Por Carlos Pagni

Un problema principal que enfrentan los astros de la temporada anterior de Juntos por el Cambio, a diferencia de las estrellas emergentes, es tener que hacerse cargo de los incómodos reflujos del pasado. Es lo que sucede con el escandaloso video en el que el logorreico Marcelo Villegas y el silencioso Roberto Gigante, exministros de María Eugenia Vidal, reclaman ante un grupo de empresarios datos para armar causas contra el controvertido sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, con el auxilio de tres autoridades de la AFI presentes en el conciliábulo.

A diferencia de Mauricio Macri, Gustavo Arribas o Silvia Majdalani, Vidal cometió la ingenuidad de pretender explicar lo inexplicable. En una entrevista con Laura Di Marco y Pablo Fernández Blanco, en LN+, quiso justificar la operación en que Medina es un mafioso, lo cual es muy probable, pero requeriría una demostración judicial que no quede viciada por la intervención del espionaje. Esa intervención trabaja a favor del supuesto delincuente. Vidal no pudo explicar qué hacían en el encuentro los tres agentes de Arribas y Majdalani. Nada menos que el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano; Diego Dalmau Pereyra, jefe de Contrainteligencia; y Darío Biorci, jefe de Gabinete y cuñado de la vicedirectora Majdalani. Vidal dijo que la presencia de ellos en la reunión debería explicarla la AFI, olvidando que en la mesa estaban sentados dos de sus ministros. Alegó, con razón, que la filmación no sirve como prueba porque fue realizada de manera ilegal. Pero no se dio cuenta, al parecer, de que esa ilegalidad se cometió durante el gobierno de Macri.

Vidal sostuvo que, para ella, Macri no estaba al tanto de lo ocurrido. Aunque, como publicó Hugo Alconada Mon en este diario, pocos días antes de esa reunión filmada habría registros de una posible reunión entre él Arribas y Villegas en la Casa de Rosada. Hizo bien Vidal en despegar a Macri. El paso siguiente de acusarlo sería romper el Pro.

Horacio Rodríguez Larreta también debe tomar posición frente a las novedades que surgen desde el sótano. Ayer, en la entrevista que le realizó para LA NACION, Matías Moreno le preguntó si despediría a De Stefano, el director de Jurídicos de la AFI que forma parte del directorio de la empresa porteña de Subterráneos. Larreta dio una explicación, por lo menos, curiosa. Dijo que “de lo que se desprende del video no cometió ningún delito. Está en una reunión”. Es posible que haya visto el video con el audio desactivado. Porque lo que pasó en esa reunión es que dos funcionarios del Ejecutivo bonaerense se conjuraron con un grupo de empresarios para montar causas judiciales contra un sindicalista en presencia de tres agentes de la AFI, uno de los cuales era De Stefano, nada menos que el director de Asuntos Jurídicos. Los tres agentes de Inteligencia estaban participando en una persecución judicial sin la orden de un juez. Eso es, en principio, un delito.

Larreta también dijo que cuando designó a De Stefano en Subterráneos no tenía ninguna acusación judicial. Otro descuido: De Stefano estuvo procesado por el juez Pablo Augé, de Lomas de Zamora, entre otras cosas por espiar al propio Larreta.

Sin embargo, el problema es político. Sobre todo, para Larreta. Y no solo por De Stefano. La Justicia viene demostrando, en especial por las minuciosas investigaciones que realizaron en Lomas de Zamora, la existencia de operaciones clandestinas de Inteligencia que tuvieron como blanco a la hermana de Macri, a Vidal, a Emilio Monzó, a Nicolás Massot y al propio Larreta, además de dirigentes opositores y periodistas, como Alconada Mon. Para Macri, Arribas, Majdalani y De Stefano, ese grupo estaba formado por “cuentapropistas” que no recibieron orden alguna de las autoridades. El problema para Larreta es que varios de esos “cuentapropistas” eran agentes de la Policía Metropolitana que él conduce. Fueron pasados en comisión a la AFI durante la gestión de Martín Ocampo en Seguridad. Ocampo operaba bajo el mando fáctico del binguero Daniel Angelici. El mismo jefe de De Stefano.

Para Macri y Angelici acaso sea satisfactorio advertir las contorsiones retóricas que deben hacer Larreta y Vidal para justificar irregularidades en cuya organización, con toda probabilidad, tuvieron poco o nada que ver. Esos trabalenguas son una demostración de quién manda en el Pro. El problema de Larreta y de Vidal es que, como aspirantes a la Presidencia, deberán definir qué nivel de complicidad mantienen con los responsables de un descalabro institucional en cuyo centro está la vinculación mafiosa entre el Poder Judicial y los servicios de Inteligencia. No es una cuestión episódica. El gobierno de Macri fue, en esta materia, solo un capítulo de una oscura tradición. La impunidad de la masacre de la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, por citar dos casos de primera magnitud, no se explican sin tener en cuenta esa deformación.

Vidal no abonó a la teoría del cuentapropismo. También hizo bien. Porque la teoría de que las operaciones ilegales se realizaban sin control político tiene, por lo menos, tres fisuras importantes. La primera: es raro que agentes de Inteligencia tomen el tremendo riesgo de grabar reuniones oficiales o de espiar a la hermana del Presidente, al jefe de Gobierno porteño, a la gobernadora Vidal o al presidente de la Cámara de Diputados, sin un aval muy poderoso a sus espaldas. Para tranquilidad de la República, es preferible que lo hayan hecho por órdenes superiores. De lo contrario, habría existido durante la gestión de Cambiemos un poder oculto e irregular, superior al del propio Estado, que operaba desde dentro del Estado.

