La Legislatura de la provincia prevé aprobar la cesión de las acciones que tiene en la compañías (21,2%); se espera que este lunes la empresa Arc Energy presente su oferta formal para quedarse con la compañía; el Estado nacional tiene en su poder el 63,7%
Ignacio Grimaldi
Pese a las demoras y a algunos contratiempos, el Gobierno volvió a ganar velocidad en su ruta “privatizadora”. Se trata de la cesión de acciones de Impsa, empresa que fue fundada por la familia Pescarmona. La Ley Bases habilitó al Estado nacional a desprenderse del 63,7% de los papeles que tiene y ahora es el turno de Mendoza, que posee el 21,2% de los títulos de la compañía.
“No debería haber problemas”, aseguró una fuente oficial en relación al tratamiento que la Legislatura mendocina brindará a la cesión de acciones que posee la provincia. Incluso, desde la gestión del gobernador Alfredo Cornejo hicieron notar el contraste con las dificultades que atraviesa el Gobierno con Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas, y comentaron: “Quisieron privatizar y no lo hicieron o no pudieron, ahora la primera privatización va a salir de Mendoza”.
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De esta manera, la paulatina retirada del Estado de Impsa vuelve a ganar velocidad luego de la prórroga que había solicitado la empresa Arc Energy para presentar su oferta formal de capitalización de la compañía. En un primer momento, lo iba a hacer en agosto, pero tras la solicitud de extensión de plazos, aseguran que el próximo lunes realizarían la presentación formal de la oferta.
La compañía norteamericana Arc Energy busca quedarse con Impsa y asegura que el lunes presentará su oferta formal.
El 5 de julio Arc Energy y representantes del Ejecutivo nacional y de Mendoza firmaron una carta de intención que dio inicio a este proceso. Según informaron desde la compañía norteamericana, “la idea es quedarse con el total de la empresa”. En consecuencia, desde ese momento comenzó la etapa de due dilligence y mejoramiento de la oferta. Esto significa que Impsa empezó a compartirle información de la compañía para que su potencial nuevo dueño evalúe su estado y, sobre la base de sus deudas, proyectos, cantidad de empleados y cuestiones judiciales, formalice una propuesta para adquirir su control.
Tal como indicaron actores en este proceso, la oferta que originalmente iba a presentar Arc Energy se encontraba alrededor de los US$30 millones. Pese a la demora, desde una de las oficinas del Gobierno dijeron que están “esperanzados” con esta propuesta, pero admitieron que también recibieron consultas de “otros interesados”. En el caso de que cualquier tercero quiera presentar su propia oferta, podría hacerlo, pero correrá con desventaja, ya que primero debería firmar una carta de intención, algo que Arc Energy realizó el 5 de julio, y luego acceder al data room de Impsa, cuyo análisis de información demoró los tiempos.
El CEO de Arc Energy, Jason Arceneaux, conoció las instalaciones de Impsa en Mendoza y recorrió su Centro de Desarrollo Tecnológico. Estuvo allí al menos dos veces, en mayo y en junio. Según narraron a LA NACION representantes de la empresa norteamericana, fueron ellos quienes se acercaron al Gobierno para iniciar esta negociación por la capitalización de Impsa. “Es el complemento ideal para nuestra unidad de negocios y exportación de valor agregado”, sostuvieron.
Desde la gestión del gobernador Alfredo Cornejo celebran: "La primera privatización va a salir de Mendoza".Marcelo Aguilar
En el Gobierno evitan hablar de “privatización” en alusión a la venta de la totalidad de las acciones que el Estado posee de Impsa, dado que consideran que ya es una sociedad anónima aunque con control estatal.
Fuentes de la empresa interesada en la capitalización de Impsa describieron que parte de la dificultad del proceso previo a la presentación formal de la propuesta está relacionada a la deuda de más de US$500 millones que tiene la compañía. Esto obligó a Arc Energy a diseñar un plan de reestructuración y entablar diálogos con sus acreedores, entre quienes se encuentran el Banco Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La deuda millonaria de Impsa tiene su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando realizó un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujeron a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de la familia fundadora, tuvo que dar un paso al costado.
El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
En diciembre de ese año, el ministerio confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 el Gobierno anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza. Ahora avanza su venta.
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