Caída del consumo

Por Florencia Medici *

El tipo de cambio es una herramienta de política económica, no un objetivo en sí mismo. Si la decisión es crecer, generando empleo y protegiendo los ingresos de las mayorías, el mercado cambiario debe ser regulado y el tipo de cambio no debe estar unificado. La eliminación abrupta de cualquier regulación por parte del Estado sobre el mercado de moneda extranjera, en una economía con problemas estructurales de escasez de dólares como la argentina genera movimientos bruscos en el tipo de cambio. En un país donde la mayor proporción de las ventas externas son alimentos y derivados, y gran componente del consumo final y de los insumos de las empresas nacionales son importados, el encarecimiento del tipo de cambio se traslada a precios. Si además se plantea un único tipo de cambio, que implica eliminar indiscriminadamente las retenciones (correctamente llamadas derechos de exportación), ese traslado a los precios no sería desdeñable.

La redistribución de ingresos desde los asalariados y los empresarios industriales hacia los sectores exportadores produciría una caída del consumo, la inversión doméstica y, por consiguiente, del empleo. Sin embargo, en los últimos días algunos economistas sostuvieron que la eliminación del mal llamado “cepo cambiario”, esto es, la regulación de la compra de moneda extranjera para ahorro, eliminaría la pobreza y el hambre. También se dijo que tener un único tipo de cambio (tanto para exportar, importar, producir o ahorrar) no afectaría la actividad económica y el empleo.

Entonces: ¿cuál es la explicación para sostener tales afirmaciones? Por un lado, una manera de argumentar que un único tipo de cambio resultaría beneficioso es suponer que la nueva situación cambiaria provocaría un ingreso extraordinario de Inversión Extranjera Directa (IED). Estos capitales sostendrían la actividad económica evitando la pérdida de empleo que podría generar la fuerte devaluación. No obstante, es importante recordar que los informes de Cepal advierten que, en América del Sur (excepto Brasil), el 40 por ciento de la IED se orientó a actividades extractivas durante el período 2007-2011 y sólo el 16 por ciento al sector industrial, que es el sector relevante para pensar en la generación de empleo. Estos datos confirman que la IED refuerza las características estructurales de la región y, además, aporta un saldo neto de dólares menor a lo esperado, pues en ese mismo período, los egresos por concepto de utilidades alcanzaron el 92 por ciento de los ingresos de esos capitales.

Por otro lado, una manera de eludir los efectos negativos de una devaluación es evitándola. ¿Cómo sería esto posible en un contexto de fuerte corrida al dólar? Con endeudamiento externo. Esta fue la situación de los últimos años de la convertibilidad, cuando el sector público se constituyó en el proveedor de las divisas requeridas por la salida de capitales. Dicho de forma sencilla: el endeudamiento externo público se convierte en una herramienta de política económica para garantizar los dólares necesarios para que el sector privado convierta los recursos indispensables para la producción nacional en activos externos. Esta dinámica tampoco es sostenible y, tarde o temprano, la devaluación se vuelve inevitable.

¿Es la compra de moneda extranjera sin control un objetivo de la política pública que deba ser priorizado sobre cualquier otro? Entre 2007 y 2011, el 43 por ciento de las operaciones de compra de dólares en el mercado legal de cambios fue por montos de más de 100.000 dólares. Además, el total de activos en el exterior sumaban –en 2012– 374.000 millones de dólares, equivalente a dos tercios del PBI de ese año. Entonces ¿a quién beneficia un mercado de cambios sin regulaciones?

El empresario que produce para el mercado interno necesita vender sus productos, el trabajador necesita tener un empleo para poder consumir esos bienes, el inversor necesita importar insumos y bienes de capital, el turista necesita dólares para viajar y el exportador necesita vender sus productos en el exterior. Demasiados objetivos para una sola herramienta de política económica. No se puede cumplir todos estos objetivos con un tipo de cambio único e igual para todos, al menos sin dejar afuera a gran parte de la población. En conclusión, es necesario tener objetivos claros y que la política económica se enmarque en el logro de tales propósitos. También es importante que se explique cómo esos instrumentos generarán las metas que se enuncian. La economía no se explica con buenas intenciones, fe o magia.

* Docente de la Universidad Nacional de Moreno y >Universidad de Buenos Aires.

