Ya en su informe, el defensor oficial ante la CSJN, Julián Horacio Langevin, en representación de las comunidades perjudicadas San José y Cuchuy, había sostenido que tanto ellos como los miembros de El Chaguaral y Corralito “se hallan inmersos en una alarmante situación socioeconómica agravada por la vulneración sistemática de sus derechos humanos. Las poblaciones relevadas sufren falta de alimentación, de acceso al agua potable, vivienda digna, educación y salud pública”. A ello sumó que “esa situación se ve agravada por las dificultades ocasionadas por agentes particulares a las comunidades para poder circular libremente por su territorio, así como para poder salir e ingresar del mismo por la existencia de tranqueras ubicadas sobre los caminos de acceso a la comunidad y que son manejadas por particulares”. Al introducir la posibilidad de reseñar las “paupérrimas condiciones de vida”, señaló que “los problemas en los que se ven inmersos son producto del despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de particulares con la anuencia de los estados provincial y nacional”.

Sin registro

Pese a que en más de una ocasión se presentaron notas al secretario de Ambiente, Gustavo Paul, invalidando un ‘convenio’ firmado entre algunas familias de una de las comunidades y los titulares que solicitan el desmonte, de apellidos Larrán y Braun Peña, Ambiente siguió adelante con el expediente sin poner en consideración el tema. De esa firma, en la cual los indígenas rubricaron el acta con su huella digital, y que aseguraron, no se les tradujo en su idioma de que se trataba. Estuvieron presentes las autoridades del IPPIS y del CPI durante 2012.

Las comunidades, en tanto, ya fueron rodeadas por desmontes legales e ilegales en un departamento que desde la Sanción de la Ley de Bosques, a fin de 2007, y hasta hoy, ha perdido más de 90 mil hectáreas de bosque nativo. Ello según el monitoreo de la REDAF.