Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.

Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, César Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes.

La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, sin embargo el Senado nunca avanzó con el desafuero. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los cuadernos y ya no pesan sobre ella solicitudes de arresto.

Consultados por Infobae, allegados a la vicepresidenta aseguraron que el texto no fue una iniciativa de CFK ni cuenta con su apoyo explícito.

El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

También, “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”. Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.

Otros puntos hablan de “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, y de la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

En el artículo 7, se circunscribe la aplicación del proyecto de ley a los delitos por corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. “En los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”, establecieron las senadoras Catalfamo, Ianni, González, Almirón y Pilatti Vergara en los considerandos de la iniciativa.

Además, puntualizaron en que “ello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones”.

Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la “amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros”.

Y agregaron: “Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.

Apenas asumió como presidente, Alberto Fernández prometió desde el escenario montado en Plaza de Mayo “terminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores”. “En la Argentina que viene se terminaron los operadores judiciales, que se los prestan entre los jueces, y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos”, planteó en aquel momento, exultante, acompañado por Cristina Kirchner.

Por otro lado, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se refirió ayer al debate interno que existe en el Gobierno nacional por los ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo que están detenidos sin condena firme. La división entre quienes creen que en la Argentina hay presos políticos y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus dirigentes más cercanos, que consideran que hay detenciones arbitrarias, pero que no existen presos políticos en la actualidad.

“De ninguna manera le pediría al Presidente que indulte a alguien. Le pediría a la política argentina que revise las causas, se suspenda esta arbitrariedad y haya juicios justos. Juicios donde se cumpla la ley", expresó en una entrevista con Crónica. En esa línea, señaló que ese es “el único camino para encontrar la verdad” y que “hay que ir hacia la verdad y no taparla”.

Boudou dijo que espera que “se pueda suspender todo lo que tenga que ver con el lawfare y que se puedan revisar las causas que han sido condenadas bajo esa persecución". Además, aseguró que el “Poder Judicial siempre actúa en forma política” y que existe una “doble vara y un doble discurso".

Por su lado, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley: “Es un traje a medida para la impunidad”, señaló el diputado radical en las redes. “Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso”, agregó.

En tanto, la abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó en una entrevista con radio La Red que la iniciativa “no es buena” y “tiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero". “No es un proyecto feliz en ninguna de sus causas”, agregó.