La intención de esta ley es promover conductas nutricionales saludables, especialmente entre los niños y adolescentes, y para ello propone acciones que eviten la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al sufrimiento de los trastornos alimentarios.
Entre los fundamentos se consigna que según expertos, uno de los puntos más importantes que establece la presente norma es que la obesidad es una enfermedad y un problema de salud pública, sujeta a políticas de gobierno. De este modo, libera a la persona obesa de ser culpable de estar enferma.
Lo dicho implica, dijo Maglietti que los tratamientos para bajar de peso están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) lo cual significa que el sistema de salud pública, las obras sociales, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tienen que hacerse cargo de los mismos. Esto incluye las alternativas quirúrgicas como la manga gástrica, el by-pass y la banda gástrica ajustable.
Según la autora del proyecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la obesidad como la enfermedad epidémica no transmisible más grande del mundo, y la ubicó entre los diez factores de riesgo principales para la salud.
La norma mencionada rige en nuestro país desde el año 2008.
Aunque existen muchos métodos para bajar de peso, expresó Maglietti, las estadísticas médicas a nivel mundial indican que entre el 70 y el 75 % de los pacientes que recurren a dietas, vuelven a recuperar su peso, o incluso más, en un período de dos años.
Además de la obesidad, a efectos de dicha ley, se entiende por trastornos alimentarios, a la bulimia, a la anorexia nerviosa y a las enfermedades que la reglamentación determine que estén relacionadas con formas de ingesta alimenticia inadecuadas.
La ley, incluye la prevención y el control de los trastornos alimentarios, contiene investigación de los agentes que la causaron, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, envolviendo sus patologías derivadas y las medidas tendientes a evitar su propagación.
La Legisladora resaltó además que ?actualmente la enfermedad creció y ha pasado de afectar al 14,6 por ciento de la población al actual 18 por ciento; además, poco más de la mitad de los argentinos, el 53,4 por ciento, tiene exceso de peso?.
Legislación comparada y realidad nacional:
Cabe indicar que algunas provincias han tratado de enfrentar el problema con una legislación propia, como es el caso de Mendoza, cuya ley es de 2007. En ella se determina que es el Estado el que debe hacerse cargo de la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de pacientes con esta enfermedad, para lo cual se creó una estructura de asistencia, la Red Hospitalaria de Obesidad provincial, que ya brindó atención a más de 1000 pacientes.
La misma situación crítica se repite en el resto de las provincias; en algunas, como Santa Cruz, el índice de sobrepeso en la población es incluso superior al nacional, y en Santa Fe y en Córdoba empieza a crecer el índice de sobrepeso infantil de una manera alarmante.
En la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura aprobó una ley según la cual, dentro de los colegios porteños, públicos o privados, los alimentos y bebidas que se expendan en quioscos, cantinas o bufetes deberán ser saludables y variados.
Lo dicho justifica la adhesión de nuestra Provincia y la urgente implementación de políticas sanitarias coordinadas entre los distintos ministerios para que la salud de los formoseños sea un tema prioritario desde el Estado. Concluyó.-
Comentá la nota