Por Luciana Bertoia y María Cafferata

Alfredo Astiz está preso en el penal de Ezeiza. Tiene dos condenas en su haber: ambas a prisión perpetua. Para la justicia, es responsable de muchos crímenes: entre ellos, haberse infiltrado en el incipiente movimiento de derechos humanos, haber secuestrado a tres Madres de Plaza de Mayo, a dos monjas francesas y a otros siete militantes que se reunían con ellas para buscar a los desaparecidos. Hace un tiempo, Astiz, ofuscado, le escribió al tribunal que lo condenó y le dijo que no se consideraba un criminal, mucho menos un genocida. El exmarino puede sentirse dichoso. Seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), que fueron a visitarlo a la cárcel días atrás, lo consideran un “excombatiente” en la lucha contra el marxismo. Esos mismos legisladores amenazan con denunciar a los jueces que lo tienen a él y a sus camaradas presos y sostienen que los juicios de lesa humanidad son una “farsa”. En paralelo, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, aboga por una nueva tanda de indultos –como los que otorgó Carlos Menem.

El 11 de julio pasado, una comitiva de diputados y diputadas de LLA llegó hasta la Unidad 31 de Ezeiza. Evidentemente, los legisladores venían envalentonados desde el acto del 9 de julio, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel habían desfilado a bordo de un tanque militar por Avenida del Libertador.

La visita fue organizada por el entrerriano Beltrán Benedit, que ya había estado unas semanas antes en el penal. Según contó una fuente al tanto de los encuentros, Benedit se había comprometido a volver con algunos de sus compañeros de bancada. Y volvió.

La comitiva estuvo integrada por Benedit, Lourdes Arrieta –la diputada que saltó a la fama cuando apareció con un patito en la cabeza–, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Página/12 intentó contactarlos, pero no obtuvo respuesta.

La sombra de Victoria Villarruel

Varios de ellos tienen vínculo directo con la vicepresidenta, que milita por la causa castrense desde hace más de 20 años y solía visitar a los genocidas en prisión. Arrieta, hija de un militar denunciado por torturas en la guerra de Malvinas, solía hacer campaña con Villarruel. Araujo fue una de las invitadas al acto que se organizó el año pasado en la Legislatura porteña, que se llenó de abogados defensores de los genocidas. Montenegro fue hasta hace pocos meses el asesor de mayor confianza de Villarruel en el Senado. Él había celebrado la irrupción de militares retirados a grito pelado y sacándose selfies junto al avión de los vuelos de la muerte dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Después de que la noticia se conociera a través del portal La Política Online, Benedit explicó en un chat interno que habían ido a la cárcel. Dijo que se trataba de una visita "humanitaria", que no eran represores sino “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.

Benedit arremetió también contra los jueces que los condenaron y los mantienen detenidos. Según él, “no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”. En sintonía con la retórica de los perpetradores, el diputado nacional sostuvo que les inventan cargos y llamó a denunciar públicamente a quienes son parte de la “farsa”. Para ello, sugirió hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover a jueces y juezas.

La visita cayó como una bomba dentro de la interna libertaria. Muchos hacían saber su descontento pese a ser parte de un gobierno que califica los crímenes de la dictadura como “excesos” dentro de una “guerra”. Hay quienes maldicen la iniciativa de Benedit porque les parece demasiado extremo ir a verse con Astiz, la cara más conocida del genocidio. "Todos tienen que tener juicio justo y tantos años sin condena es una injusticia, pero Astiz es un asesino condenado. Es demasiado temerario", se sinceró una legisladora. En otros afloró una sinceridad brutal. “Es un bloque de desquiciados”, soltó uno de los diputados. “Es un horror lo que hicieron”, le dijo un oficialista a otro diputado en confianza.

En la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem no escondía su fastidio con el diputado entrerriano por traerle un nuevo dolor de cabeza. La apuesta del riojano es que el escándalo se diluya solo, aunque todo parece conspirar contra sus deseos. Hubo repudios de sobrevivientes, organismos de derechos humanos y de distintos espacios políticos, como Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT).

Un cara a cara con los represores

Los diputados habrían estado con Astiz y otros represores de la ESMA como Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda. La versión también indica que también se encontraban Honorio Carlos Martínez Ruiz –uno de los agentes de la SIDE que actuó en Automotores Orletti–, el uruguayo Manuel Cordero Piacentini –condenado por el Plan Cóndor– y el exBatallón 601 Raúl Guglielminetti.

