En las horas posteriores al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner quedó dañado el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. Fue uno de los grandes escándalos de la investigación judicial por volver prácticamente inservible una prueba que podría dar pistas acerca de quién había estado detrás. A un año y medio del intento de magnicidio, la jueza María Servini decidió llamar a indagatoria como posibles responsables a un cabo de la Policía Federal y a dos integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que participaron en los intentos de extracción de información del aparato, que terminó reseteado de fábrica. 

Según la resolución de Servini hay suficiente "grado de sospecha" como para convocarlos a declaración indagatoria, aunque el fiscal Ramiro González había pedido el archivo del caso. En rigor, la investigación original fue del fallecido fiscal Federico Delgado, quien reconstruyó el increíble recorrido del celular del asesino fallido. El cabo Alejandro Heredia, del departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal (PFA), fue citado para el próximo martes 26 a la mañana, mientras que la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan, del Departamento Técnico de Criminalística de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), deberán presentarse al día siguiente. 

La Federal y el juzgado

La noche del atentado, el 1 de septiembre de 2022, Sabag Montiel fue atrapado por dos militantes que lo entregaron a la policía. El hombre que había intentado matar a Cristina se quejaba ante los agentes de que lo habían agredido. "No hice nada", decía, y se señalaba un golpe en la cara. Todavía había confusión y los efectivos lo subieron a una camioneta policial sin esposas y dejaron el celular en su poder. Según ellos, el teléfono estaba apagado. Lo trataban como un damnificado. Pasaron varias horas hasta que se produjo la detención, después que llegó el jefe de la custodia de CFK, Diego Carbone, y advirtió --tras correrle la capucha-- que el hombre que estaba sentado en el vehículo era el mismo que había visto en videos que circulaban por las redes empuñando el arma a centímetros de a exvicepresidenta. 

Sabag Montiel fue ubicado debajo de un gazebo blanco donde quedó en calzoncillos y le sacaron todo lo que llevaba encima: tarjeta Sube, anillos, llaves, cadenitas, auriculares, 28 pesos en monedas, un cargador, un barbijo celeste, según el acta policial. A las 00.23 le secuestraron el celular, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes), según esa misma constancia, que decía que estaba apagado. Un testigo, Juan Ramón Meza, sin embargo, dijo que estaba encendido. 

Habían pasado más de tres horas desde el ataque cuando comenzó la cadena de custodia del aparato, que fue colocado dentro de un sobre de papel madera y éste en otro llamado Faraday, que bloquea señales. Llegó en un auto policial desde la escena del hecho a metros del edificio donde entonces vivía la dos veces presidenta hasta el juzgado de María Eugenia Capuchetti, que estaba de turno, a las 2.49. La magistrada pidió que fuera cuanto antes algún especialista de la Federal para hacer la descarga del contenido del teléfono. Se presentó el cabo Heredia, que llevó un dispositivo “UFED” (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite. En realidad los agentes que suelen utilizarlo pertenecen a otra dependencia, la Superintendencia Federal de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Heredia mismo declaró como testigo que encendió el celular sin enchufarlo y vio que requería un patrón de acceso. Al instante se apagó porque no tenía batería. Luego lo conectó a un enchufe en la pared. Primero extrajo datos de la tarjeta SIM y de la de memoria. Ahí se encontraron algunas de las fotos de Sabag Montiel y su entonces novia, Brenda Uliarte, ambos presos, empuñando un arma. Luego, cuando quiso aplicar el sistema de extracción del contenido del dispositivo le aparecía en la computadora un cartel de "error de extracción". Lo intentó "dos o tres veces" pero volvía la misma frase. Canceló la operación, desenchufó el Samsung y dijo que quedó apagado. Lo entregó a un secretario del juzgado, que lo guardó en la caja fuerte. 

