En el área económica, el gobierno de Alberto Fernández arrancó el viernes de noche, cuando se tomaron las primeras medidas, entre las que destaca la vuelta de la "doble indemnización" por 180 días y la suba de las retenciones a la exportación. Y terminará de redondearse cuando sea presentado el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, algo que ocurrirá en el inicio mismo de la semana.

Esa iniciativa -junto con la Emergencia Económica- será la base del plan económico del Presidente. Definido por uno de los pocos funcionarios que trabajaron sobre ese proyecto: "Se trata de una ley compleja, amplia y que abarca numerosas áreas de la economía".

Será, ni más ni menos, que el puntapié inicial de la flamante administración; y entre sus puntos más relevantes contendrá la creación de un Consejo Económico Social, conformado por empresarios, sindicalistas y especialistas de varias áreas de la sociedad civil.

Ahora, con las nuevas retenciones, la expectativa política está centrada en cómo seguirá la relación política entre la Casa Rosada y el sector rural luego de las tensiones entre el kirchnerismo y el campo, que llegaron hasta diciembre de 2015. Nada menos. Y luego de que la administración Macri asumió quitando las retenciones para luego reinstalarlas en medio de la crisis -y a pedido del Fondo Monetario-.

Pero no sólo eso: el equipo económico tiene bajo análisis el mapa previsional. La intención de Alberto F. pasa por otorgar un incremento "de emergencia" a los jubilados que ganan "la mínima". Pero existe preocupaciòn en el Gobierno por el gasto total en ese renglón del Presupuesto, equivalente al 10,5% del PIB.

Justamente, uno de los pilares del plan tendrá que ver con el perfil fiscal que le dará a su Gobierno, al menos en el complicado inicio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya dio pistas de lo que pretende: "Nuestro objetivo es ir hacia el superávit fiscal primario, pero no podemos hacer más ajuste el año que viene", dijo la semana pasada, en su primer contacto con la prensa.

Guzmán dio la señal de estar al tanto de las restricciones que tiene la política económica, en medio de la recesión, la incertidumbre y la renegociación de la deuda que se viene.

Sin un recorte en el gasto público -ya definido de entrada-, la alternativa ineludible es el incremento de la recaudación de impuesto. Pero aun cuando el diagnóstico apunte a que hay cierto consenso político para avanzar en este tema, los expertos advierten que el agujero de las cuentas públicas será de tal magnitud que el ajuste impositivo que está en marcha podría resultar insuficiente.

Un informe de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), al que accedió iProfesional, brinda detalles sobre las necesidades fiscales de la Casa Rosada para el próximo año, y realiza ejercicios sobre la manera en que podría cubrirse el faltante. El escenario base -estipulando una inflación del 40% en 2020 y una caída del PBI del 1%, por el arrastre estadístico de este año- da cuenta de un rojo fiscal primario equivalente a 2% del PBI para el próximo año. Un agujero de unos $400.000 millones.

Es decir: si el nuevo Gobierno no tomara ninguna medida y se diera ese "escenario base", haría falta cubrir $400.000 millones.

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El informe de IARAF le pone números a esa presunción:

-Retenciones a la exportación:

Si se movieran a un nivel semejante al que tuvieron durante la última parte del gobierno de Cristina Kirchner, el Estado podría recaudar un monto adicional equivalente a 0,45% del PBI. A valores de hoy, unos $90.000 millones.

Para lograrlo habría que subir la retención a la soja del 25% al 35% (que tenía en la época de Cristina). Mientras que los derechos de exportación al trigo deberían elevarlo al 28%; al 25% en el caso del maíz y al 10% en el girasol. 

A su vez, los productos industriales tendrían que subirse al 10 por ciento.

Pero el cálculo del IARAF finalmente se reveló como excesivo: el aumento de impuestos para el campo -al menos en esta primera etapa- será menor al que preveían los economistas, dado que finalmente la soja tributará 30%, mientras que el trigo, el maíz y el girasol lo harán al 12%. Salvo en el caso del girasol, todos los cultivos tendrán un aporte tributario menor al que se estaba tomando como cálculo.

Pero además, estas cuentas no toman en cuenta una realidad: que los chacareros adelantaron parte de sus cosechas en los registros oficiales de exportación para evitar pagar (eventualmente) con la nuevas alícuotas de retenciones. Con lo cual, el poder recaudatorio de la AFIP con una suba de retenciones sería inferior al estipulado, al menos el próximo año.

-Suspensión de la Reforma Tributaria de 2017.

Por la ley de reforma impositiva de hace dos años, en 2020 deberían bajar las alícuotas de Ganancias que pagan las empresas, del 30% al 25%.

También tiene que ponerse en vigencia una baja en las contribuciones patronales. Y la posibilidad de tomar una porciòn mayor del impuesto al cheque en Ganancias, también para las compañías.

