El sacerdote Julio César Grassi prestó declaración en la Fiscalía 8 e Morón en la causa iniciada hace un año por presunto de desvío de fondos y donaciones hacia la unidad penitenciaria donde está alojado en Campana, condenado a 15 años por abuso sexual de un menor que concurría a la Fundación que él mismo creó y que dirigía.
Grassi fue indagado por la fiscal Adriana Suárez Corripio, en el marco de una denuncia por malversación de fondos, en la que se investigan presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, iniciada en 2014 por el director de la Fundación, Juan Manuel Casolati.
El sacerdote declaró junto a otras dos personas en el marco de esta causa en la que están involucradas otras cuatro personas más, todos ayudantes, secretarios y choferes que trabajaban en la Fundación cuando el sacerdote se desempeñaba como director, antes de ser condenado.
Juan Manuel Casolatti, actual director de la Fundación y denunciante de esta causa, dijo a Télam que "ademáś de Grassi están involucrados el que era portero de la Fundación, integrantes del Consejo de Administración, secretarios privados del cura y dos choferes".
"Hice la denuncia porque ví el estado y las carenciasque pasaban los chicos que no se condecía con las donaciones que recibía la Fundación. No podía disponer de esas cosas porque nadie sabía dónde estaban por lo que denuncié penalmente el hecho", destacó Casolatti.
Además indicó que "no tenía las pruebas concretas de los desvíos ni la logística para comprobarlo y, a través delprograma de Tv, se visibilizó toda esta operatoria y sirvió para que la Justicia pudiera actuar".
"Los elementos que recibía la Fundación iban a la unidad de Campana pero no decían que eran donaciones sino que provenían desde esa parroquia a la que utilizaba como pantalla de estos ilícitos".
El director de la Fundación aseguró que Grassi "desde un principio utilizó la Fundación en beneficio propio, por lo que esta conducta la tuvo desde siempre, no fue sólo para obtener protección en la cárcel" y detalló que "el alquiler de la estancia La Blanquita, donde él vivía mientras se le seguía el juicio por abuso, era pagada con fondos de la Felices Los Niños".
Grassi no es el único imputado por la fiscal Suarez Corripio sino que hay otras siete personas investigadas, entre ellos personas del Consejo Directivo de la Fundación.
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