La Fiscalía Federal de Santa Rosa pidió que sean llamados a prestar declaración indagatoria el empresario Omar Angel Jubete, el ex secretario de Obras Públicas de Santa Rosa, Daniel Ucciardello (actual director general de Obras Públicas de la Provincia), el ex director de Agua y Saneamiento de Santa Rosa, Nicolás Echevarría (actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victorica), el ex inspector de obra Adolfo Bruno y el ingeniero de la firma Jubete, Mario Giandón.
El pedido se realizó en el marco de la denuncia que presentó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por las irregularidades detectadas en las obras de agua y cloacas que se realizó en el barrio Butaló durante la gestión del ex intendente Luis Larrañaga (2011-2015). Ahora, la jueza subrogante Gabriela Marrón, oriunda de Bahía Blanca, deberá resolver si da curso o no a la solicitud de la Fiscalía.
La novedad fue confirmada a este diario por fuentes de la Fiscalía Federal, desde donde aseguraron que aún no obtuvieron una respuesta de la magistrada. La figura legal con la que está caratulada la causa en esta etapa inicial es “defraudación”.
Claudio Pérez de La Prida, director de Asuntos Jurídicos del municipio local, recordó que, luego de las denuncias que radicó la concejala Claudia Giorgis (Frepam), la FIA inició la investigación de oficio y radicó la denuncia en los tribunales provinciales. Casi nueve meses después, la Justicia Provincial se declaró incompetente y giró las actuaciones al fuero federal, al entender que los fondos con los que se pagó la obra habían salido del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa).
El pedido de indagatoria no fue realizado por el actual fiscal sino por su antecesora, Adriana Zapico, otra funcionaria judicial de Bahía Blanca que, en este caso, subrogaba la Fiscalía.
Las autoridades que sucedieron a Larrañaga en la comuna local, encabezadas por el intendente Leandro Altolaguirre, se presentaron en varias oportunidades en la causa para ser tenidos como querellantes, pero hasta ahora no lograron que la Justicia les responda favorablemente dicha petición.
Giorgis y el municipio aseguraron que la firma, sin control de las autoridades locales de entonces, dejó cientos de casas sin conectar a la cañería colectora de los residuos cloacales, situación que derivó en la problemática de saneamiento que atraviesa el barrio actualmente. Tras varias idas y vueltas entre Provincia y municipio, la obra se está realizando nuevamente.
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