La jueza primero pensó en esperar a la indagatoria de Sabag Montiel para que diera el patrón para poder acceder al teléfono, lo que podía ser improbable. El celular quedó en el despacho hasta la noche del 3 de septiembre y no se sabe qué pasó en ese lapso. 

Sobre abierto y celular reseteado

El juzgado supo en el transcurso del día que la PSA tenía un sistema más actualizado y personal especializado. La jueza decidió mandar el teléfono al laboratorio de esa fuerza. El secretario declaró que le pidió a una empleada que labre el oficio para eso y le dio el sobre. La mujer lo abrió delante de otros y el celular estaba encendido con la leyenda “Samsung Galaxy A 50”. Ya era de noche, cerca de las 23, cuando se lo entregaron a la custodia del juzgado, Priscila Santillán, que fue manejando su auto hasta Ezeiza, donde está la sede de la PSA, dentro del Instituto de Formación de la Fuerza Aérea. En el camino dejó a un secretario en su casa y siguió sola. En la PSA, en rigor, esperaban a la jueza, pero se llevaron la sorpresa de recibir a la custodia que le entregó a Kaplan un sobre abierto y adentro el celular encendido. 

La PSA informó que en la pantalla se leía "Samsung Galaxy A50-Warning: CMDLINE Parameter” y que no iniciaba en forma correcta. Intentaron usar distintas herramientas para salir de esa leyenda y el aparato terminó reseteado de fábrica. Cuando declararon como testigos Kaplan y Seren describieron el estado irregular en el que habían recibido el celular y sin información sobre lo que se había hecho con anterioridad. Seren dijo que estaba deteriorado el "pin de carga" pero que también parecía haber un "daño o modificación" del software. 

Después de este episodio, la jueza le dio intervención a Gendarmería para establecer qué había ocurrido. Esa fuerza determinó que el reseteo se produjo a las 00.19 del 3 de septiembre. Ya había sido reseteado en 2020, lo que lo hacía "vulnerable a una posible manipulación". Samsung Argentina informó que "no era posible dar certeza de cómo habría sido la forma de restablecimiento a valores de fábrica del equipo en cuestión" ni "determinar cuál fue el procedimiento..."

En función del informe de los gendarmes Capuchetti decidió mandar el tema a sorteo para que lo investigue otro juzgado. Ahí fue cuando entraron en escena Delgado y Servini. El fiscal hizo una reconstrucción de todo el recorrido y qué se hizo con el celular, pero llegó a un punto en el que sostuvo que había que hacer un análisis interno, técnico, del dispositivo, que estaba en manos de Capuchetti.  Delgado afirmó que "el hecho que es materia de pesquisa en esta encuesta no se puede escindir del intento de asesinato del vicepresidente". 

¿Y ahora? 

Capuchetti rechazó ser ella la que investigue, y devolvió el expediente. Más allá de eso, junto con el fiscal Carlos Rívolo propusieron una junta para ver si podían extraer la información, con alto riesgo de que se pierda. Ahora que una parte del caso está en manos del Tribunal Oral Federal 6, se hará un nuevo intento en una instrucción suplementaria, según dispone la resolución donde convocaron a juicio para el 26 de junio. El tribunal le encargó esa tarea a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico en las Investigaciones Penales (DATIP), más los expertos que designen las partes. 

En el juicio estarán en el banquillo por el intento de asesinato Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo, el dueño del negocio de los copos de azucar que la pareja vendía y aprovechaba para hacer inteligencia cerca de la casa de CFK. Capuchetti y Rívolo elevaron el expediente diciendo que no tenían datos sobre quién estuvo detrás, alguna pista política o financiera. Parte de la expectativa sobre este punto siempre estuvo en el celular del asesino fallido, aunque sigue siendo un enigma, y en otros tramos de la causa que quedaron en primera instancia, como la "pista Milman" (por el diputado Gerardo Milman). 

Mientras tanto, serán indagados por Servini los agentes de las fuerzas de seguridad y queda aún la duda sobre qué pasó en el juzgado.