El Ministro de la Producción, Rafael Gilmartin se presentó a la reunión plenaria de comisiones ampliada en la Legislatura Provincial, junto con Diego Marzioni, interventor designado por el Poder Ejecutivo por la empresa pesquera de capitales españoles Vieira, radicada en Puerto Deseado, en respuesta a la citación efectuada por el parlamento con el objetivo de evacuar dudas que giran en torno al proceso de su expropiación, además de las denuncias públicas efectuadas por el ex subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Raúl Mella, también presente en el encuentro. En ese sentido, se indicó que “no pudimos avanzar en casi ninguno de los puntos. La presentación fue inconsistente. Los funcionarios que vinieron en representación del Poder Ejecutivo no contaban con la documentación requerida desde hace más de dos semanas”, indicó Rubén Contreras, impulsor de la citación al Parlamento, algo que consideró como “una falta de respeto hacia este Poder del Estado”. “Sí quedó en claro que los bienes que están en litigio y sobre el que se ha realizado el pedido de declaración de Utilidad Pública, continúan en proceso judicial, sin contar con la posesión legal de los bienes luego de presentaciones realizadas por la pesquera española”, agregó el legislador, destacando a su vez que “ante esta situación procesal, no entendemos cómo los funcionarios están haciendo uso de las plantas y los barcos – dos de ellos alquilados a un empresario de Caleta Olivia - o usando los vehículos, ya que al no haber una sentencia que los habilite, están por fuera de la legalidad, lo que podría considerarse usurpación”.

Siguiendo con el relato de lo acontecido en el encuentro, el diputado Alexis Quintana señaló que “Diego Marzioni, - Interventor de la empresa designado por el Poder Ejecutivo - desconoce la cantidad de empleados, los montos de dinero que perciben desde el Estado provincial a través del Municipio de Puerto Deseado durante más de un año, aunque sí se desprendió de lo expuesto que los mismos están en negro y por ende sin recibos, sin prestaciones sociales, ni ante riesgos de trabajo”, como así también que “lo que sí pudo precisar es que desde el mes abril dos personas realizan tareas de seguridad de los bienes en tierra – plantas de procesamiento y almacenaje - como monotributistas y sin contratos que los vinculen para prestar esos servicios, y una tercera en negro”, afirmó. La reunión, que comenzó a las 15:30 tuvo un intervalo, y luego del cual Contreras destacó que “nos extrañó la ausencia de los diputados Selsa Hernández y Roberto Fernández, diputados de Puerto Deseado, localidad directamente afectada por esta situación, ni los peraltistas, Pedro Vinet, Alejandro Victoria o Sebastián Gatti”, por lo que consideró “llamativa la falta de interés ante una situación que involucra a cientos de personas que penden de un hilo para garantizar el sustento de sus familias”.

Finalmente, se informó que se acordó que los funcionarios provinciales deberán remitir la documentación que certifique la cantidad de trabajadores, los contratos y pagos de servicios a terceros realizados.