Dos mujeres claves para el proyecto político y electoral de Mauricio Macri se han distanciado públicamente. A pesar de todo, Elisa Carrió y Patricia Bullrich son solo la expresión de un problema y de un desafío mucho más profundos que lo que parecen a simple vista. El problema es la inseguridad, que en los últimos dos años provocó la muerte a manos del delito de 3753 personas inocentes. Son cifras muy inferiores a las de México o Brasil, pero es un número significativo si no reducimos el valor de la vida a una mera estadística. La inseguridad (y la impotencia del Estado) tendrá hoy un hecho tan emblemático como humillante para los argentinos: el partidode dos equipos locales por la copa continental ( Boca y River ) deberá jugarse en Madrid.

Aquí no hay garantías ni siquiera para que los jugadores lleguen sanos y salvos al campo de juego. Un desastre sin paliativos.

Párrafo aparte merece el poder sin límites ni medidas de las barras bravas. Existen desde hace muchos años con espacios crecientes de violencia y discrecionalidad. Ningún dirigente político ni, mucho menos, la dirigencia deportiva (cómplice en casi todos los casos) pudo contener o desterrar a esas organizaciones delictivas, que se financian con el dinero ilícito de los propios clubes. La cima del poder la conocieron en 2009, en tiempos del kirchnerismo, cuando se creó Hinchas Argentinos Unidos, una organización de más de 30 barras bravas identificadas con la facción entonces gobernante. Participaron en 2010 del Mundial de Sudáfrica, donde varios de sus principales dirigentes fueron deportados no bien llegaron. Con todo, el apogeo de las barras bravas se le debe al grondonismo en la AFA , porque fue Julio Grondona el que las usó como fuerza de choque para conservar su inmenso poder en el fútbol. Dinero y miedo fueron las herramientas de Grondona para durar hasta morir en el poderoso cargo de presidente de la AFA. El jueves pasado, la Cámara de Diputados no pudo (o no quiso) avanzar sobre un proyecto de ley sobre las barras bravas que Bullrich viene impulsando desde hace dos años. ¿Incapacidad o complicidad? Sea como sea, la política se entretuvo con los "trapitos", los que cuidan los autos durante los partidos, para esquivar sanciones mayores a los barrabravas.

El desafío consiste, precisamente, en que la democracia encuentre soluciones al problema de la inseguridad, antes de que aparezca el salvador inmoderado que nunca falta. Una clara mayoría social está reclamando una acción eficaz contra el reino del delito, según todas las mediciones de opinión púbica. Durante el kirchnerismo se gastaron demasiado tiempo y muchas palabras para justificar el robo y la muerte injusta como consecuencias de las condiciones sociales. Es el prejuicio de que los pobres son delincuentes cuando no lo son (son víctimas, más bien) y, al mismo tiempo, la aceptación implícita de que no solucionaron nunca el problema de la inopia social. No obstante, el kirchnerismo mató a más delincuentes que el macrismo, según estadísticas del Ministerio de Seguridad. En 2014, murieron 96 personas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, y 83 en 2015. La cifra se redujo a 46 en 2016, y a 38 en 2017.

El protocolo de Bullrich para el uso de armas de fuego es lo que la distanció de Carrió. Si bien se mira lo que hizo la ministra, resaltan dos objetivos. Ordenar lo que tienen que hacer (y pueden hacer) las fuerzas de seguridad y ordenar también la doctrina jurídica para que los jueces no tengan tanta discrecionalidad en el juzgamiento de policías, gendarmes y prefectos investigados por hechos que, en mucho casos, forman parte del cumplimiento del deber. Es cierto que hay cientos de uniformados procesados permanentemente por la Justicia por actos que corresponden a su trabajo. Carrió se aferra, en cambio, a la historia de policías inexpertos y, muchas veces, cómplices del delito para oponerse a un protocolo que considera extremadamente ambiguo. Ella sabe que esa posición la alejará de muchos sectores sociales, los mismos que están reclamando más rigor en la represión del crimen. Carrió se propuso llevar la protección de la policía al Código Penal, una modificación que debe ser aprobada por el Congreso. El próximo año electoral pronostica que un proyecto de esa naturaleza será de tratamiento improbable hasta después de las elecciones presidenciales de octubre próximo.

