El ex ministro Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el diputado y ex secretario de Empleo, Ricardo Buryaile, entre otros ex funcionarios del gobierno anterior, fueron imputados este jueves por la maniobra de compra de votos a través de un bono clandestino en plena campaña electoral.

Además de dictar la imputación, el fiscal Jorge Di Lello le pidió a la jueza María Servini que cite a testimonial a los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y de Roque Peréz Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, y al ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona por denuncias sobre maniobras de compra de voto en sus distritos.

También pidió cotejar el listado de fiscales de Juntos por el Cambio de Formosa con el de beneficiarios del bono. Según uno de los denunciantes de la causa Williams Dardo Caraballo,más de la mitad había cobrado el bono de $5.000, según informó el periodista Mariano Martín a C5N.

Se sospecha que rastrearon personas en situación de vulnerabilidad para que fiscalizaran los votos.

La investigación judicial fue iniciada cuando Martín publicó en el diario Ámbito Financiero como había sido la maniobra. El subsidio habría sido entregado por el Gobierno en todo el país a través de punteros en plena campaña electoral.

La idea del bono clandesino nació en una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la que participaron su titular, Carolina Stanley, sus pares de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Hacienda, Hernán Lacunza, y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. La conversación giró en torno de la posibilidad de habilitar un pago extraordinario en el último tramo de la campaña. Sería destinado a 130 mil beneficiarios de todas las provincias.

Servini frenó el 18 de octubre el pago de una primera tanda para 80 mil beneficiarios por entender que a una semana de las elecciones generales podía ser utilizado para una maniobra de clientelismo.