El Gobierno le asignó un registro notarial a Juan Carlos Benedicto, absuelto en la megacausa, y él reclama que se le tome juramento Las autoridades de la entidad colegiada denunciaron penalmente la toma del edificio. Sostienen que el decreto del Poder Ejecutivo contraviene disposiciones legales
Juan Carlos Benedicto vestía anoche, en el Colegio de Escribanos, el mismo traje con el que llegó el miércoles a las 20 a esa institución. Allí pernocta, según dijo a LA GACETA, a la espera de que se le tome juramento como notario titular del registro N° 4 de San Miguel de Tucumán. Reclama esa escibanía mientras exhibe el decreto 3.077 que el 30 de septiembre firmaron el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Gassenbauer.
Ese instrumento le “asigna” la mencionada escribanía al profesional que el 13 de diciembre de 2013 fue absuelto en la megacausa Jefatura II - Arsenales II, en la que estaba imputado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
“Déjese establecido que el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto renunció expresamente a eventuales daños y perjuicios que pudiera haberle ocasionado lo dispuesto en el decreto N° 64/14 (MGyJ) del 13 de enero de 2014”, dice el artículo 2. Ese decreto del 13 de enero de 2014, refrendado por Alperovich y por el entonces ministro político Edmundo Jiménez, había dispuesto “la remoción” de Benedicto como titular del registro notarial N° 25, un mes después de que el Tribunal Oral Federal lo absolviera, en un fallo que no está firme porque fue recurrido por los fiscales federales.
El registro de Benedicto pasó a manos de su hermana y escribana adscripta, Graciela Benedicto.
“El jueves, el gerente del Colegio de Escribanos, Carlos Aráoz, me citó para que a las 20 me tomara juramento el presidente, Marco Aurelio Padilla; vine a las 20 con mi familia y con amigos pero sólo estaba el personal de la entidad, no había ningún miembro del Consejo Directivo”, relató Benedicto anoche, en la sede de la entidad que tenía tres guardias de seguridad en la puerta, la cual se encontraba cerrada por dentro con una traba y un banco de madera.
Su hermano, el abogado Luis Benedicto, agregó que, de acuerdo con la Ley de Escribanos Públicos, si el juramento no se verifica dentro de los 30 días de que el decreto fue comunicado (esto ocurrió el viernes pasado), la disposición pierde vigencia.
“El Colegio sólo toma juramento una vez a la semana, con lo cual sólo quedan dos oportunidades”, agregó el escribano. Su hermano ratificó que seguirán allí hasta que se dé cumplimiento a la norma del Poder Ejecutivo. “Cómo sólo puede jurar ante el presidente (Marco Aurelio Padilla), y en vistas de que los empleados nos dijeron que les resulta imposible contactarlo porque está desaparecido, denunciamos en la comisaría 1ª la desaparición de Padilla”, detalló.
Desmentida
Padilla, entrevistado por LA GACETA, negó las afirmaciones de los hermanos Benedicto y sostuvo que no existe ninguna notificación ni citación formal del Colegio que lo haya convocado a prestar juramento en la noche del jueves.
Más aún, el profesional precisó que el viernes, cuando recibieron el decreto 3.077, el Consejo Directivo evaluó el instrumento y advirtió que había sido adoptado en virtud a un dictamen fiscal cuyos fundamentos no figuran en la disposición del Poder Ejecutivo. Los directivos de la institución advirtieron, además, que el procedimiento decretado “contraviene las disposiciones de la Ley de Escribanos Públicos, en cuanto al acceso a la función notarial”, precisó Padilla. Es decir, no contaba con el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco se había llamado a concurso para cubrir la vacante.
“El Colegio resolvió interponer los recursos administrativos que correspondan ante el Poder Ejecutivo. Por eso no se toma juramento a Benedicto ni mucho menos se lo citó a ceremonia alguna. No es un capricho sino la estricta aplicación de las normas”, remarcó Padilla.
El titular del Colegio describió que Benedicto se presentó el miércoles en la sede de Crisóstomo Álvarez al 400 con 10 personas. “Se quedó toda la noche, cosa que también debieron hacer los empleados, pero el jueves al mediodía los sacaron por la fuerza. Por la tarde, los trabajadores quisieron realizar tareas de legalización de documentación que se debía remitir a Buenos Aires, pero no les permitieron el ingreso. Entonces ampliamos la denuncia en sede penal por toma del inmueble”, detalló.
“No es verdad que sólo tomemos juramento un día a la semana: solemos hacerlo de lunes a viernes. Si tienen 30 días, no sé por qué obran así”, lamentó Padilla.
Anoche, a las 21, Criminalística realizó una constatación fotográfica de la toma del edificio, a instancias de la denuncia penal.
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