El proyecto del kirchnerismo que propone pagar la deuda con el FMI con dólares de argentinos no declarados el exterior mediante un impuesto o "aporte especial" obtuvo dictamen de comisión en el Senado tras incorporar novedades sobre posibles sanciones a bancos y un resguardo para pequeños ahorristas. La bancada oficialista podría someterlo a votación en el recinto la próxima semana.

La iniciativa, que apunta a captar el 20% de los fondos y bienes "fugados y no declarados" en dólares que sean declaren voluntariamente, con el fin de crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", se discutió durante las semanas previas con la participación de funcionarios del Banco Central y economistas invitados.

Con mayoría suficiente para sortear el rechazo de Juntos por el Cambio en la comisiones de Legislación General y de Presupuesto, la bancada oficialista pasó el proyecto a la firma este miércoles, con una serie de cambios entre los que destacaron el rol que le darán al Banco Central (BCRA) en la búsqueda de los "fondos fugados" y un aumento del monto no declarado que tendrá que denunciar el "colaborador" para recibir una recompensa.

La discusión entre el oficialismo y la oposición tiene varias aristas. Parte de Juntos por el Cambio lo considera un "impuesto" y señala que por esa razón debería haber iniciado en la Cámara de Diputados y no en el Senado mientras que un sector mayoritario afirma que se trata de un "blanqueo" y cuestiona su eficacia. El kirchnerismo sostiene que no es ninguna de las dos cosas.

¿Cómo son los dos cambios clave en el proyecto que establece el impuesto a bienes sin declarar?

El encargado de informar las novedades durante la reunión fue el neuquino Oscar Parrilli, autor del proyecto junto al grupo de senadores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Entre ellos destacó que se incorporó en uno de los artículos que "si la AFIP detecta la existencia de bienes en un banco en el exterior y ese banco se niega a dar información o el Estado en el que se encuentra no tiene convenios firmados con la Argentina", podrá "requerirle al Banco Central que le pida a la filial o a ese banco en Argentina que se le brinde la información".

"Hacemos responsables a los bancos, porque es donde están los fondos, y ampliamos las facultades del Central para sancionar a los bancos locales que no colaboren con las investigaciones", indicó Parrilli, a la vez que precisó que el BCRA deberá fijar "una sanción específica" y "muy alta", que podrá llegar al extremo de la "revocación de la autorización para funcionar en el país".

Por otra parte, el senador informó que se cambió el monto mínimo exigido para que cualquier persona física o jurídica se presente como "colaborador", motivado por la recompensa que establece el proyecto, del 30% de lo encontrado. Esa cifra, que era de u$s2.000 subió a u$s500.000, para que "no parezca una caza de brujas contra la clase media".

"Queremos que quede claro que nosotros queremos ir contra los grandes evasores", agregó Parilli durante su exposición, y apuntó así a uno de los puntos que fue cuestionado por algunos de los especialistas que pasaron por las comisión.

Cuándo se votaría en el Senado y por qué la oposición lo rechaza

Con la firma del dictamen, el oficialismo tiene previsto llamar a sesión para votar la iniciativa el próximo jueves, según deslizaron fuentes parlamentarias a iProfesional. Con aliados, el Frente de Todos -convertido ahora en un interbloque con dos bloques- tiene los votos para aprobarlo y girarlo a Diputados.

Juntos por el Cambio no acompañará. Además de sus críticas porque el proyecto haya iniciado su camino en el Senado y no en la Cámara baja también cuestiona que se superpone con herramientas que el Estado ya tiene para perseguir la evasión fiscal y que se parece más a "un blanqueo".

El senador Martín Lousteau, que irónicamente le llama al proyecto "Ley Daniel Muñoz" en referencia al ex secretario de los Kirchner señalado como presunto "testaferro", insistió en que "hoy se puede ir a buscar a todos los que tienen bienes no declarados en el exterior con los más de 100 convenios que tiene la Argentina".

Además, el ex ministro de Economía subrayó que con la legislación vigente se puede "conseguir cuatro veces más plata que con este blanqueo", porque "hoy a un evasor se le cobra más del 38% de Ganancias, más multas e intereses y está ley propone solo cobrarle el 20%". Y advirtió: "Este proyecto beneficia a funcionarios que no deberían poder entrar".

Como quedó finalmente el proyecto

El oficialismo decidió avanzar con la iniciativa para crear el "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" y dejar de lado el proyecto complementario que buscaba modificar el secreto bancario, fiscal y bursátil con la idea de "seguir trabajándolo" en las próximas semanas, según indicaron Parrilli y el senador Daniel Bensusán, presidente de la Comisión de Legislación General.

La alícuota será del 20% de la totalidad de esos bienes para quienes los declaren "en forma espontánea y voluntaria" en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley, y se elevará a 35% si la declaración es fuera de ese período. Quienes no se allanen al pago "serán pasibles de ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria" y "corren el riesgo de tener una pena en prisión". 

Abarcará la tenencia de moneda nacional o extranjera; bienes inmuebles; muebles, incluido acciones y participación en sociedades, cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y otros similares; y "demás bienes en el exterior" que podrán ser "inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico".

El monto que se deba pagar será en dólares en efectivo y la AFIP podrá otorgar plazos de hasta 12 meses para su cobro. Además, los dólares para el pago tendrán que ser "del exterior, no pueden ser los que existan en la Argentina, sino repatriados".