“Todo se transforma”. La canción de Jorge Drexler y la primera Ley de la Termodinámica bien podrían ejemplificar una creencia generalizada: que las cosas desaparecen cuando se las quema. En realidad, la materia no se puede destruir, únicamente se transforma.

 

 

Es por eso que la posible puesta en marcha de la incineración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –si se aprueba la modificación de Ley de Basura Cero que promueve el oficialismo porteño– genera controversias, al plantearse como una solución a la problemática de la gestión de residuos y su envío a un relleno sanitario que está por colapsar. Mientras cosecha adeptos, también suma detractores.

 

 

Conocida mundialmente como “Waste to Energy” (WtE, “Basura para energía”, en español), no es una tecnología renovable ni limpia: las emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera y la producción de cenizas y otras partículas pueden generar impactos en el medioambiente y la salud humana, si no se monitorean apropiadamente.

 

 

Este es el motivo por el cual muchos especialistas rechazan el método, teniendo en cuenta que el 95% de la población global está respirando aire con niveles insalubres de contaminación y que el 60% vive en áreas que ni siquiera cumplen los estándares básicos de calidad del aire, según indica el informe Estado del Aire 2018, del Health Effects Institute (Instituto de Efectos en la Salud).

 

 

Entre los numerosos elementos químicos presentes en los gases de las chimeneas, los más frecuentes son dioxinas, naftalenos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados como plomo, cadmio y mercurio. La mayoría de ellos resisten a la degradación y se acumulan en los tejidos de los organismos vivos. Cabe mencionar, en este contexto, que la Argentina forma parte del Convenio de Estocolmo, que busca restringir la liberación de estas partículas.

 

 

Aunque son escasos los datos disponibles sobre el tema y los estudios epidemiológicos no predicen con exactitud las consecuencias inmediatas en la salud –no se pudo determinar un contaminante específico que sea nocivo y el causante de enfermedades–, los profesionales consultados vinculan el hecho de vivir cerca de las plantas incineradoras, así como trabajar en ellas, a un rango de perjuicios que incluyen secuelas de las más variadas: desde afecciones ligadas al sistema respiratorio, problemas cardíacos e inconvenientes en el sistema inmunitario, hasta cáncer y malformaciones congénitas.

 

 

Para Verónica Odriozola, bióloga y directora Ejecutiva de Salud sin Daño, ONG que trabaja para que el cuidado de la salud reduzca su huella ambiental, los efectos escalan a dificultades bronco-respiratorias e infertilidad.

 

 

No obstante, Álvaro Sánchez Granel, ingeniero geógrafo y profesor de Residuos Urbanos e Industriales en la Universidad Católica Argentina (UCA), considera que la polémica en cuestión se debe a que existe poca información. “Hay una opinión popular que persiste y se remite a los años ’70, cuando se incineraban los residuos en los edificios sin ninguna protección al medioambiente. Pero eso quedó obsoleto, hubo una gran evolución. Usar al residuo como combustible es una tendencia en boga en todo el mundo. Por ejemplo, una industria que requiere un caudal energético importante es la cementera. Así, se reemplaza el gas y el petróleo, usados convencionalmente por este sector. Obviamente, siempre se trata de aprovechar lo más posible las fracciones reciclables”, dice.

 

 

De acuerdo al informe Estado del conocimiento de los impactos de los incineradores de residuos en la salud humana, elaborado en los laboratorios de investigación de Greenpeace del Reino Unido, la inhalación de aire polucionado, el consumo de productos agrícolas contaminados o el simple contacto con el suelo son factores que incrementan los riesgos. En Finlandia, se encontró que la proporción de mercurio en el cabello de las personas que vivían cerca de un incinerador era superior a la del resto de la población. Por su parte, en España y Alemania, se detectaron niveles elevados de tóxicos en la sangre y la orina de niños que habitaban en los alrededores de incineradoras con tecnología moderna.

