Por: Carla Pelliza.

O fue torpeza o el camino empezó a ponerse áspero para el gobierno en Diputados. La Cámara Baja, la más fragmentada, le dio un golpazo a altanería de La Libertad Avanza cuando, por falta de quórum, no se pudo habilitar una sesión convocada para, entre otras cuestiones, discutir el blanqueo de armas. Este jueves, el oficialismo tendrá otra prueba de fuego, esta vez en comisión, con el intento opositor de tratar –y firmar dictamen de rechazo– el DNU que incrementó en más del 3.000% los fondos reservados de la SIDE mientras el Senado avanza con la movilidad jubilatoria en una avanzada conjunta entre Unión por la Patria y un sector de la UCR.

En filas dialoguistas, se habló de “torpeza”, de “impericia”, pero también se habló de una nueva etapa para el gobierno. En esta sesión, hubo un poco de todo. Por la polarización, el bloque convocante es el encargado de conseguir el quórum, en este caso La Libertad Avanza que no pudo o no quiso garantizar ni siquiera la propia presencia. Algunos no anhelaron someterse al conflicto de repudiar a sus propios compañeros.

También faltaron de otros bloques, tanto del PRO – con quejas por el funcionamiento de los ascensores - como de la UCR, que tuvo ausencias con aviso, y Hacemos Coalición Federal que no bajó para no habilitar discusiones que alimenten los polos de la grieta, según explicaron en un comunicado. Filas adentro, la jornada fue difícil y la tropa se le plantó firme a Miguel Ángel Pichetto. Emilio Monzó, muy enojado por los destratos del gobierno, no le dió lugar a ningún posible acuerdo y se puso del lado de no facilitar el quórum.

El armado comandado por Pichetto cambió de nombre en las últimas horas. Ahora es Encuentro Federal, la oficialización de la salida de la Coalición Cívica y puerta de ingreso a Innovación Federal para aumentar volumen.

La aprobación de ley Bases apareció como un antes y un después en la relación de espacios amigables y el gobierno, lo que no quiere decir que no haya acuerdos con el oficialismo, pero sí que no le va a ser tan sencillo. En este nuevo vínculo no impacta solamente la sanción de herramientas, sino el desmanejo de La Libertad Avanza y las cuestionables actitudes de Martín Menem en Diputados.

Los legisladores están cada vez más enojados, en los distintos espacios políticos. Los acuerdos incumplidos son parte de esta molestia. La conducción de Menem fue calificada como mala, poco conciliadora, con poca organización y planificación.

El PRO adoptó una posición todavía cómoda para el oficialismo. Para esta nueva etapa, un acompañamiento en lo que consideren positivo y un endurecimiento en caso contrario. En la sesión del miércoles, Cristian Ritondo hizo un comentario interesante, se quejó por el mal funcionamiento de los ascensores. La mayoría de los legisladores y empleados trabajan en el anexo A de Diputados, frente al palacio, sobre la calle Rivadavia. El jefe del bloque amarillo argumentó demoras por las fallas, en su andar, de los elevadores.

Más allá de que parece un comentario anecdótico, no es menor. Los empleados y los diputados tienen que perder varios minutos para trasladarse de un piso a otro, entorpeciendo las tareas y generando un mal clima de trabajo. El anexo tiene una veintena de pisos, contando entrepisos y subsuelos.

Los ascensores, por el uso, siempre se rompen pero, antes, solían tener mantenimiento y ahora no. De los nueve destinados al uso de empleados, cuatro dejaron de funcionar hace meses y no fueron reparados. Los diputados tienen cuatro elevadores de uso exclusivo, pero fallaron dos y esta semana se descompuso un tercero, lo que dejó uno solo en funcionamiento. El presidente de la Cámara argumentó no conseguir repuestos, pero el comentario, más allá de abordar una cuestión cotidiana, deja en evidencia la falencia en la gestión. Una de las críticas amarillas a LLA.

