Con su discurso precario, el intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, aseguró que “la responsabilidad es de todos: del gobierno y de la familia”. Habló, claro, de las dos nuevas muertes de niños en el norte salteño y sus palabras fueron las más cómodas para las autoridades provinciales. Si todos somos responsables, de algún modo, nadie lo es.

Los detalles de la tragedia fueron entregados por el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ramiro Soraire, quien explicó que el primer niño tenía bajo peso pero falleció como consecuencia de un cuadro de diarrea grave mientras que la segunda niña no presentaba bajo peso pero estaba totalmente deshidratada. Además, el profesional aseguró que ambos niños estaban bajo la supervisión de los agentes sanitarios de la zona. “No eran niños desnutridos, tenían los controles y estaban vacunados” dijo y puntualizó que la diarrea está asociada a las condiciones en las que viven las comunidades originarias.

Esta última observación es la que desnuda la gravedad de la situación: los niños murieron por las condiciones en las que vivieron. Y el gobierno no consigue modificarlas. “No es que no se hicieron cosas en los últimos 10 años, pero algo estamos haciendo mal” dijo el diputado Ramón Villa y no se equivocó: el histórico sistema de intervención, a través de los ministerios de Educación y Salud, fracasó como por ahora también fracasa el nuevo modelo que incorporó a los ministerios de Desarrollo Comunitario y de la Primera Infancia.

“Invertimos 14 veces más por niño de ahí que por niño de acá” dijo desde la Ciudad de Salta el gobernador Juan Manuel Urtubey mientras el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, hizo todos los esfuerzos para aclarar que los niños “no murieron de hambre” pero reconoció, igual que Urtubey, el fracaso del trabajo realizado. “Si esto no se soluciona con agua potable, si no se soluciona con cloacas, si no se soluciona con cuestiones estructurales y sobre todo con el trabajo de la personas, este tipo de situaciones van a seguir sucediendo” advirtió y deslindó responsabilidades sobre la gestión, de algo más de un año y medio, en Primera Infancia.

Un chivo expiatorio

El gobernador Urtubey y sus funcionarios reconocieron el trágico deceso de los menores. Aceptaron la información y argumentaron que los esfuerzos gubernamentales son insuficientes para revertir años y décadas de olvido del chaco salteño. A comienzos de semana fueron prudentes a la hora de asignar responsabilidades y evitaron condenar públicamente a uno u otro funcionario. “En reunión de gabinete pedimos que se avance en un informe sobre ese tema y se está haciendo un sumario en el Ministerio de Salud”, contó el propio Urtubey.

Esa mesura del Grand Bourg no alcanzó, sin embargo, a la Legislatura. Junto con el reclamo de los bloques opositores, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, sugirió que el ministro de Salud, Oscar Villa Nougues, debería abandonar su cargo. Y lo propio hizo el titular de la Cámara de Senadores e histórico mandamás del departamento Rivadavia, Mashur Lapad.

Una verosímil versión ubicó a este último como impulsor del desplazamiento del gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ramiro Soraire, y su reemplazo “de forma interina” por Marcela Quispe. “La doctora Quispe tiene una denuncia por abandono de servicio” contaron a Cuarto Poder desde el lugar y recordaron que “se fue y no quiso atender a los heridos de una represión porque su marido es uno de los policías que actuaron en esa oportunidad”. Además recordaron que Quispe y su esposo “fueron expulsados del pueblo por la propia gente” pero volvieron hace unos meses “diciendo que el senador Mashur Lapad le prometió la gerencia del hospital”.

La designación puede venir a complicar más la cuestión. Fuentes fidedignas aseguraron que cuando el personal médico tomó conocimiento del nuevo rol que cumplirá la pareja del policía, reconocidos profesionales habrían informado a las autoridades que dejarían sus puestos. Los profesionales serían de apellido Mamani y Casabella quienes están bien conceptuados por los pobladores aunque lo peor de todo no sea la ruptura de un vínculo afectivo, sino la merma de un plantel de profesionales que es lo que escasea en los poblados de todo el departamento.

Según el mismo testimonio, fue Quispe la médica actuante en los dos últimos casos fatales en “desobediencia a las órdenes de la gerencia del hospital”. En la primera oportunidad, el licenciado Soraire y otros profesionales indicaron el traslado urgente del niño “completamente deshidratado y con un evidente descenso de peso ocasionado por diarreas intensas y vómitos” a Tartagal pero la médica desoyó la instrucción y demoró la salida. En el segundo episodio, se realizó la derivación después que la misma médica tratante quiso compensar, sin éxito, a la beba que falleció en Tartagal.