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Si estas tres partes de la reforma tributaria se suspendieran, el "ahorro" para el Estado sería equivalente a 0,5% del PBI (unos $100.000 millones). Dicho de otra manera: serían recursos que el Estado seguiría apropiándose y no cumpliriía con el espíritu de la ley de transferirle ese dinero al sector privado.

-Bienes Personales.

El ejercicio de IARAF -a cargo del especialista en temas fiscales Ariel Barraud- estipula que en el caso de que el Gobierno decidiera duplicar la alìcuota de Bienes Personales, con el objetivo de recaudar màs y darle màs progresividad al tributo, sumaría el equivalente a 0,15% del PIB; unos $30.000 millones adicionales a los que ya cobra.

Barraud no es tan optimista sobre el éxito que pueda tener la AFIP en juntar estos fondos adicionales: "Cuando un impuesto sube, la mejora de la recaudación no es lineal porque los contribuyentes agudizan el ingenio para tratar de eludir el pago", señala.

En resumen: según los ejercicios de IARAF, aun cuando el Gobierno aumente las retenciones, suspenda la Reforma Tributaria y eleve Bienes Personales al doble, todavía le quedaría por financiar el 1% del PBI, unos $200.000 millones.

Para tener una idea, el total de obras públicas de este año fueron equivalente al 1,2% del PBI (contra 2% de 2017 y del 2,7% de 2015), según cálculos de IARAF, lo que demuestra que tampoco hay espacio allí para hacer podas.

Impuesto al turismo, pensando en los dólares

Además de estos ítems analizados por los economistas expertos del área fiscal, puede haber otros que hagan su contribución a las arcas estatales. Entre los más importantes figuran los nuevos impuestos al turismo, todavía no comunicados oficialmente pero ya definidos por los funcionarios y hablados con los ejecutivos del sector. El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo justificó afirmando que "es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados". 

Concretamente, lo que está previsto es la aplicación de un impuesto -de al menos 20%- al uso de tarjetas de crédito o débito para compras en el exterior. Incluirá los pasajes de aviones que se compren desde Argentina y también los productos y servicios vía comercio electrónico, como los artículos "puerta a puerta" de canales como Amazon y servicios de internet como Netflix.

Sin embargo, los especialistas son escépticos en el sentido de que esta medida implique un incremento significativo desde el punto de vista fiscal, porque su propósito es más bien el de equilibrar la balanza de pagos. En otras palabras, no está pensado para que ingresen más pesos sino para que se vayan menos dólares.

La proyección es que en 2019 la balanza turística arroje un resultado neto negativo de u$s5.000 millones.

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El efecto típico de estos cargos al turismo es la caída en la salida de argentinos al exterior, así como de la compra de artículos vía comercio electrónico. En ese caso, el beneficio indirecto podría ser el de una canalización de recursos hacia los destinos turísticos argentinos y al comercio local.

Jubilaciones, en la mira

¿Alcanza entonces este set de medidas impositivas para terminar de ordenar un camino hacia el equilibrio fiscal?

Evidentemente, el Ejecutivo tiene el diagnóstico que no. Y por eso mismo también planea ponerle un impuesto a los gastos con tarjetas en el exterior.

Y no sólo eso. El equipo económico puso bajo análisis la posibilidad de desinflar la indexación del gasto previsional, que se actualiza cada tres meses con una fórmula que tiene en cuenta la inflaciòn y la evolución de los salarios, en una proporciòn 70 a 30 respectivamente.

Sería una manera de incrementar la fortaleza fiscal del Estado. Pero esa decisión política tiene una indisimulable contradicción: la reacción negativa de los jubilados que se perjudicarían con la medida.

En diciembre de 2017, y también con un Gobierno dotado de apoyo popular tras las elecciones de medio término, mandó un proyecto de cambio de fórmula al Congreso, lo que desató una severa crisis política.

Algunos economistas del oficialismo afirman que si no se toca la indexación, los jubilados podrían tener un aumento del 50% o 60% de sus haberes en 2020; muy por encima de la inflación del 40% a la que apunta el Gobierno.

Y en la City proliferan los malos augurios en el sentido de que si no se modifica esa fórmula indexatoria, el riesgo de una agudización inflacionaria está a la vuelta de la esquina.

La urgencia del Gobierno está clara: pretende mostrar un Presupuesto rumbo al equilibrio fiscal, que sería clave para renegociar la deuda con los acreedores y con el Fondo Monetario.

¿Le encontrarán una fórmula por el lado previsional, que no toque los beneficios de los que menos ganan pero perjudicando al resto de la pirámide? Es lo que se está definiendo por estas horas.

Un diputado oficialista del área económica, consultado por iProfesional, define: "Los jubilados votan a Macri; no a nosotros". ¿Será esa la clave que defina la cuestión?