Ilarraz, suspendido en forma temporal en el ejercicio de su función sacerdotal, se ordenó en 1984 en el Seminario de Paraná, donde luego, en 1985, ocupó el cargo de prefecto de disciplina y director espiritual de los jóvenes que aspiraban al sacerdocio. En 1993, un poco antes de que la Iglesia de Paraná ordenara una investigación interna en su contra por denuncias de abusos, viajó a Roma, donde estuvo hasta 1997, cuando regresó al país. Pero no a Paraná: se afincó en Tucumán y allá fue recibido como un integrante más del clero, hasta que fue suspendido, en septiembre de 2012.

Karlic fue el superior de Ilarraz cuando ocurrieron los abusos. Y Puiggari ocupó por esos años el cargo de rector del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo entre 1992 y 1997, y fue quien primero tomó conocimiento de hechos luego de que una víctima se lo comentara a un seminarista, el hoy sacerdote Pedro Barzán. Fue entonces que Puiggari puso al corriente a Karlic, y Karlic ordenó aquella investigación de 1995 que concluyó con una sanción: lo expulsó a Ilarraz de la diócesis en 2012.

Desde entonces, la justicia avanza con dificultad en una investigación penal que busca determinar la responsabilidad del cura en los casos de abusos que ocurrieron entre 1985 y 1993. Las víctimas, siete que dieron su testimonio en Tribunales, contaron de qué modo, mientras eran alumnos pupilos, fueron abusados por Ilarraz. Y aunque la defensa del cura ha pretendido conseguir que se declaren prescriptos los delitos que se le imputan, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha dicho que los hechos deben investigarse.

Pero antes de que la Justicia empezara a desovillar el intrincado tejido, la Iglesia ya había ordenado su propia investigación interna. El 5 de julio de 1995, el entonces arzobispo Karlic firmó un decreto por el que encomendó al abogado sacerdote Silvio Fariña “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano. Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia. A las víctimas, se les impuso el secreto, y así se hizo: no hablaron hasta que el escándalo estalló, cuando fue publicado en septiembre de 2012 por la revista Análisis.

El 18 de noviembre último, la Justicia le puso punto final a los cabildeos en torno a una discusión de forma en la causa Ilarraz. Ese día, la Cámara de Casación Penal del STJ rechazó el pedido de prescripción planteado por la defensa del cura Ilarraz con lo cual el expediente de la causa volvió al tribunal de origen, el juzgado de Instrucción 3, ahora a cargo de Susana María Paola Firpo, y denominado juzgado de Transición 2.

La conducta del cura mientras fue prefecto del Seminario Arquidiocesano de Paraná, entre 1985 y 1993, quedó probada a partir de las “declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor”. Fue a partir de la investigación que Karlic había ordenado realizar en 1995 y que revelaron “el daño producido a personas e instituciones”, daño que, entendió la curia, debía ser “reparado y evitado en el futuro” y que quedó probado a partir de “cuatro testimonios” que “de forma unánime así lo afirman”.

Ilarraz fue investigado entonces por la Iglesia, y es investigado ahora, a partir de la causa penal que se abrió en 2012 y que ahora tramita la titular del Juzgado de Transición 2 caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”. En el marco de esa investigación judicial, la jueza dispuso que tres de las siete víctimas que denunciaron a Ilarraz por los abusos que soportaron cuando eran adolescentes y permanecían como pupilos en el Seminario, reconozcan como propias cartas enviadas al cura y que Ilarraz presentó como pruebas.

Nuevas pruebas

Firpo dispuso el 28 de abril último que las tres víctimas asistan a Tribunales –lo hacen por tercera vez en el marco de la causa Ilarraz— “a fin de que realicen el reconocimiento de la documental presentada en la causa”. Fue después de que la Sala Penal del STJ rechazara el planteo de prescripción presentado por los defensores Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz.

La estrategia de Ilarraz, al parecer, es aplazar las definiciones, particularmente la que tiene que adoptar la jueza Firpo respecto de la situación procesal del cura: el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull ya pidió el procesamiento de Ilarraz, petición sobre lo cual la magistrada no se expidió. En cambio, accedió a poner fecha de la ampliación de la indagatoria solicitada por el cura: será el 15 del actual.

Aunque la jueza mandó publicar a través de la oficina de prensa de tribunales la resolución a través de la cual ordenó la presencia nuevamente de las víctimas en su despacho, hubo un dato que incomodó a las víctimas: la resolución contenía las iniciales de las tres víctimas. Uno de los denunciantes de Ilarraz, que este miércoles estuvo tribunales mostró su malestar por la ventilación de sus iniciales, hizo saber de su incomodidad por tener que recurrir nuevamente al despacho de la jueza y el fiscal Ramírez Montrull le hizo notar a Firpo esa situación.

Lo más relevante de la presencia de la víctima fue el dato que reveló: que Ilarraz continuó enviándole cartas aún después de la sanción que le impuso Karlic en 1996, a través de la cual le prohibió seguir en contacto con los seminaristas. El cura repitió esa conducta con todas las víctimas que lo acusan de abuso: les remitía cartas, postales, estampas de santos y vírgenes.

Una de las víctimas conserva una de esas fotos que Ilarraz enviaba. Ilarraz está en la Plaza de San Pedro, en Roma, con una carpeta en una mano, y mira a la cámara. Un día soleado, sin mucha gente. En el reverso está la fecha: 23 de enero de 1994. Está dirigida a la madre de una de las víctimas.

Ilarraz siempre estuvo cerca de los menores: fue prefecto de disciplina y estuvo a cargo de los primeros años del secundario, el denominado Seminario Menor, y fue comisionado por Karlic para ser promotor de vocaciones sacerdotales. Solía recorrer aldeas cercanas a Paraná para convencer a las familias de enviar sus hijos al Seminario para formarse como futuros sacerdotes.

Una carta suya, publicada en el Boletín 5 del Seminario de agosto-marzo de 1991, Ilarraz alentaba a los responsables de las escuelas católicas de la diócesis a enviar alumnos de séptimo grado a participar del denominado encuentro vocacional; de paso, le pedía que fueran no sólo con la vocación sino también con un aporte económico para sostener al Seminario. “Ustedes deben hacer tomar conciencia a los chicos que con esta colaboración, por pequeña que sea, están ayudando, están sosteniendo una vocación sacerdotal, y puede ser que Dios se valga de este pequeño gesto de caridad para llamarlo a él o a muchos otros chicos para que sean sacerdotes”, les decía.

Muchos de los que llegaron al Seminario con esa intención, seguir la vocación sacerdotal, no pudieron mientras Ilarraz estuvo ahí adentro: se alejaron del Seminario, algunos de la Iglesia, y ahora lo denuncian por abusos.

Fundamentos

Los fundamentos del fallo de la Sala Penal del STJ que resolvió rechazar el planteo de prescripción formulado por la defensa del cura Justo José Ilarraz se conocerán el próximo lunes 18 de marzo a las 12.30.