Bernad ya había dicho que la grave situación por la que atraviesa Orán justifica la búsqueda de alternativas en actividades irregulares como el bagayeo o el contrabando, o directamente delictivas, como el narcotráfico. “En este caso son explotados por gente de otras provincias que los utilizan para pasar droga o mercadería ilegal por muy pocos pesos”, aseveró.

La muerte de un joven bagayero en un enfrentamiento con gendarmes puso en evidencia la problemática surgida a partir de las graves consecuencias sociales provocadas por el desempleo y la pobreza de la zona. Un choque anterior con gendarmes de rehenes, había preanunciado que el conflicto podría tener secuelas aún más graves, como finalmente ocurrió.

El crimen de Daniel Alvarez, el chico de 17 años que fue ejecutado de tres disparos en la tarde del pasado lunes, parece haber sido la gota que rebalsó el vaso. Cansados de la repetición de hechos que ocupan las páginas policiales, un grupo de vecinos autoconvocados de Orán organizaron para hoy, a partir de las 21, en la plaza San Martín, una manifestación de protesta por la situación de inseguridad insostenible que se vive en la ciudad.

En un comunicado dado a conocer ayer, con más de 200 firmas, los vecinos sostienen que “esta situación criminal afecta la integridad y la seguridad de las personas, los domicilios particulares, sus negocios y lugares de trabajo, con repercusión en las escuelas y todo el espectro social”.

A juicio de los componentes de las fuerzas vivas, “la indiferencia puede convertirse en complicidad y por ese motivo hay que ser protagonistas y demostrar que si una comunidad está organizada, todo es posible, y también lo será la lucha contra el delito”.

La violencia

En Orán se suceden casi a diario casos de violencia de todo tipo, que mantienen sumida a la ciudad en una espiral de caos e inseguridad que desborda el accionar de las fuerzas de seguridad. La muerte de un joven bagayero de 20 años, en un enfrentamiento con Gendarmes, tras un operativo de control en una ruta secundaria, fue quizá el hecho más grave en una serie de acontecimientos que incluyen violencia escolar y familiar, robos reiterados y enfrentamientos entre patotas. A eso se suman denuncias contra la violencia policial ejercida en los operativos de seguridad que pretenden limitar una ola de delitos que parece estar fuera de control.

En medio de ese mapa de inseguridad, emerge como causante de muchos de los problemas el drama del narcotráfico y el consumo de drogas entre los más jóvenes.

Gravísima denuncia

La protesta de los vecinos coincide con polémicas declaraciones realizadas esta semana en Radio Salta por los diputados oranenses Marcelo Astún, del oficialismo, y Marcelo Bernad, de la oposición, quienes señalaron al intendente Marcelo Lara Gross de ser responsable del narcotráfico en la zona. En diálogo con el periodista Daniel Murillo, Astún denunció que el predio que ocupa la playa de camiones en esa ciudad sería utilizado para descargar drogas que provienen desde Bolivia, simuladas entre bultos de mercaderías de contrabando. Ante esto, el intendente Marcelo Lara Gross admitió que en el lugar se descargan objetos de contrabando, aunque rechazó la denuncia de que la playa sea utilizada para el narcotráfico. Asimismo, Lara Gross negó que el predio sea alquilado por un testaferro suyo, como denunció el semanario Cuarto Poder, desde donde también se dijo que el inquilino de la playa percibe 12.500 pesos diarios.

Por su parte, el diputado Marcelo Bernad ratificó la denuncia que hizo Astún sobre el uso de una playa de transferencia alquilada por la comuna oranense para cargar vehículos con drogas que parten para el resto del país. “No es nada del otro mundo lo que denunció Astún”, manifestó el diputado Bernad.

Bernad estimó que el 50 por ciento de los pobladores de Orán se quieren ir de la ciudad por el estado de inseguridad en la que se vive. En ese sentido, el diputado se refirió también a los constantes enfrentamientos entre patotas que ocurren en la ciudad norteña, que el lunes, por ejemplo, se cobraron la vida de un joven.

Impotencia de los padres del chico muerto

Daniel Alvarez tenía 17 años y era el hijo número 17 de una familia prolífica de la ciudad Orán. Vivía con sus padres en una casa que alquilan desde hace seis meses en la esquina de los pasajes Norte y Sargento Cabra del barrio Madereros. Luis y Mirta Teresa Alvarez forman parte de esa categoría de pobres estructurales históricos que jamás han podido hacer realidad el sueño de la casa propia. Cuando ya sentían que estaban concluyendo con la sacrificada tarea de criar a tantos hijos, el matrimonio recibió el lunes a la tarde la dolorosa noticia de que el menor había sido asesinado a sangre fría en la vía pública.

En sus rostros se observaba la imagen de dos personas destrozadas que no alcanzan a comprender por qué la vida los sigue golpeando con tanta dureza. Fuera de la vivienda donde velaron a Daniel no había autos ni camionetas, pero sí muchas bicicletas y algunas motos de baja cilindrada, lo que graficaba que el muerto era un habitante de un barrio con necesidades básicas insastifechas.

Los restos de Daniel Alvarez fueron inhumados ayer a la tarde en el cementerio local en medio de un clima de profunda congoja de familiares, amigos y vecinos. En el trayecto se escucharon voces de reclamo de justicia y de seguridad de parte de los vecinos que se sienten tan impotentes como los padres del chico por la sensación de desprotección que viven a diario.

