El asunto comenzó, como pareciera empezar todo en la historia política argentina contemporánea, con una denuncia de Elisa Carrió. El fiscal Álvaro Garganta, sobre cuyas espaldas recayó la causa, avanzó en un proceso de investigación que pareciera haber desnudado una facturación falsa en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) por más de 600 millones de pesos. La operatoria vincula a dirigentes sindicales y de IOMA con el propio ex gobernador Daniel Scioli e importantes personajes de su cúpula política.
Acorde a las pruebas y documentación aportadas por dirigentes de la Coalición Cívica, se habrían fraguado un total de 656.600.000 de pesos en internaciones domiciliarias inexistentes, que fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes políticos y sindicales. Según Garganta admitió que “por sus alcances, Mar del Plata es el emblema de la gestión corrupta que utilizó IOMA”.
Según la documentación presentada, hay al menos 78 casos de afiliados a la obra social que figuraban como beneficiarios de la internación domiciliaria pero que jamás la recibieron. Además, se crearon prestaciones falsas, se cobraron sobreprecios por servicios y hasta se comprobó que numerosos profesionales estaban en dos lugares, separados por cientos de kilómetros, al mismo tiempo. Los casos son tan burdos que una terapista profesional, por ejemplo, visitaba 35 domicilios por día entre Luján y Mar del Plata, lo que a las claras resulta absolutamente imposible.
Los funcionarios del IOMA no pasaron desapercibidos a esta maniobra. En las pruebas presentadas, se analiza la coincidencia de que la totalidad de las operaciones ilícitas se hayan llevado a cabo a través de cinco empresas, todas vinculadas a los propios dirigentes del instituto.
A la cabeza de los dieciocho procesados que, por ahora, tiene la causa, se encuentra Antonio La Scaleia, quien fuera presidente de IOMA durante el 2010 y el 2015. El fraude se habría concretado entre los años 2013 y 2015. Además de La Plata y Mar del Plata, el fiscal Garganta ordenó allanamientos en Bahía Blanca, Junín y Capital Federal.
Como dato interesante, la investigación encontró que las ocho empresas allanadas forman parte de la Cámara de Internación Domiciliaria y Actividades Afines de la Provincia de Buenos Aires (CAMEID), que a la vez está manejada por los responsables de dichas compañías, en una extraña interacción.
Así, las empresas Medikit SA, Juntos en Casa SRL, Intergemed SRL, Dormisalud y SOS, tienen en sus respectivos directorios a las mismas personas, Nicolás Galoppo, Claudio Gabriel Sánchez, Hugo Adrián Gutiérrez, Gustavo Fernando Baldachis, Ricardo Adrián Bianchimano y Andrés Sebastián Bertelegni, quienes a su vez forman parte de la CAMEID, cuyos presidentes son, en un ejercicio de corrupción redundante, los propios Galoppo y Baldachis.
Comentá la nota