En Ezeiza también están alojados otros represores de la Marina: Ricardo Cavallo, Jorge Radice y Alberto González. Según Cecilia Pando, el “Gato” González –que a sus perpetuas le suma una condena por delitos sexuales– es el ghostwriter de Villarruel. Otras fuentes confirmaron el vínculo que tenía la vice con González –que terminó dedicándose a la historia dentro de la Armada después de su paso por la ESMA– e incluso relataron que ella lo visitaba en el hospital cuando estaba internado.

Hay otro detenido en el penal que está relacionado con la vice: el exoficial de inteligencia del Ejército Marcelo Cinto Courtaux, condenado por las desapariciones de militantes montoneros que volvieron en la Contraofensiva. El hijo homónimo del genocida era uno de los asesores de Villarruel cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados.

La visita de los diputados a los criminales de lesa humanidad tuvo lugar después de una serie de cartas que publicó Lucrecia Astiz, hermana del represor, reclamando la libertad de los genocidas. “Escucho también en muchas oficinas de diputados o senadores (entre paredes, no sea cosa que la izquierda se enoje) que esto debe terminar porque se ha cometido una ilegalidad con ellos”, había deslizado la mujer en abril pasado en una nota que envió al diario La Nación.

Su reclamo no cayó en saco roto. Desde Justicia y Concordia –la organización que aglutina a abogados que intervienen en causas de lesa– celebraron la visita: “¡Gracias por solidarizarse con su situación! Verdaderamente algo está cambiando en el país”. Lo mismo hizo Pando.

No es la primera visita

No es la primera visita que desde LLA les hacen a los condenados por crímenes contra la humanidad. En marzo, este diario reveló que Luis Petri había mandado a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo. La comitiva entonces estuvo encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Se había entrevistado, entre otros, con Julio Simón –conocido como el “Turco Julián”-- y con Juan Daniel Amelong, el represor a quien Villarruel presentó como una víctima en el debate que mantuvo con Agustín Rossi antes del balotaje.

La diputada Ferreyra ya había estado también en la U34 con anterioridad. Había ido de visita con la Unión de Promociones (UP), una organización creada para impugnar los procesos por crímenes durante la dictadura. La UP fue el primer grupo en pedirle públicamente a Milei una “solución definitiva” para los represores presos. En ese momento, habían canalizado su solicitud a través del diputado Facundo Correa Llano.

Una oda al indulto

Barra es el jefe de los abogados del Estado. Tiene un rol importante en la administración Milei. Es uno de los defensores de la idea de gobernar a decretazo limpio. Fue integrante de la Corte Suprema de la mayoría automática y ministro de Justicia de Carlos Menem. Debió renunciar después de que se conociera que en su juventud había atentado contra una sinagoga.

Barra publicó una columna en Infobae en la que celebra los indultos dictados por Menem. “Con leyes apropiadas y finalmente con el ejercicio presidencial del poder de indultar (como potestad característica de la soberanía estatal y de su jefatura suprema) llegó concordia y el amor social”, escribió.

Sin embargo, sin nombrar al kirchnerismo, dijo que volvieron las grietas, “los culpables de un solo lado” y las penas “mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias”. Hacía referencia a quienes están detenidos por secuestrar, torturar, violar asesinar, desaparecer, arrojar personas vivas al mar y apropiarse de sus hijos. A eso se le suma que siguen guardando silencio sobre sus crímenes.

Barra termina su escrito llamando a renovar el espíritu de armonía, consenso y acuerdo que inspiró y condujo a los convencionales de 1994. La reivindicación de los indultos no es inocua. Antes del 24 de marzo, circulaba un rumor en ese sentido: fue tan extendido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una relatoría de Naciones Unidas emitieron una declaración recordando que los crímenes contra la humanidad no son indultables. En la misma línea se pronunció la Sala II de la Cámara de Casación.

Barra posiblemente haya olvidado que existe la ley 27.156 que sostiene que no rigen los indultos para este tipo delitos, o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Perú –Barrios Altos o La Cantuta– y el fallo Mazzeo, con el que la Corte Suprema declaró hace 17 años la inconstitucionalidad de los indultos.