El impacto del golpe en la alianza energética

El impacto del golpe en la alianza energética

YPF de Bolivia le confirmó este lunes a IEASA que se vio forzada a reducir las entregas de gas por la toma de instalaciones petroleras.

 

La creciente inestabilidad política y social que derivó en un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales este domingo, genera inquietud del lado argentino no solo por las consecuencias políticas que podría provocar una escalada de violencia en el país vecino sino también por el impacto económico derivado de una mayor desestabilización debido a la dependencia del gas boliviano. YPF de Bolivia le confirmó este lunes a IEASA (ex Enarsa) que se vio forzada a reducir las entregas de gas porque "grupos de personas tomaron el campo Carrasco y estaciones de bombeo y compresión de hidrocarburos". 

Argentina ha mejorado su producción de gas de la mano de Vaca Muerta, pero sigue teniendo una balanza sectorial deficitaria en el invierno y Bolivia es clave para garantizar el suministro sin inconvenientes cuando el consumo crece. Según cifras oficiales a las que accedió PáginaI12, en el invierno se importaron de Bolivia aproximadamente 20 millones de metros cúbicos diarios, cifra equivalente al 12 por ciento del consumo, mientras que el promedio anual es de 13,7 millones de metros cúbicos diarios, un 10 por ciento del total de la oferta.

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En lo que refiere a los precios, Argentina llegó a pagar 10,96 dólares por millón de BTU en 2012, cuando desembolsó un total de 1911 millones de dólares. Luego esa cifra fue bajando gradualmente hasta tocar un piso de 3,96 dólares por millón de BTU en 2016, lo que demandó una erogación de 862,9 millones de dólares. Desde entonces el monto que demanda la importación de gas desde el país vecino ha vuelto a subir. En 2017 se pagaron 4,83 dólares por millón de BTU, lo que sumó un total de 1180 millones de dólares, mientras que el año pasado el precio trepó a 6,09 dólares y el desembolso total sumó 1351 millones de dólares

A raíz del monto creciente destinado a la importación, el año pasado el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, intentó forzar una renegociación de los precios, calculados a partir de una canasta de líquidos que incluye gasoil y fuel, los cuales habían estado subiendo de la mano del barril de petróleo. Como la negociación estaba empantanada, el ahora intendente electo de Capitán Sarmiento tuvo la polémica idea de reducir de manera unilateral de 15 a 10 millones de metros cúbicos diarios el gas importado en octubre para enviarles un mensaje a los bolivianos.

El gobierno de Evo Morales respondió ejecutando una garantía del Banco Nación por 140 millones de dólares debido al incumplimiento de Argentina. Iguacel dejó trascender que evaluaba recurrir a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, pero fue desplazado de su cargo y Gustavo Lopetegui se hizo cargo de la negociación para intentar recomponer la relación.

Finalmente el 14 de febrero de este año se acordó con Bolivia una nueva adenda, la cuarta desde que se firmó el contrato en octubre de 2006, con un esquema diferente de precios y cantidades, y con mayor estacionalidad en las entregas para el período 2019-2020. El acuerdo contempló una mejora en el precio del gas para Bolivia (6,4 dólares por millón de BTU) y una mayor importación en volúmenes, pero Energía informó que se acordó eliminar la cláusula de take or pay (tomar o pagar) que obligaba al país a comprar un mínimo de 16 millones de metros cúbicos diarios en verano o pagar una multa. De ese modo, Energía detalló que Argentina desembolsaría 149 millones de dólares más por año por el gas importado, pero se ahorraría 376 millones anuales correspondientes a la cláusula take or pay, quedando un saldo a favor de 227 millones.

El nuevo pacto contempló una redefinición de los meses correspondientes a invierno, con una distinción entre aquellos considerados "pico" y "resto". Junio, julio y agosto continuaron siendo “pico”, atendiendo a la fuerte demanda local, mientras que mayo y septiembre pasaron a ser considerados “resto”. En esa misma adenda se estableció que en los meses de “verano” (enero a abril y octubre a diciembre), YPF Bolivia entregue 11 millones de metros cúbicos de gas por día, en mayo y septiembre 16 millones diarios y en el pico del invierno, entre junio y agosto, 18 millones de metros cúbicos al día.

El dato de color fue el establecimiento de un avión Pampa III como premio si Bolivia entregaba más de 18 millones de metros cúbicos diarios en invierno y 16 millones diarios en mayo y septiembre. Como el gobierno de Evo Morales cumplió con esa cláusula, Argentina tendrá que entregarle el avión. Energía aclaró oportunamente que aún si tuviera que pagar la cláusula saldría ganando ya que el valor del avión es menor a lo que se hubiese tenido que desembolsar para reemplazar el gas boliviano por combustibles líquidos.

 

Como consecuencia del acuerdo, hasta septiembre la importación de gas demandó 1000 millones de dólares y se espera que termine redondeando poco más de 1200 millones en todo 2019, una baja sustancial respecto a los 1450 millones de dólares proyectados a comienzos de año. Bolivia aceptó recaudar menos a cambio de un compromiso, rubricado en un Memorando de Entendimiento, para ampliar la frontera de cooperación energética bilateral. El país del Altiplano apuesta a comercializar gas natural de modo directo a grandes usuarios industriales de Argentina, desarrollar proyectos para que YPF Bolivia participe en el abastecimiento a futuras plantas de licuefacción destinadas a la exportación de GNL desde el país, abrirle el juego para eventuales inversiones en campos petrolíferos argentinos, así como avanzar en cooperación científica y tecnológica en materia de biocombustibles. Este compromiso fue reafirmado en abril cuando Evo Morales visitó Argentina y se reunió con el presidente Mauricio Macri.

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