses de noviembre y diciembre de 2013.

En junio de 2014, Mujica elevó actuaciones a la contadora General para que se registre contablemente la deuda y se pague.  La Contadora General realizó un informe señalando las deficiencias administrativas del procedimiento y observó el pago.

“Es de entendimiento de este grupo de concejales que las deudas que el municipio tenga de ejercicios pasados deben ser elevadas anteriormente a ser abonadas para autorización de este cuerpo”, remarcaron los concejales al presidente del TC.