A un mes del reingreso de Gustavo Fernández Mendía a Bienestar Social y de los cambios en las estructuras del Estado dedicadas a la atención de niños y adolescentes en riesgo social y en conflicto con la ley, no se han producido modificaciones al sistema que impera en los establecimientos tutelares de los menores.
Fuentes que pidieron su anonimato, para preservar en algunos casos sus débiles contratos laborales, denunciaron la persecución contra aquellos agentes o auxiliares de los institutos (IPESA y hogares) sospechados de haber sido los que desnudaron públicamente las miserables condiciones de los menores allí alojados.
Según esta denuncia de hostigamiento, la violencia laboral contra los agentes comenzó con la anterior conducción del área de Niñez y Adolescencia del gobierno provincial, pero continuó luego del alejamiento de Alicia Echeveste y de Carlos San Miguel, directora y responsable de los institutos, respectivamente.
Uno de los casos más evidentes de persecución tendría como víctima a un empleados con muchos años de tarea, que desde fines de septiembre se quedó sin oficina y sin trabajo asignado.
Las mismas fuentes indicaron que la jueza actuante conoce todos los escabrosos detalles de las irregularidades cometidas y el clima de complicidad silenciosa que prima entre los trabajadores de los institutos; también están avisados los funcionarios de Bienestar Social y de la Secretaría de Derechos Humanos, pero que todo sigue igual.
El Estado pampeano tiene bajo su tutela a más de 320 niños y adolescentes, institucionalizados en hogares aquellos cuyos padres han perdido la patria potestad y en el IPESA los que están en conflicto con la ley.
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