Referentes de distintos espacios políticos se manifestaron ayer sobre la resolución judicial que paralizó los planes sociales que, según la oposición, el gobierno pretendía usar para financiar la campaña.

Desde el Frente de Todos expresaron que la medida “es la respuesta a un intendente que quiere utilizar una situación de necesidad, como la que viven miles de vecinos de nuestro distrito, con un sentido meramente electoral”.

“Es vergonzoso que Ducoté juegue así con algo tan delicado como el hambre que vive la gente, que quiera usar la situación de pobreza que sus propias políticas generaron para torcer la voluntad de los pilarenses”, agregaron en un comunicado. 

En ese sentido, explicaron: “El audio que conocimos la semana pasada confirmó lo que hace tiempo veníamos advirtiendo: que Ducoté estaba usando los fondos municipales, valiéndose de microcréditos y reglamentando programas y hasta intentando usar una emergencia alimentaria, no con el fin de resolver la dura realidad que vive la gente, sino con el único objetivo de comprar su voluntad y revertir un resultado que es totalmente irreversible”.

Para el diputado provincial massista Jorge D’Onofrio, “fue una muy buena señal que dio la justicia federal a los vecinos de Pilar”. 

“El fallo indica que no solo no se pueden disponer fondos que comprometan a otra gestión, sino que lo central fue que le puso límite al clientelismo que propuso el intendente Ducoté”, disparó.

Y opinó que “no solo mostró lo peor de la política, sino que dejó aflorar lo peor de la condición humana, desde una posición de poder lucrar con la necesidad de la gente para obtener un voto a cambio”.

El oficialista Gustavo Trindade, presidente del Concejo Deliberante, manifestó: “No es sobre la decisión de una jueza que tengo que opinar. Soy respetuoso de la decisión de la Justicia, yo opino de política y la política se dirime en la arena política”.

El concejal vecinalista Gabriel Lagomarsino cuestionó la medida judicial: “La resolución parece no cumplir con uno de los prerrequisitos de una medida cautelar, esto es, que exista peligro en demorar su dictado. Para mí es evidente que no se trata de ‘un caso excepcional, de suma urgencia’, como sucede en los ejemplos que cita el escrito”.

A la vez, señala que “parece subestimar a los ciudadanos, estigmatizando a los pobres, al afirmar que ‘la ayuda social legalmente dispuesta podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados’”.

“Pensar que, por entregar ayuda económica o alimentos, hará que alguien cambie su decisión de voto, es cuanto menos una mirada muy distorsionada sobre las razones del voto. Esa forma de hacer política, al menos en Pilar, no existe ni volverá a existir”, sostuvo.