"Confiscatorio". "Desalienta a las inversiones". "Viola principios constitucionales". Tras la reglamentación del impuesto a la riqueza, nombrado oficialmente "Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", los empresarios locales reiteraron su rechazo a la iniciativa, impulsada por los diputados oficialistas Carlos Heller y Máximo Kirchner.

"Es un impuesto confiscatorio que atenta contra principios constitucionales por la doble imposición, y tampoco alienta mayores niveles de inversión. Además, podría estar vulnerando el principio de la irretroactividad. Me parece que es un impuesto que no debería haberse aplicado, como lo dije en su momento", manifestó José Urtubey, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la firma Celulosa Argentina.

A su vez, el dirigente empresarial criticó la reglamentación del impuesto a la riqueza que incluyó dentro de los bienes alcanzados por el aporte a los fideicomisos cerrados. "Se incorporaron conceptos que no fueron tratados en el debate parlamentario y así ampliaron la base imponible", planteó Urtubey.

En ese sentido, reclamó al Gobierno medidas inversas a las que introdujo el Aporte Solidario y Extraordinario. "Es mayor el efecto negativo por el desaliento a inversiones que el efecto positivo en la recaudación, que es limitado. En la Argentina tenemos que trabajar en cómo bajar la presión tributaria y no aumentarla", concluyó el empresario.

Por su parte, Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, sostuvo que el gravamen "es un grave error que perjudica al pueblo argentino" porque "promueve que la gente más rica" cambie de residencia fiscal y simplemente deje de tributar en el país. "Eso debilita al empresario argentino en relación con el resto de los empresarios y da lugar a que los que se fueron del país estén contentos de haberlo hecho", sumó.

Para Karagozian "es un error que, para recaudar 1% en un año, se perjudique el crecimiento de más del 2% anual en los próximos 20 a 50 años".

En tanto, Roberto Urquía, titular de Aceitera General Deheza, criticó que la ley solo alcance a contribuyentes locales. "Si no se soluciona el tema de que los tenedores argentinos de acciones de empresas radicadas en nuestro país que están funcionando en plena pandemia deben pagar el impuesto y las empresas extranjeras radicadas en el país con tenedores de acciones fuera del Argentina no pagan, eso es discriminatorio contra el capital nacional", dijo el exsenador.

"Eso le crea una competencia desleal a quien en estos momentos son los únicos que invierten en la Argentina. Pensé que en la reglamentación se iba a solucionar", concluyó Urquía.

Impuesto a la riqueza: qué plantea el Aporte Solidario Extraordinario

Aprobado por el Congreso mediante la ley 27.605, el Aporte Solidario y Extraordinario supone el cobro por única vez de una alícuota de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que superen los $200 millones y que estén en el país. En el caso de bienes que estén en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, y van del 3% al 5,25%. En ambos casos, los aportes son crecientes según el patrimonio de cada contribuyente.

Esta madrugada se conoció la reglamentación del impuesto, que sumó algunos puntos "cuestionables", pero también abrió otras posibilidades. Uno de los ítems más polémicos es la interpretación que persiste sobre la posibilidad de que los trusts irrevocables, una herramienta en la que una persona aporta sus fondos y pierde el control de ellos, sea gravado.

Por otro lado, la reglamentación confirmó la intención de rastrear "ardides evasivos" o elusivos hasta 180 días antes del 18 de diciembre, un punto que haría "retroactiva" esta ley, según los especialistas, pero que además se tornaría difícil de probar con respecto a las acciones de los contribuyentes.

Antes de la promulgación de la norma, las entidades empresarias más importantes de la Argentina salieron a dar su opinión en contra del aporte. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que congrega a los dueños de las principales compañías del país, afirmó en noviembre pasado que el impuesto afecta la propiedad privada; golpea la inversión, la producción y el empleo; y produce un "gran desaliento". Además, señaló que sube "significativamente la ya elevada carga tributaria" en el sector formal y advirtió sostuvo que profundizará los problemas que ya sufren las empresas en la pandemia.

Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) hablaba de "desacuerdo y preocupación" porque el proyecto "no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo y, consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes".

Por Esteban Lafuente y Sofía Terrile