La posición de Carrió es compartida, de alguna manera, por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien se rehusó a homologar el protocolo Bullrich en su provincia. El argumento es verosímil: una cosa son las fuerzas federales, para las que legisla Bullrich, y otra cosa es la policía bonaerense. Los nuevos policías ahí son muy jóvenes. Y nadie sabe qué hacen los viejos. De hecho, la gobernadora debe vivir en una base militar, no por temor al delito, sino a la policía cómplice del delito. Bullrich consultó su resolución con abogados, jueces y hasta con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Todos le aconsejaron que era conveniente una resolución que les diera nuevas directivas a las fuerzas de seguridad, pero faltó, tal vez, que un jurista de prestigio saliera a avalar y explicar públicamente el protocolo.

La síntesis periodística suele ser fatal en algunos casos. Por ejemplo, el protocolo no habilita a la policía a disparar sin dar la voz de alto. Puede hacerlo solo en casos excepcionales. En la situación, por caso, de un delincuente armado que está entre personas inocentes. La voz de alto podría desatar una balacera y herir o matar a terceros no involucrados en el caso. La voz de alto sigue vigente para todos los otros casos. Y la facultad de disparar un arma de fuego se justificará solo en situaciones de inminente peligro de vida. Los efectivos policiales no usarán armas letales para reprimir manifestaciones ni protestas. El desafío consiste, al final, en encontrar un camino intermedio entre la policía incompetente e impotente y la que podría jugar al tiro al blanco con presuntos delincuentes.

El Gobierno se sorprendió porque sus decisiones son conversadas con Fernando Sánchez, un lilito que ocupa un alto cargo en la Jefatura de Gabinete, y con José Manuel López, otro lilito que es diputado nacional. "Ellos aprueban las decisiones y Lilita los desautoriza luego", rezongan. Cualquiera que conoce a Carrió sabe que hay algunos temas que son muy sensibles para ella: los derechos humanos y la financiación de las campañas electorales, por ejemplo. Ella nunca aceptó la financiación privada a sus campañas electorales. Esa posición no puede ser trasladada a toda la coalición Cambiemos, pero requiere de una negociación muy precisa sobre el cuándo, el cómo y el cuánto. Necesita también de reuniones periódicas entre ella y el propio Presidente. Cambiemos será otra cosa, menos Cambiemos, sin Macri o sin Carrió.

Es probable que exista un encuentro entre ellos en la semana que se inicia. Mientras tanto, Carrió adelantó que el miércoles o el jueves próximos pedirá su jubilación, aunque cumplirá con su actual mandato como diputada hasta 2021. Eso quiere decir que no será candidata a senadora nacional por la Capital el año próximo. Será, si finalmente es, una ausencia importante en la oferta electoral del oficialismo. Carrió aseguró, no obstante, que no está en su ánimo ni en sus proyectos romper la coalición Cambiemos y que siente un enorme afecto por Macri y también por Bullrich. Sobre el fin de semana decidió bajar el tono de sus críticas al protocolo Bullrich. "No quiero pelearme con la gente", explicó.

Es rara la distancia entre esas dos mujeres que fueron aliadas entre ellas antes de que las dos se aliaran a Macri. Carrió defendió a Bullrich en sus primeros tiempos como ministra, cuando no pocos oficialistas la criticaban. Bullrich es una ministra crucial para el Presidente; Bullrich es él. Y Carrió es la principal aliada de Macri. En el comienzo de un cruel tiempo electoral, la prioridad consiste en resolver la angustia social por la inseguridad con las armas del sistema democrático. Otras categorías políticas y otros métodos se harán cargo de la faena si la democracia se entretiene en peleas de campanario.