La mañana del 12 de enero de 2000 los tucumanos se enteraron de que un colectivo que había partido de la provincia con destino a Camboriú había volcado en la entrada a la ciudad, y había sido arrollado por otro, brasilero, que circulaba en sentido contrario. 40 personas murieron.

El chofer del micro, Víctor Hugo Jaime, acusado de conducir a una velocidad excesiva, fue condenado a ocho años de prisión. La compañía aseguradora ofreció en aquella oportunidad $5.000 a los familiares de cada víctima, pero la propuesta fue rechazada. En 2002 se iniciaron acciones individuales y una colectiva en la Justicia contra la empresa.

El juez Daniel Bejas, sin embargo, falló en contra de los familiares. Ayer, según anticipó el periodista Ángel Suárez, en “Una mañana de diez” por Radio 10, la Cámara Federal de Tucumán revocó el fallo de primera instancia y ordenó a la Nación a indemnizar a los familiares de las víctimas.