 

 

Sucede que, a pesar de que la maquinaria de las nuevas plantas reduce progresivamente las emisiones tóxicas y busca adecuarse a la legislación vigente, aún no consigue eliminarlas en su totalidad ni tampoco hacer desaparecer las cenizas procedentes de este sistema. En relación a ello, Odriozola sostiene: “Quemar basura de por sí es una práctica contaminante. A medida que se van sofisticando las herramientas tecnológicas disponibles, disminuyen gradualmente las emisiones. No es lo mismo quemar una bolsa en tu casa que hacerlo en una planta con filtros que controlan el oxígeno. De todos modos, no existe forma de evitar la contaminación”.

 

 

Sánchez Granel se muestra en desacuerdo. “Las tecnologías que se usan hoy evolucionaron muchísimo y el humo que sale de las chimeneas se ubica dentro de los parámetros de la legislación ambiental. No hay un efecto contaminante”, apunta.

 

 

Según la mencionada investigación de Greenpeace, se suele pensar que el volumen de los desechos originales desciende un 90% con la incineración. Pero las cifras evidencian una reducción de un 45%. Cabe aclarar que los números se refieren a cenizas e ignoran, por ejemplo, emisiones en forma de gases, por lo que el cómputo final incrementaría. En este sentido, hay quienes sostienen que si se sumara la masa de todos los residuos que genera una incineradora, incluyendo las emisiones, el monto resultante sería superior a la cantidad de basura que ingresa a la misma.

 

 

Así lo ratifica el Informe sobre incineración de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Si bien los países europeos incorporan plantas cada vez más sofisticadas, que tienden a bajar el nivel de sus emisiones, no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo, donde se comprobó que el monitoreo y el control no pueden costearse, por lo que no se realizan”, explica el documento.

 

 

Resta, entonces, preguntarse si se ejercerá un correcto control de los incineradores que prevén instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al tiempo que se garantice a su población el derecho a gozar de un ambiente sano.

 

 

“En nuestro país, ya se usan incineradores en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para tratar los residuos peligrosos y se desarrolla un estricto control por parte de los organismos responsables de llevar adelante esta tarea. Si se cumple la normativa con ese tipo de desechos, ¿por qué no sucedería lo mismo con los domésticos?”, plantea Sánchez Granel, en tanto Odriozola cuestiona: “¿Qué tecnología y control se va a aplicar? No lo sabemos. Si me remito a experiencias locales previas, la fiscalización deja mucho que desear. Entonces, lo que hará que el procedimiento sea más o menos dañino será el tipo de chequeo que se efectúe y qué basura se queme. Por más que la tecnología sea de buena calidad, si no recibe los controles pertinentes –que suelen ser paupérrimos en toda industria contaminante argentina– es lo mismo que nada”.

 

 

“Existe, también, la posibilidad, por más mínima que sea, de que acontezca un accidente o incendio por una mala operación”, añade la directora Ejecutiva de Salud sin Daño. “No son eventos altamente probablemente, pero ocurren", enfatiza. 

 

 

Es por ello que varios expertos y organizaciones hacen hincapié en la necesidad de no avanzar con la incineración, como la Coalición Ciudadana Anti-Incineración (una red de organizaciones y ciudadanos que, preocupados por los impactos sobre la salud y el ambiente de esta práctica, promueve soluciones sustentables, y logró cerrar numerosos hornos en funcionamiento y frenar proyectos que pretendían extenderla) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (coalición internacional integrada por más de 600 grupos y redes de 89 países, que busca eliminar la incineración de residuos en todas sus formas).

 

 

“En mi opinión, es una pésima decisión que va en contramano de lo que pregona el Ministerio de Ambiente en relación a la economía circular. Es la forma más sucia de producir energía, cuando existen múltiples alternativas renovables. Es lo último que haría si se desea aprovechar los recursos que se pueden recuperar”, concluye Odriozola.