PorMariano Boettner

Entre Buenos Aires y Washington transcurren las horas finales de negociación fina para un acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario que en los aspectos gruesos ya tiene forma y que será sometido a la discusión final en el directorio sobre el cierre de la semana. Los números finos y la letra chica que serán el cuerpo del programa son revisados hasta último momento en los dos lados de la mesa negociadora.

El esqueleto del acuerdo que ya se conoce es que se trata de un programa de formato Extended Fund Facility (EFF), que será por un monto total de USD 20.000 millones, que tendrá una desembolso más amplio de lo normal para este tipo de convenios, que el dinero que reciba el Tesoro será utilizado para la recompra de Letras Intransferibles y que como resultado de esa operación el Banco Central contará con más dólares y se desprenderá de un activo de baja consideración.

También se conoce que el programa tendrá una duración de cuatro años, en los cuales habrá, como es habitual, un esquema de revisión trimestral de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas -este último uno de los puntos centrales de la pulseada entre el Poder Ejecutivo y el organismo-, que habrá 4 años y medio de plazo de gracia sin que sean exigibles pagos que correspondan a este nuevo EFF y que la extensión llega a 10 años al tomar en cuenta el esquema de devolución de todos los fondos.

Por otra parte, el acuerdo incluiría un esquema más flexible de tipo de cambio que modifique el “armazón” cambiario vigente hasta el momento, compuesto por el sistema de dólar blend que dirige el 20% de la liquidación de exportaciones hacia el contado con liquidación, el crawling peg de 1% mensual y un grupo de restricciones que todavía se sostienen como parte del cepo. Se prevé un esquema de flotación administrada sin una devaluación discrecional del tipo de cambio inicial como parte del programa.

La velocidad y profundidad con la que el Gobierno ejecute cualquier cambio en el plan económico parece estar determinado de manera decidida por el tamaño que tendrá el desembolso inicial que debata y, eventualmente apruebe, el directorio. Además del apoyo financiero desde el Fondo Monetario habrá otra porción de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF que ensancharían esa cuenta. El ministro Luis Caputo habló de la chance de alcanzar USD 50.0000 millones de reservas brutas, pero para eso requeriría duplicar el nivel de arcas brutas hoy en poder de la autoridad monetaria.

La última serie de pasos burocráticos antes del debate en el board que encabeza la directora gerente Kristalina Georgieva está en pleno desarrollo. El resultado del acuerdo entre el Gobierno y el staff técnico, que fue oficializado el martes por la noche, deberá pasar por el visto bueno de una serie de departamentos internos especializados (legales, financieros, estrategia, research y gestión de riesgos) para conseguir todos los “sellos” antes de llegar al directorio.

Hay una diferencia entre el acuerdo -también bajo el formato EFF- de 2022 que negoció el ex ministro Martín Guzmán con el programa actual. En aquella ocasión los documentos oficiales del Staff Level Agreement (SLA) fueron dados a conocer públicamente luego de anunciado ese entendimiento, antes de la discusión en el Congreso y tres semanas antes de la discusión del board. En el 2018, el Stand By durante el mandato de Cambiemos también tuvo la característica del actual, con la letra chica conocida solo después de la palabra final de los directores.

Entre los documentos en elaboración hay una carta de intención que debe ser firmada por Caputo y por el presidente del Banco Central Santiago Bausili para solicitar de manera formal al directorio la aprobación del programa, un memorando de políticas económicas con el diagnóstico del staff y el contenido del acuerdo propiamente dicho, un memorando técnico y un reporte del equipo técnico del FMI con su mirada particular del resultado de las conversaciones.

Todavía restan responder una serie de incógnitas clave, más allá de cómo quedará configurado el esquema cambiario. También habrá metas de cumplimiento en términos de acumulación de reservas y de superávit fiscal y una serie de reformas estructurales a las que el Gobierno se compromete como parte del acuerdo.

El tamaño del desembolso y su libre disponibilidad también es materia aún de discusión y de especulación en el mercado. Las posibilidades van desde que sea en un solo tramo o bien con un envío parcial de ese primero giro y que una suma quede depositada en forma de Derechos Especiales de Giro (DEG) en la cuenta que el país tiene en el FMI, para que sea liberada a manera de “activaciones” por tramos.

Sobre este tema, la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicó que “la pregunta del millón es si el FMI desembolsará dólares o DEGs. Esto será un punto clave para saber qué tan de ‘libre disposición’ son los fondos otorgados, lo que tendrá consecuencias directas sobre el poder de fuego del BCRA”. “El FMI tuvo diferentes posturas en los últimos dos programas de Argentina”, remarcó y detalló que en el SBA 2018 el 92% de los desembolsos fueron en dólares y el 8% restante en DEGs, mientras que en el acuerdo de 2022 todo fue enviado en la moneda del FMI.

El mercado le sigue otorgando una importancia central al acuerdo para el futuro del plan económico. Jaime Reusche, vicepresidente de la calificadora de riesgo Moody’s, aseguró que “el acuerdo de 20 mil millones de dólares con el FMI es un ancla importante que ayudará a Argentina a prepararse para la siguiente fase de su ajuste, que implica la eliminación del cepo y los controles de capital”.

“Ayudará a estabilizar los niveles de reservas internacionales, que han disminuido en los últimos meses, lo que indica un tipo de cambio real que no ha encontrado un equilibrio sostenible. Sin embargo, el panorama a largo plazo se ha ensombrecido, dado que los flujos de inversión real previstos en el sector extractivo argentino, claves para estabilizar las finanzas externas tras la eliminación de los controles de capital y de divisas, son ahora más inciertos debido a la caída de los precios de los hidrocarburos como resultado de la guerra arancelaria”, planteó.