El jurado de enjuiciamiento para magistrados y funcionarios públicos, con la presidencia de Eduardo Julio Pettigiani, más las vocalías de los jueces Cecilia Duhalde, Eduardo Zimmermann, Pablo Estaban Perrino, y los legisladores Leandro Blanco y Laura Aprile, emitió un documento con el cual tomó los recaudos necesarios en la denuncia contra el juez del tribunal de familia n°4 de este departamento judicial. Se trata de Juan Facundo Dominoni, y la presentación había sido oportunamente elevada por el procurador general, Julio Conte Grand.

Ese cuerpo colegiado partió de un previo expediente administrativo emitido por la Dirección de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero dejó en claro que se verificaban algunas irregularidades que quizá excedían las competencias de aquel fuero, ya que la conducta que el magistrado había demostrado podía incluirse en lo que consideramos violencia laboral. Por esta razón, el procurador general dijo que Dominoni: “No resulta idóneo para la función que detenta”. Y agregó que —a pesar de los esfuerzos que llevó a cabo la Dirección de Resolución de Conflictos—, el magistrado no revirtió aquellas conductas.

Como meros ejemplos, narraron que el juez sobrecargó de tareas a determinados integrantes del personal, amenazó a muchos de ellos con la pérdida de sus puestos de trabajo, omitió deliberadamente dirigirles la palabra. A algunos les cerraba la puerta en la cara, les arrojaba expedientes al piso, dividía las tareas según el sexo del agente, realizaba comentarios descalificatorios de algunos de ellos en presencia de otros, y hasta excluyó a algunas personas de tareas propias de su función.

De hecho, la comisión de la suprema corte había entrevistado al personal, y de sus relatos se podía deducir que el magistrado usaba elevados tonos de voz y un vocabulario inapropiado para un magistrado. En una ocasión mandó a una empleada a lavar el piso del sector de mesa de entradas, le tiró perfumina o un desodorante similar a una persona diciendo que era para contrarrestar la mala onda, le dijo a otro que le contaminaba la visión, y más.

Una cuestión de la que se puede tener constancia material es que aparentemente el juez corregía los proyectos elaborados por su personal utilizando sellitos con caras, de los que se usan para corregir en la educación primaria. Tales elementos ponen de relieve expresiones de enojo o alegría, y son para facilitar la enseñanza a niños muy pequeños. También declararon que el magistrado escribía anotaciones manuscritas al margen de tales proyectos, utilizando palabras como  “horrible”, o “muy flojo”.

Además, el juez ordenó que la Perito Psicóloga compartiera el espacio con otro agente, lo cual impidió la reserva de las entrevistas personales que la profesional debía realizar.

Destructivo

El procurador general explicó que Dominoni había tomado decisiones que deterioraban la calidad de las tareas de su personal: “vació de contenido las funciones propias del cargo de ciertos integrantes del organismo… el juez les quitó todo el poder de decisión, sobre todas en las cuestiones de secretaría, que deben ser consultadas con el magistrado”. Además, agregó que obstaculizó la labor propia de la ex perito psicóloga del juzgado, licenciada Ana Teresa Aroza.

El magistrado ya había pasado mucho tiempo otorgando un trato preferencial al personal masculino de ese tribunal, y obstruyendo la concesión de licencias. Haciendo una rápida evaluación de la manera en la que las vacantes de esa oficina se han gestionado, se puede verificar que —en un plazo bastante inferior a un año, que va desde septiembre de 2016 a julio de 2017— cinco agentes se trasladaron de ese juzgado, y otros tres manifestaron su voluntad de cambiar de ámbito de trabajo.

Es que el comportamiento que Dominoni desplegaba afectó la salud de los trabajadores que integraban la planta funcional de la dependencia a su cargo,  lo cual puede verificarse fácilmente en varios informes médicos emitidos como constancias de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte de justicia provincial. Además, cada vez que un agente fue sometido a una junta médica, los profesionales encontraron indicios de angustia reactiva al conflicto laboral con manifestaciones somáticas. Muchos sugirieron el cambio de lugar de trabajo de los agentes con el fin de preservar su salud.

Un raro

El juez Dominoni había sido noticia cuando intentó procesar por secuestro a una mamá que —en su desesperación y abandono del Estado— llegó a atar a su hija para que no consumiera más drogas y aceptada tratarse. Era la madre de Paula, y en aquel momento ya un abogado había pedido que se le hiciera una prueba mensual al juez porque —para él— debía de estar consumiendo alguna sustancia que lo hacía actuar de manera descabellada. Más allá de que las cuestiones del fuero de familia en este departamento judicial siempre llaman la atención, ahora la arbitrariedad parecía pasarse más allá de lo aceptable.

Por otro lado, el defensor del magistrado —Juan José Losinno— dijo que no era para tanto. Se ocupó detalladamente de minimizar tales cuestiones, y dijo que se debían a múltiples factores, como por ejemplo la falta de personal que generaba una sobre exigencia, la cantidad de licencias, las condiciones edilicias que obligaban a trabajar en un ámbito de reducidas dimensiones, el aumento de la cantidad de conflictos en cuestiones de familia que hace que haya cada vez más cantidad de causas pendientes, más —por supuesto— las cuestiones personales, sin olvidar el arrastre de la crisis económica de los últimos años.

Agregó que se lo estaba denunciando por cuestiones acontecidas hace cinco años, y que desde ese momento hasta ahora las relaciones vinculares habían mejorado mucho. Que había realizado una reorganización y redistribución del trabajo que había funcionado más que bien: “además de haberse mostrado dispuesto a congeniar y dialogar con todos sus compañeros de trabajo”. Agregaba que se había tratado de tensiones normales ya superadas.

Por todo lo narrado, el procurador dijo que la continuidad del juez de familia al frente del tribunal n°4 le resultaba inadmisible, porque afectaría seriamente el servicio de administración de justicia. El tribunal acompañó el planteo y determinó que era necesario el apartamiento provisorio del juez Juan Facundo Dominoni, hasta tanto concluya un jury de enjuiciamiento.