El segundo defecto de la teoría del cuentapropismo apareció ahora: uno de los funcionarios jerarquizados que, al parecer, y según admitieron los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ignoraba lo que sucedía en el submundo de su propia dependencia, De Stefano, aparece en la filmación. La tercera falla salta a la vista. Cuando se descubrió a los cuentapropistas, ¿qué se hizo con ellos? ¿Abrió la Policía Metropolitana una investigación sobre los agentes que actuaron fuera de la ley?

La tesis del cuentapropismo explica la aparición del video. Hay innumerables indicios de que fue divulgado por agentes de la AFI que no quieren ser los chivos expiatorios de las maniobras organizadas por fuera de la ley, mientras sus superiores políticos salen indemnes de los juzgados de Comodoro Py. La actual jefa de la AFI, Cristina Caamaño, sugirió que puede haber más material comprometido. En el Pro hay quienes recibieron el dato de que hay 25 videos similares al del Banco Provincia.

A estas curiosidades, por llamarlas de algún modo, se agrega otra: ¿Por qué no se ha desatado dentro de Juntos por el Cambio, si no un escándalo, un debate sobre estas prácticas que los principales dirigentes conocían, por lo menos, desde abril de 2017? Solo se tiene registro de que, cuando la semana pasada, Cristian Ritondo pidió un respaldo para Vidal al resto de la coalición, los representantes de la Coalición Cívica pusieron como condición una condena a la presencia de espías en el encuentro del Banco Provincia. El respaldo quedó limitado al Pro de la provincia.

¿Por qué el radicalismo, que cogobierna en la ciudad de Buenos Aires, guarda silencio y tolera la permanencia de De Stefano como funcionario? ¿A qué se debe, por ejemplo, el silencio de una figura estelar como Martín Lousteau, senador por la Ciudad? La respuesta es vergonzosa: porque De Stefano representa al binguero Angelici.

Además de gestor judicial de Macri, Angelici ejerce una gran influencia sobre el radicalismo porteño. Esta afinidad es tan determinante que, para más de un entendido, explica el desembarco de Carlos “El Chapa” Retegui como ministro de Deportes, de la mano de Lousteau. No porque a Angelici le interese promover a Retegui. Le interesa vetar al que era el candidato ya acordado para esa área del gobierno: Juan Nosiglia, hijo de Enrique Nosiglia, enfrentado a Angelici en el radicalismo y también en Boca Jr.

La picardía se completa con la versión de que a Juan Nosiglia lo vetó Carrió. Verosímil. Pero falso: Carrió está enemistada con el padre, pero no con el hijo, un dirigente con muchos años en la militancia porteña, con quien compartió lista en dos oportunidades. El joven Nosiglia ya había cedido un lugar en la lista de diputados para que ingrese Martín Tetaz.

Penalizar a una persona por los alineamientos o la conducta de sus padres siempre es reprochable. Sería como exigir a Larreta que revoque el contrato de su gobierno con Micaela Biorci Majdalani en el área de Comunicación Digital, por la sola razón de que salen a la luz las fechorías de su tía y de su papá. O, para ir a un caso más relevante, que despida a Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia, prima de Micaela, de la decisiva presidencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero, el reino de Nicolás Caputo, padrino de la vicejefa de los espías, según Macri. Antes de ocupar esa función, Olivero Majdalani fue consejera de la Magistratura porteña. Compartió la mesa con De Stefano, que también fue consejero, siempre reportando al binguero Angelici. La permanencia de Olivero Majdalani y de Biorci Majdalani en la administración porteña cobija un dato político: habla de la magnanimidad de Larreta. De su clemencia. Sigue dando de comer a la familia de la que lo espiaba.

Angelici, el expresidente de Boca, tuvo un gran protagonismo en la operación judicial contra sindicalistas con prácticas más que cuestionables. Angelici se encargó, en persona, de reclamar ante el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral la prisión de Omar “El Caballo” Suárez. La hija de Suárez denunció en su momento que Canicoba le había pedido plata a su padre para mantenerlo en libertad. En el ambiente sindical se dice algo más: que Canicoba le cobró al “Caballo” y, después, lo mejicaneó. No hay que olvidar que el día en que cayó preso el “Caballo” el pelotón policial llegó al sindicato precedido por José Luis Lingeri, “Mr. Cloro”, intimísimo compinche de Majdalani. La aparición del video del Banco Provincia es un problema delicado para Lingeri en la CGT.

Algunos breves corolarios. Primero: la AFI de Arribas no hacía, según las autoridades de Juntos por el Cambio, nada ilegal. ¿Pero hacía algo legal? ¿A sus directivos les quedaba tiempo para cumplir con su deber? Todo lo que se le conocen son patrañas. Segundo: ¿qué papel juega Angelici en Juntos por el Cambio? Dicho de otro modo: ¿hasta qué punto el financiamiento puede deteriorar la calidad de la democracia? Tercero: ¿para qué sirve la AFI? No la de Arribas. También la de Caamaño, que parece la administradora de un museo de filmaciones y videos. Sin ir más lejos, no pudo siquiera informar a su gobierno algo tan previsible como que el iraní Mohsen Rezai en la asunción del tirano Daniel Ortega en Managua. Esta distracción ha inquietado a Gerardo Millman, Alfredo Cornejo e Ignacio Torres: tres opositores que pretenden citar a Caamaño a dar explicaciones ante la bicameral que debe controlarla.