Las quejas públicas y la falta de amabilidad a la hora de colaborar con el gobierno para habilitar una sesión podrían marcar una nueva etapa, aunque en esta sesión hubo muchos condimentos que condicionaron ese análisis. El debate se cayó como una devolución a la mezquindad oficialista. En abril, cuando UP pidió una sesión para tratar el financiamiento universitario, cuando se cumplió la media hora de tolerancia para iniciar el tratamiento, faltaban 5 legisladores para el quórum. Se pidió una prórroga y Menem no la dio. Ojo por ojo.

Un diputado de un espacio aliado resumió una demanda clara al gobierno: que se ordene, que los proyectos se debatan realmente en comisión, que no se intente avanzar con una gran cantidad de iniciativas a la vez porque “es poco serio”. Entonces, empezó a aparecer un límite, se les comenzó a solicitar que sean conscientes de la correlación de fuerzas y que dialoguen más porque, si no, “no va”.

Este jueves, el oficialismo se enfrentará a otro desafío. A las 14, se reunirá la comisión bicameral de trámite legislativo para trabajar distintos decretos, todos del 2023. La oposición apunta a tratar, y dictaminar el rechazo, de los DNU orientados a la inteligencia nacional. De momento, el único incorporado en el temario es el que refiere a la intervención de la ex Agencia Federal de Inteligencia, en diciembre de 2023.

Unión por la Patria presentó una nota para que se incorporen los referidos a la disolución de la AFI y al incremento, en 100.000 millones de pesos, de fondos reservados. En caso de que el oficialismo no habilite esta ampliación del temario, se apostará a llevar los decretos directamente al recinto. Hacemos Coalición Federal y la UCR, en Diputados, ya se manifestaron en contra del incremento presupuestario para la SIDE.

Según la ley que regula el tratamiento de los decretos, la comisión de trámite legislativo tiene un plazo de diez días hábiles, contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse acerca de la herramienta del Ejecutivo. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, las Cámaras pueden abocarse a su tratamiento. Es lo que se intentará hacer la semana que viene si este jueves no se avanza en comisión.

En esa reunión, Unión por la Patria es mayoría ya que tiene seis bancas sobre un total de 16. Las otras se dividen en tres para LLA, dos para el PRO, otras dos para la UCR, una para el MID de Oscar Zago, otra para Carlos Espínola, de Unidad Federal y uno para el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Este último espacio fue perjudicado por el oficialismo cuando decidió no darle una silla en la bicameral de inteligencia, y calentó los ánimos que, por ahora, no se calman.

En el Senado también el oficialismo sufrió un revés. Unión por la Patria se hizo con el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se discutió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta iniciativa ratifica la media sanción de Diputados y contó con el acompañamiento de dos radicales, Martín Lousteau y Pablo Blanco en disidencia, además del santacruceño José María Carambia. El boina blanca Fabio Fama se comprometió a sumar su firma.

Lousteau y Blanco son dos senadores radicales que ya sumaron sus voluntades para rechazar el DNU 70/23 en el Senado. En el caso del presidente del Comité Nacional, tomó la decisión de acompañar este dictamen porque siempre fue su posición. Una vez más, de momento quedó en minoría dentro del espacio centenario.

La iniciativa contempla el índice de inflación como referencia de actualización y un ajuste anual del 50% del aumento de la variación salarial. Además, contempla que el haber mínimo no puede ser inferior a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, e incorpora un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos perdidos por la inflación de enero.

El oficialismo quiere, por el contrario, eliminar la garantía del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica, también el pago a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales, además de no estar de acuerdo con la recomposición del 8% ni con la retroactividad de las actualizaciones. Si los 33 de Unión por la Patria, los tres radicales y el santacruceño no se ausentan y votan afirmativamente en el recinto, debería sancionarse la ley, lo que pondría al presidente en la difícil posición de vetarla (o no) para defender el superávit.