Por Ramiro Melucci.

La pesca, actividad clave de la economía de Mar del Plata, atraviesa momentos decisivos. Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación podría aprobar la ley ómnibus, que contiene un aciago capítulo dedicado a la actividad. Lo que ocurra tiene el poder de modificar el paisaje social de la ciudad. La conflictividad de los próximos días, de por sí agitados por el paro convocado por la CGT, podrá agravarse o no según el tanteador legislativo.

La industria pesquera se encolumnó como nunca detrás de un mismo objetivo: el rechazo total al capítulo. Esta vez el espanto pudo más que las múltiples diferencias internas. Dirigentes gremiales y representantes de las empresas se lo hicieron saber el martes al intendente Guillermo Montenegro: no están de acuerdo ni siquiera con que la norma se apruebe con modificaciones.

Apuntan al artículo de las licitaciones, con el que el Gobierno pretende “transparentar” el reparto de cuotas. Aseguran que no alcanza con establecer que serán nacionales y no internacionales, como decía la redacción original. El cambio lo propuso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la reunión que mantuvo junto a Montenegro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el 4 de enero en la Casa Rosada. En ese encuentro, el intendente pidió que permanezca la obligatoriedad de que las descargas se hagan en los puertos del país y que se mantenga la proporción de un 75% de trabajadores argentinos. Las tres modificaciones aparecieron el viernes en el listado de cambios que la Casa Rosada arrimó a los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Para ese entonces la administración local ya había tomado distancia. Fue después de que, en el marco de una reunión intensa, los gremios le achacaran haber “acordado” con el Gobierno. El intendente y el secretario de Desarrollo Local e Inversiones, Fernando Muro, negaron que se tratase de un acuerdo cerrado y dijeron que acompañan el reclamo. Avanzadas las conversaciones de Montenegro con los bloques dialoguistas de la cámara baja –que son los de su partido político y aliados–, en el municipio se animaron a pronosticar que “no están los votos” para que el proyecto sea aprobado. “Hasta último momento puede pasar cualquier cosa. No te podés ir a dormir tranquilo”, difiere un avezado negociador parlamentario.

La industria también se mantiene en alerta por lo que pueda suceder con las retenciones. Los derechos de exportación ahora van del 0 al 9%, según el valor agregado de los distintos productos. El proyecto procura llevarlas a todas al 15%. En el listado con los cambios introducidos por el Gobierno se establece que 36 economías regionales tendrían retenciones cero. La pesca no está incluida.

En el municipio se animan a pronosticar que “no están los votos” para que el proyecto sea aprobado. “Hasta último momento puede pasar cualquier cosa. No te podés ir a dormir tranquilo”, difiere un avezado negociador.

Mientras suenan las alarmas por lo que pueda suceder en Diputados, el oficialismo local concluyó sin complicaciones la veloz carrera para aprobar el presupuesto y los aumentos de tasas. Montenegro tendrá los incrementos que pidió, la posibilidad de decidir subas de acuerdo con la evolución de la inflación y la nueva tasa vial, que se cobrará con un adicional del 1,86% al cargar nafta.

El municipio modifica así la forma de percibir ese tributo. Lo que era un componente de la Tasa de Servicios Urbanos pasa al ticket de las estaciones de servicio. No pagarán los que caminan, los que andan en bicicleta ni los que se movilizan en transporte público. “Es mucho más justa y equitativa”, ponderó el oficialismo.

La nueva tasa pone a los turistas a aportar como los marplatenses por las calles que se rompen en Mar del Plata, pero diferencia a los que cargan nafta y gasoil de los que usan GNC –que no están alcanzados–.

Entre advertencias de inconstitucionalidad, dificultades de implementación y posibles juicios, la oposición se guardó los argumentos más ilustrativos para la sesión definitoria. Un hombre que tiene el mismo auto hace veinte años y lo usa para ir a trabajar va a pagar lo mismo que uno que tiene un vehículo importado modelo 2024. Demasiada equidad, nula progresividad. Y alguien que vive en la periferia y hace varios kilómetros para llegar todos los días a su trabajo aportará mucho más que el que habita en el centro, pero probablemente no recibirá una contraprestación proporcional al monto mayor que vaya a pagar. 

A los aumentos se sumó el pedido de la cámara que agrupa a las empresas de colectivos para incrementar el boleto un 187%. La Cametap argumentó que la situación “se agudiza debido a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional debutante”. Señaló que percibe con retraso los subsidios cuyas variaciones nominales no acompañan el proceso inflacionario, y afirmó que las noticias relacionadas con su disminución gradual “genera una alerta adicional”. Si se concretan, el boleto debería costar $ 961,94, apuntó.

Esta vez, a diferencia de las anteriores, la pelota la vuelve a tener el Concejo Deliberante. Hasta ahora, nunca decidió un aumento de boleto durante la gestión de Montenegro. Siempre cedió las facultades para que el intendente lo haga. Pero la última autorización venció a fines del año pasado y ahora Juntos por el Cambio tiene mayoría propia. Las responsabilidades cambian.

De todos modos, las empresas se mostraron partidarias del proceder del Concejo Municipal de Rosario, que le cedió al intendente, Pablo Javkin, la potestad de aumentar la tarifa del transporte cada dos meses en función de la evolución de la inflación. Por ahora, el oficialismo local puso un pie en el freno: no convocó mañana a la comisión de Movilidad Urbana. El tiempo le sirve para urdir una estrategia.

 Un hombre que tiene el mismo auto hace veinte años y lo usa para ir a trabajar va a pagar lo mismo que uno que tiene un vehículo importado modelo 2024. Demasiada equidad, nula progresividad.

Avanza, en cambio, con pedidos de informe y expresiones de preocupación por la grave situación de los afiliados a IOMA en Mar del Plata. Uno le solicita a la obra social de la provincia información sobre el estado y la vigencia de los convenios firmados con diversos prestadores del partido. Otro expresa “profunda preocupación por el conflicto”. Y otro le pide al gobernador “que tome las medidas necesarias para restituir de manera inmediata la atención y cobertura médica de los afiliados en todos sus niveles de provisión de medicamentos, tratamiento y atención en las clínicas y prestadores en los que se vio interrumpido el servicio”.

Axel Kicillof no pudo esquivar el tema en su visita a Santa Clara. Se limitó a responder que su gobierno avanza en una negociación con las clínicas con las que hay problemas. Los bloques de Unión por la Patria y Acción Marplatense hicieron equilibrio, pero con su abstención no evitaron un pronunciamiento unánime de la comisión de Salud del Concejo sobre aquellos expedientes. Síntoma de que la gravedad del asunto es evidente.