En manos del mercado

Por Esteban Kiper *

El equipo técnico de Cambiemos-PRO comenzó a echar luz sobre su programa de gobierno. En el frente económico expresaron que en caso de ser electos, apostarían a unificar el mercado cambiario, dando por terminadas las restricciones cuantitativas. La política comercial dejaría de hacer uso de la administración del comercio, liberalizando el acceso de todas las importaciones. En materia de política agropecuaria adelantaron que eliminarían las retenciones al maíz, trigo, girasol y productos de las economías regionales, la reducción de 5 puntos de las retenciones a la soja, y la eliminación de los cupos de exportación. En el terreno energético se proponen eliminar los subsidios a la demanda de energía eléctrica y gas natural. La pertinencia de cada una de estas medidas no es objeto de análisis de esta nota. Indagaremos sobre la consistencia de una política macroeconómica que supone aplicar este paquete en simultáneo, y sin escalas. Que de eso se trata la macroeconomía. No sólo qué hacer, sino cómo y cuándo.

La unificación del mercado cambiario implicaría una devaluación que los equipos técnicos de Cambiemos ubica en torno al 60 por ciento. La devaluación se traslada de forma directa al precio de los bienes que se exportan o importan. Debiéramos esperar entonces un aumento del orden del 60 por ciento en el mes de diciembre sobre insumos industriales, maquinarias, autos y alimentos.

Si al empujón de la devaluación sobre los precios de los alimentos sumamos la promesa de eliminar retenciones y cupos de exportación, el salto en el precio de la canasta básica alimenticia difícilmente sería menor al 100 por ciento. Hoy el tipo de cambio que opera como referencia para la fijación del precio de los alimentos es del orden de los 6,5 pesos por dólar. La eliminación de retenciones y la devaluación a 15 pesos por dólar supondría más que duplicar el tipo de cambio de referencia para la canasta básica, y el proporcional traslado a precios de góndola.

Consideremos adicionalmente el impacto que tendría la eliminación de subsidios energéticos sobre la inflación. La tarifa eléctrica que hoy se encuentra fuertemente subsidiada en todo el país experimentaría un salto que podría ir del 300 al 1500 por ciento según el distrito. El gas podría subir entre 200 y 500 por ciento. Y queda por conocer la decisión que adoptarán en relación al subsidio al trasporte.

Sólo la apertura del comercio operaría cómo compensador del fuertísimo sesgo inflacionario que supondría aplicar la política económica de Cambiemos. Al liberar el acceso de las importaciones, los bienes de consumo durable podrían estabilizarse, o incluso bajarían en algunos casos. ¿Con qué consecuencia? La desaparición de empresas que necesitan de la protección comercial para no sucumbir frente a la competencia china. Y vale la pena reforzar esta idea: hay sectores, como el textil, el calzado, o los juguetes, que son intensivos en mano de obra, y no tienen chances de competir con sus pares chinos en condiciones de libre mercado, a cualquier tipo de cambio real.

¿Qué se debería esperar entonces de la eventual aplicación de este paquete? Sin dudas, un fuerte salto inflacionario, con incrementos de precios más significativos en alimentos y servicios públicos, y un aumento del desempleo por mortandad de empresas que producen bienes durables.

Los trabajadores, ¿aceptarían la nueva distribución del ingreso que surgiría del salto en el nivel de precios? ¿O demandarían aumentos salariales que permitieran sostener su poder adquisitivo? La historia económica argentina brinda ejemplos en ambos sentidos. En contextos de pleno empleo y elevado nivel de sindicalización, los shocks inflacionarios fueron resistidos por los trabajadores, estableciéndose de hecho regímenes de alta inflación, con precios subiendo por sobre el 50 por ciento anual, indexación y acortamiento de contratos. En cambio en contextos de elevado desempleo, como en 2002, los shocks de precios fueron absorbidos por los salarios, diluyéndose rápidamente la inflación, pero con elevadísimos costos en materia de salario real, pobreza e indigencia.

El panorama ante la posibilidad de triunfo de un frente que pregona estas ideas, bajo cualquiera de las hipótesis analizadas, es preocupante. Las políticas de shock no permitirían administrar los costos de un ajuste. Cuando la economía se deja en manos del mercado en materia cambiaria, comercial y tarifaria, el reparto de esos costos se define por la relación de fuerzas que emana del propio mercado. Que rara vez es favorable a los sectores populares. La transición a un nueva configuración macroeconómica, que termine el proceso de adaptación a las nuevas condiciones que impone la economía mundial, debe tener al Estado como actor principal, marcando el ritmo, los tiempos y la profundidad de cada política; y defendiendo a los más vulnerables, a los trabajadores y a las empresas nacionales.

* Economista.