Con la declaración indagatoria del exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi prevista para este jueves, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak seguirá con la investigación a la trama política del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal sospechado por el presunto armado de causas judiciales contra el exsindicalista Juan Pablo "Pata" Medina y otros dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) durante el año 2017. La cita está pautada para las 10:30 horas.

Grassi será el segundo de los funcionarios en declarar. El primero fue el exministro de Infraestructura Roberto Gigante quien presentó un escrito con su versión de los hechos y se desligó de cualquier acto delictivo. El exfuncionarios judicial está señalado de ser uno de los operadores judiciales para el impulso de las causas penales contra el exgremialista.

Pero el plato fuerte será este viernes 18 de marzo, fecha en que fue citado el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. Continuará el lunes de la próxima semana con la comparecencia del senador platense Juan Pablo Allan y el miércoles 23 de marzo será el turno del intendente de La Plata, Julio Garro. La declaración de los exfuncionarios llega después de que fueran indagados seis empresarios de la construcción quienes el 15 de junio del 2017 participaron de la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (BAPRO) a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la UOCRA de La Plata y salió a la luz por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de videos de aquel encuentro.

Los seis empresarios indagados desplegaron en sus descargos (la mayoría por escrito) conceptos similares: aseguraron que no sabían que la reunión en el BAPRO había agentes de la AFI, que asistieron convocados por el Ministerio de Trabajo para plantear “institucionalmente” sus conflictos con el gremio de la construcción y que jamás supieron que estaban siendo grabados y cada uno se consideró “víctima” en el expediente en curso. También confirmaron que la relación con el gremio era “conflictiva” y que eran objeto de exigencias por fuera del convenio colectivo de trabajo que rige a la actividad en el plano nacional.

Los exfuncionarios del Gobierno de Vidal tienen un panorama complejo: en el caso de Villegas fue señalado como el ministro convocante al encuentro, pero además, tanto él como Grassi, registran ingresos al edificio de la AFI durante el 2017 para reunirse con el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra (que asistió a la reunión), por lo que resultaría extraño que plantearan que no sabían que era un espía.

Esa información está volcada en el expediente al igual que la información extraída de la agenda de trabajo del extitular de la cartera laboral bonaerense, donde figura un encuentro previsto para el 12 de junio de 2017 "en Capital", con Grassi y la exsubdiretora de la AFI Silvia Majdalani.

La línea de tiempo sobre la que trabajan los investigadores incluye también, quizás como hito iniciático, el dato de que Villegas coincidió con el exdirector de la AFI Gustavo Arribas en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, una mañana en la que ambos llegaron al palacio de Gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada.

LA "GESTAPO" DE VILLEGAS

"Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se lo escuchaba decir al entonces ministro Villegas en los videos de la reunión con los empresarios y los funcionarios de la AFI.

En aquella cita, los funcionarios de Vidal y los directivos de la AFI -entre los que estaba también el entonces director de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano- instaron a los empresarios que manifestaban tener problemas con la UOCRA platense a que presentaran notas ante el Ministerio de Trabajo provincial y que utilizaran palabras clave como "amenaza" y "extorsión".

Esos escritos fueron presentados luego ante la Justicia Federal de Quilmes en el marco de un expediente iniciado por una denuncia anónima contra el Pata Medina a la que el juez Luis Armella hizo lugar a pesar de que la fiscalía opinó que debía tramitar en La Plata.

El video fue el disparador de la investigación judicial pero la pesquisa no está solo centrada en eso: en la causa se detectaron decenas de llamadas entre los imputados y hasta con el juez Armella, quien finalmente fue el que dispuso la detención de Medina. A los imputados se los acusa de haber participado, durante 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces, para impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA La Plata y allegados.

"La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal", según surge del expediente.