Los testimonios que dan cuenta de esta información fueron consignados en el sumario que instruyó el Ministerio de Salud y explican la embestida de Lapad sobre Villa Nougués.

Según pudimos saber, Soraire, profesional de la nutrición, molestó al poder establecido en el chaco salteño. Primero desde su trabajo en el territorio y después desde su asunción como gerente hospitalario advirtió a los intendentes, caciques y líderes sociales que responden (todos) a Mashur Lapad que si no se cambian las condiciones de vida de la gente “la desnutrición, la deshidratación y las muertes infantiles van a continuar”.

En reiteradas oportunidades les explicó que no alcanza con tener más médicos en el hospital o un mejor (aunque todavía insuficiente) acceso al agua segura, hay que recoger la basura, encerrar los animales, trabajar en el aseo de los niños y, en definitiva, terminar con la pobreza para cambiar la realidad. En el chaco salteño esa es una declaración de guerra (política) y por eso la avanzada contra Soraire y el responsable de su designación Oscar Villa Nougués.

Nunca es triste la verdad

En los innumerables contactos que mantuvo esta semana con la prensa provincial y nacional, Abeleira advirtió sin tapujos que no puede asegurar “que no pase lo mismo” en el futuro próximo.

El ministro convalidó los datos aportados por el gobernador y subrayó que en la gestión de Urtubey “la provincia mejoró los indicadores de mortalidad infantil del 15‰ al 11,34‰” pero también reconoció que “eso quiere decir que siguen muriendo niños”.

“Se destinan 14 veces más de fondos ahí que en Capital pero lamentablemente vas y sentís que no hay nada porque la necesidad es muy alta” dijo el gobernador y aseguró que “lo que hay que hacer es evitar que mueran por causas evitables”.

Mucho tendrá que trabajar para lograrlo. El diputado Ramón Villa, oriundo de la zona, describió que “no sólo hay desnutrición, tenemos muchos casos de tuberculosis y chagas, las enfermedades de los pobres” y la secretaria de Servicios de Salud, Viviana Molina, advirtió que “en esos lugares los problemas se acrecientan en las épocas de calor lluvias” como las que se avecinan.

Desprolijo

El Ministerio de la Primera Infancia, creado en diciembre de 2014, estuvo toda la semana en el centro de la escena política provincial. El pasado sábado Cuarto Poder prendió la luz y advirtió el malestar de los trabajadores del organismo por las condiciones en las que deben realizar sus tareas.

“Con inocultable angustia, los profesionales temen que ‘en cualquier momento pase lo mismo que el año pasado’. No pueden decirlo porque no les salen las palabras pero quieren avisar que en cualquier momento la tragedia, evitable, puede llevarse la vida de otro niño o adolescente bajo tutela estatal y que como el año pasado la responsabilidad recaerá sobre ellos porque ningún funcionario político se hará cargo. Lo más grave, denuncian, es que los funcionarios de gobierno están al tanto de la dramática situación y no atinan a dar una mínima respuesta” reveló este semanario y contó la bronca por la pronta designación de especialistas informáticos en diseño gráfico (presumiblemente para el área central de Primera Infancia) en lugar de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para los programas de acción más críticos.

De manera increíble, el domingo la responsable de prensa del organismo negó tal convocatoria. “En mi calidad de Directora General de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de la Primera Infancia desmiento categóricamente que exista esta convocatoria para incorporar personal o pasantes en el área de Prensa o Comunicaciones de este ministerio ni en ninguno de los ítems solicitados. Dicha convocatoria fue realizada por personas que carecen de legitimidad institucional para realizar este tipo de acuerdos, y que tampoco cuentan con el sustento legal y jurídico que el llamado requiere” escribió Mariela Barraza en su cuenta de Facebook y solicitó “las disculpas del caso a los interesados”.

En pocas horas, el portal web QuePasaSalta confirmó la vigencia del llamado y reveló que “desde la UCASAL (la Universidad Católica de Salta) advirtieron que la convocatoria sigue en pie y que el llamado se realizó a través de un convenio marco firmado días atrás; de hecho, el llamado no fue levantado de la página oficial de la casa de altos estudios”.

Ya habíamos anticipado que en boca del secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, la explicación oficial iba a ser que “el patrocinio económico para esos nombramientos corre por cuenta de Unicef y no representa una erogación para la provincia”. En efecto, el lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1.338 que con las firmas de Urtubey y Abeleira aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la provincia y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para la puesta en práctica de políticas públicas para infancia, adolescencia y mujer.

Y al cierre de esta edición, en la página web de la UCASAL continua la convocatoria para cubrir 15 vacantes en diseño gráfico, periodismo, publicidad, imagen y sonido, producción y dirección de radio y televisión