El adolescente había salido a la mañana a jugar a la pelota y pasado el mediodía se fue a saludar a una amiga que cumplía años en el barrio 20 de Febrero; allí lo mataron a balazos. “No tengo palabras para expresar el dolor que siento y me cuesta creer que hoy esté velando a mi hijo”, expresó a El Tribuno Luis Alvarez. El hombre manifestó que se sentía impotente y que jamás pensó que tendría que despedir a un hijo, sobre todo como resultado de una situación tan desgraciada. Habló del esfuerzo que significó para él y su esposa criar a 17 hijos, once mujeres y seis varones. “A Daniel le gustaba salir con sus amigos, pero con mis hijos mayores lo controlábamos para evitar que se meta en líos”, contó el hombre.

Respecto al incidente del lunes, Alvarez padre sostuvo que no sabía nada de los pormenores del incidente que concluyó con el asesinato de su hijo. “Solo sé que un chico se bajó de una moto y le disparó sin darle tiempo a que se defendiera”, dijo.

En medio de un incontenible llanto, su esposa Mirta expresó que Daniel era una persona muy querida y reclamó que se haga justicia con quienes le quitaron la vida. “Estaba muy entusiasmado porque dentro de poco iba a ser papá y pensaba formar una familia con su novia”, dijo. Según la mujer, a su hijo lo mataron a traición, ya que lo atacaron cuando estaba por abordar la bicicleta para retornar a casa.

Rafael Alvarez, hermano mayor de la víctima, sostuvo que él lo cuidaba mucho y “me duele que lo hayan matado de la manera que me contaron”. Agregó que esperan que “la Justicia proceda como corresponde con quienes le quitaron la vida a Daniel”.

Acusan al intendente Llaya de detener a opositores

Continúan las detenciones a opositores políticos y críticos de la gestión del intendente de Embarcación Alfredo Llaya; en tanto, se mantiene la privación de la libertad de las 13 personas detenidas por los incidentes del miércoles pasados en la ciudad norteña.

Ayer a la mañana la policía detuvo a María Zambrano, dirigente del grupo de desocupados, acusada de haber sido otra de las instigadoras de los ataques a la Municipalidad y a un supermercado de propiedad del jefe comunal.

Zambrano fue incluida en la misma causa que se le sigue al dirigente Jorge René Moya, quien fue alojado en la comisaría del pueblo de General Ballivián, y al que se le impide cualquier contacto con sus familiares.

Luego de permanecer seis días en carácter de incomunicado, recién ayer pudo tener contacto con el abogado Humberto Flores, quien presentó un pedido de excarcelación ante la Justicia de Tartagal.

Zambrano fue detenida en el local de la seccional Uatre, donde los desocupados se reúnen, lo que produjo profundo malestar en el sector.

Voceros del grupo dijeron que para detenerla la policía utilizó la misma metodología que usaron para capturar a Moya, el miércoles pasado.

“A mi hijo lo llamó el jefe de la dependencia, de apellido Castelli, con el argumento de que quería conversar y cuando fue al encuentro apareció un grupo de uniformados y lo condujo a la comisaría”, contó Fanny Palacios. En el caso de Zambrano, le pidieron que los acompañe hasta la dependencia para que declare como testigo, pero cuando ingresó al edificio le comunicaron que tenían orden de detención.

Protesta y marcha

Esto exacerbó más aún los ánimos de los desocupados y de los familiares de los 13 detenidos, doce de los cuales están alojados en el destacamento del pueblo de Padre Lozano.

Por ese motivo convocaron para hoy, a las 18.30, a un cabildo abierto en la plaza principal para debatir la grave situación que se está viviendo en el pueblo.

“Creo que detrás de esto se está ocultando un persecución encubierta de personas que están enfrentadas con el intendente Llaya y un claro ejemplo de esto es lo que está sucediendo con Jorge Moya”, expresó el delegado de Uatre, Sebastián Cáceres.

Cáceres sostuvo que “al margen de mi función como dirigente gremial, yo estoy preocupado como vecino por todo lo que está sucediendo y por eso vamos a apoyar el acto de mañana (por hoy)”.

El delegado gremial dijo que la oportunidad será propicia para que las madres y esposas de los detenidos puedan expresarse.

Apuntó que lo llamativo del caso es que todos los imputados por los incidentes del miércoles hayan sido llevados a otras jurisdicciones, lo que impide que puedan mantener contactos con sus familiares.

“La detención de Zambrano es por de más llamativa, ya que la llevaron con engaño a la policía y quedó presa”, advirtió.

Todos contra el intendente

Los familiares de Moya aguardan para hoy una respuesta del pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor.

Allegados a la investigación dejaron entrever que por el momento no hay posibilidades de que el dirigente obtenga su libertad hasta tanto no se logre la captura de otras personas acusadas de los disturbios.

Moya está acusado de instigación a la violencia, daños y lesiones y la misma carátula se aplicaría a María Zambrano.

Todos apuntan al intendente Llaya como la persona que está influyendo para que los detenidos permanezcan privados de su libertad.

“Lo curioso de todo esto es que la investigación está orientada para un solo lado y nada se está haciendo en torno del atentado contra el negocio de mi hijo que fue atacado a tiros en la madrugada del jueves”, señaló Fanny Palacios, madre de Moya, dirigente del PJ, opositor de Llaya.

La mujer reclamó enfáticamente la libertad de su hijo y que se investigue el atentando de marras.

“Sabemos que los disparos los hicieron desde una camioneta blanca que estacionó frente al negocio”, dijo.