El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó ayer al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, por supuesta “malversación de caudales públicos”, a lo que el funcionario respondió que se trataba de una falsedad.

Para Marijuan, la malversación responde a la presunta adquisición de máquinas para voto electrónico, pese a que aún no se había tratado la ley de reforma electoral en el Congreso Nacional.

“Hace un mes aproximadamente presentamos un escrito ante el juez, poniéndonos a disposición de la justicia. Esta imputación nos va a servir para poder demostrar la falsedad absoluta de la denuncia”, sañaló el ministro ante la requisitoria de Télam.

El fiscal impulsó la denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras y le pidió al juez del caso, Ariel Lijo, que requiera al Ministerio de Modernización “las constancias documentales allí obrantes” relativas a la firma de un Memorandum de Entendimiento con la República de Corea del Sur, “presuntamente suscripto el 30 de junio” pasado para la compra de equipos, según el dictamen.

Además, el fiscal solicitó que se pida a la Oficina Anticorrupción “que remita el pliego licitatorio de software de voto electrónico, enviado por el Ministerio de Modernización para su revisación”.

Marijuán señaló al funcionario por

“malversación de caudales públicos”

También que “se requiera a la Aduana que informe si se ha registrado el ingreso proveniente de Corea de contenedores con material informático y tecnológico, de voto electrónico o su similar, durante el lapso comprendido entre el mes de agosto y la actualidad”.

Y, por último, que se pida a la Dirección Nacional de Migraciones el listado de la comitiva que viajó a Corea entre junio y julio de 2016.

Desde el ministerio que comanda Ibarra habían señalado en su momento que los contacto en Corea habían determinado simplemente una intención y no una compra, y que estaban sujetos a la suerte del proyecto de reforma electoral. La iniciativa legislativa naufragó en el Congreso ante la negativa de los gobernadores peronistas a habilitar su tratamiento en el Senado y ya no hay tiempo para instrumentarla para las elecciones legislativas del próximo año, aún si el Congreso se decidiera a votarla.