Por: Sergio Pintado.

Un fallo favorable de la Corte Constitucional de Colombia permitirá que, desde el 1 de noviembre, entre en vigencia en el país sudamericano un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Ambos gravámenes habían sido introducidos por la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, pero se postergaron casi un año debido a que fueron impugnados.

Si bien la medida llegó al Congreso como una iniciativa del Gobierno, la necesidad de aplicar impuestos a alimentos y bebidas consideradas poco sanas fue una bandera de varias organizaciones sociales, encolumnadas detrás del convencimiento de que encarecer este tipo de productos volcará a los consumidores a opciones más nutritivas.

"Esperamos que, al ser estos productos más costosos, la gente opte por agua o productos más saludables, como la fruta", explicó a Sputnik Yessika Hoyos, abogada especializada en derechos humanos y vocera de la campaña Dulce Veneno, impulsada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Hoyos explicó que la reglamentación vigente a partir del 1 de noviembre se aplicará "de forma gradual" sobre gaseosas y bebidas energizantes, incluyendo a las que vienen en polvo.

La experta recordó que la tarifa aplicada a cada bebida se medirá en función de la cantidad de gramos de azúcar que contengan cada 100 mililitros. Así, desde noviembre las bebidas que tengan entre seis y 10 gramos de azúcar pagarán 18 pesos colombianos extra (0,0044 dólares) y las que tengan más de 10 gramos pagarán 35 pesos adicionales (0,0086 dólares).

El impuesto también se incrementará con el paso del tiempo: la franja de entre seis y 10 gramos de azúcar pagará 28 pesos (0,0068 dólares) a partir de 2024 y 38 pesos (0,0093 dólares) desde 2025; y la mayor a 10 gramos será gravada con 55 pesos (0,013 dólares) desde 2024 y 65 desde 2025.

Hoyos destacó incluso que los montos dispuestos finalmente en el impuesto quedaron "un poco bajos" con respecto a lineamientos trazados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "ha recomendado impuestos muchísimo más altos". En efecto, en documentos oficiales, el organismo multinacional ha defendido la conveniencia de tributaciones que incrementen los precios de las bebidas azucaradas incluso hasta un 20%.

La normativa también introduce un impuesto a "productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas". Para este caso, el monto del impuesto se calcula en función de la cantidad de azúcar, grasas o sodio en función de las calorías que proporciona.

La abogada enfatizó la importancia de gravar también este rubro, representado particularmente por las "galletas empaquetadas", dado que "suelen venderse como si fueran saludables y en verdad te están enfermando".

Hoyos desestimó además los que considera "argumentos falaces" esgrimidos por la industria alimenticia durante el debate del impuesto en Colombia, con la intención de alertar sobre los posibles perjuicios que la reglamentación tendría para la industria colombiana y las familias más vulnerables.

"Se dijo que estos productos hacen parte de la canasta básica familiar, pero estos productos no deberían considerarse necesarios para una alimentación adecuada. Al contrario, no son alimentos y nos están enfermando", sentenció la especialista.

En esa línea, la OMS asegura que los impuestos a las bebidas azucaradas son eficaces para reducir enfermedades provocadas por su consumo, como la obesidad, la diabetes tipo 2 o la caries dental.

Hoyos aseguró que el impuesto defiende especialmente a las familias vulnerables en lugar de perjudicarlas, porque "el márketing va especialmente dirigido a ellos" y son los que tienen que afrontar mayores costos para el tratamiento de las enfermedades que provoca el consumo de estos alimentos.

Pero, a pesar de los avances, Hoyos reconoció que "estas medidas no funcionan solas", por lo que el Estado colombiano debería aplicar otras iniciativas para apuntalar el impuesto a los alimentos y bebidas poco saludables.En ese sentido, destacó la relevancia del etiquetado frontal y la divulgación de informes saludables en las escuelas, además de reclamar una regulación de la publicidad de este tipos de productos para limitar el "márketing muy agresivo" que ejercen sobre los consumidores.

"Todos los días los consumidores están viendo que un montón de productos se supone que te hacen fuerte y tienen vitaminas, pero no te informan que terminan afectando la salud de las personas", resumió la activista, enfatizando que América Latina sufre "una pandemia de enfermedades no transmisibles" derivada de la alimentación no saludable.

Hoyos hizo hincapié en que el impuesto fue posible gracias al empuje de las organizaciones sociales que enfrentaron el cabildeo de empresas, ya que "a la industria no le gusta que se la regule y pone un montón de obstáculos. Tienen que entender que los intereses económicos no pueden estar por encima de los derechos humanos", aseveró.