Esta causa fue iniciada por Fiscalía de Estado tiempo después que el Gobierno de Lucía Corpacci asumiera la gestión. Con fecha 20 de octubre de 2012 se denunció penalmente a Acuña, Assante y a los representantes legales de la firma CM Sudamericana SA (encargada de la obra), por la supuesta comisión de los delitos de “malversación de caudales públicos, peculado, fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de denuncia”, todos en concurso real. La presentación tenía su origen en la detección de irregularidades durante el proceso de instalación y servicios complementarios de los cuatro aerogeneradores situados sobre el cerro Ancasti que fueron comprados de segunda mano en el exterior.

Ayer a la tarde, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago decidieron imputar a los ex funcionarios, pero también al presidente de CM Sudamericana. Además, acusaron como partícipes necesarios al ex director de Infraestructura Energética Rodolfo Tomassi y a la inspectora de obra Carola Ramos.

Una vez notificados, falta esperar que los ahora imputados desfilen por los pasillos de los Tribunales para que den cuenta de los delitos por los que se los acusa.

Historia

En la presentación que realizó Fiscalía de Estado se adjuntaron las resoluciones ministeriales Nº 1020 y N°1103, donde se aprueba lo actuado por la Subsecretaría de Servicios Públicos a través del Sistema de Contratación Directa para "la adquisición de cuatro equipos aerogeneradores, servicio de transporte, instalación y montaje". Asimismo se procede a la adjudicación por contratación directa a la empresa CM Sudamérica SA por la suma $2.489.827,19.

En la denuncia, Fiscalía de Estado señala que el proceso realizado por la Subsecretaría de Servicios Públicos con el aval del Ministerio de Obras Públicas "estuvo signado por la irregularidad, ilegitimidad, siendo visibles de manera flagrante los vicios incurridos a los fines de la adjudicación de la compra directa, denotando claramente la intencionalidad de abordar el tratamiento del proceso administrativo eliminando y suprimiendo pasos procedimentales elementales para otorgar legalidad al proceso, a los actos administrativos, contrato de obra y posteriormente a su ejecución y correspondiente pago a través de la emisión del correspondiente certificado de pago”.

A su vez, sostiene que los equipos aerogeneradores eran de segunda mano con más de 10 años de antigüedad. Es decir, previamente usados en el extranjero (España), "lo que demuestra más aún el accionar delictivo y las altas sumas abonadas".