Se realizó este lunes en en Viedma, una audiencia a la que asistieron representantes de la Municipalidad y representantes de Catedral Alta Patagonia para debatir acerca del traspaso del Cerro a la Municipalidad. No hubo conciliación.

El Gobierno Municipal ratificó junto al Gobierno Provincial la legalidad y vigencia del traspaso del centro invernal a Bariloche. Catedral Alta Patagonia criticó la ausencia de Martini en la audiencia, y sostuvo que la situación "ya podría haberse resuelto".

Por su parte, CAPSA expresó que "lamenta la decisión tomada por la intendenta Martini, quien además de no asistir a la audiencia conciliatoria, desestimó cualquier instancia de diálogo. Estas situaciones alertan a Catedral y dan continuidad a una instancia legal que ya podría haberse resuelto". Además desde la empresa aseguraron que habrá denuncias contra el estado municipal y se pedirá inmediata intervención a la Provincia.

La audiencia fue convocada para que las partes concilien sus posturas, como un paso procesal más para el avance del pleito. La abogada municipal, Laura Loureyro, ratificó la postura esgrimida al tiempo de contestar demanda: "no resultaba necesario el consentimiento expreso del concesionario para que pudiera realizarse el traspaso del Cerro Catedral desde la órbita Provincial a la Municipal".

Al respecto, la empresa respondió que "no prestará conformidad a la transferencia porque considera que el Municipio no está cumpliendo con los cargos, como así tampoco ofrece garantías a quien día a día se responsabiliza por la operatividad de uno de los centros de montaña más importantes del país".

En la audiencia, el Gobierno Provincial, como codemandada, confirmó su postura, resaltando la plena vigencia y operatividad de la normativa que reglamentó el traspaso en beneficio del Estado Municipal, requiriendo el rechazo de la demanda promovida por el concesionario. “La propia concesionaria -CAPSA- fue quien hizo constar de modo explícito su aceptación irrevocable a la transferencia del contrato de concesión”, recordó la Fiscalía de Estado de Río Negro.

Ante la imposibilidad de acuerdo conciliatorio, se pasó a una segunda instancia de determinación de hechos controvertidos y oposiciones a las medidas probatorias, la causa paso a despacho a los fines de proveerse las medidas probatorias.