Por Nazarena Lomagno

Los secretarios de Comercio, Pablo Lavigne, y de la Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra, se sumaron a la la iniciativa del ministro de Economía, Luis Caputo, y les solicitaron a representantes de la industria que reclamen la baja de Ingresos Brutos y tasas municipales en las provincias. Desde el sector fabril respondieron pidiendo un esquema impositivo más progresivo y señales más claras de reactivación económica.

“Hay una batalla que ustedes tienen que dar que es la baja de Ingresos Brutos y de las tasas municipales de higiene", les dijo Ayerra a los industriales.

Informate másLa recaudación de septiembre cayó solo un 3,4% real gracias al fuerte impulso de Bienes PersonalesEl cómputo de los intereses en los supuestos de repetición de impuestosDólares financieros operanmixtos: el MEP sube por segunda rueda al hilo y el CCL bajaVer Más

Lavigne complementó asegurando que el impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias es menor al de la tasa de seguridad e higiene en algunos casos, lo cual resulta “muy interesante”, apuntó. “Un Estado chico significa menos impuestos, tampoco nos gusta el gasto público”, remató.

Las declaraciones de los funcionarios se dieron en el marco del del congreso pyme "Somos Industria", que concluyó este jueves en el complejo de Costa Salguero.

La respuesta de los industriales no se hizo esperar. El presidente de la Unión Industrial de Rosario, Román Guajardo, dijo que “las tasas municipales se transforman en impuestos e Ingresos Brutos. En definitiva, la tasa efectiva de los tributos termina siendo mucho más alta, porque después los regímenes tienen retenciones y percepciones. Eso atenta directamente contra la competitividad de las industrias argentinas”.

De todas formas, para el empresario la matriz tributaria argentina “está realizada de tal manera que responde a necesidades de financiamiento de turno. Tenemos que ir hacia un esquema de impuestos más progresivo, donde no se atente contra los que generamos valor y empleo”, señaló.

Para Mauro González, titular de la Confederación General PyME, tratar de impulsar esa modificación “va a generar conflictividad en las provincias”.

“El Gobierno nos impulsa para que demos la pelea, pero me parece que lo que nosotros estamos pidiendo claramente es la reactivación en la economía. Si la actividad económica es poco viable, cualquier proyecto productivo lo es, y eso es lo que más hoy preocupa”, opinó el empresario.

Dijo que desde Confederación General PyME bregan por la quita del convenio multilateral, porque “muchas provincias te retienen sin comercializar en ella y eso genera un costo totalmente adicional”.

Impuestos municipales en las facturas de servicios: amparos judiciales

La discusión está hilada a la normativa de Nación que prohíbe a los municipios incluir impuestos locales en las boletas de servicios esenciales como electricidad y gas.

La decisión afecta las posibilidades de recaudación de los municipios para el financiamiento de servicios públicos. Esto es porque en las boletas solo podrán incluir los costos directamente vinculados al servicio contratado, prohibiendo la inclusión de impuestos municipales como el destinado al alumbrado público.

Es así que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) emitió un comunicado oficial donde afirmó que "la normativa provincial habilita a los municipios a seguir cobrando estos conceptos". A su vez, señaló que la Ley provincial 11.769 “regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas, estableciendo el cumplimiento de los recaudos correspondientes”.

Al mismo tiempo, varios intendentes bonaerenses, funcionarios y el propio gobernador Axel Kicillof manifestaron rechazo al decreto, que incluso podría ser objeto de un proceso judicial.

En ese sentido, este martes la Justicia falló a favor del municipio de Moreno, cuya intendenta, Mariel Fernández, había presentado un amparo solicitando que se declare inconstitucional ya que “afecta la autonomía municipal”, regida por la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

La misma decisión había tomado el municipio de Pilar días atrás, conducido por Federico Achával donde el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional.