Hernán Cappiello

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró que en el máximo tribunal están esperando a que la política resuelva sus problemas, en alusión a los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 del presidente Javier Milei y los conflictos entre los gobernadores y la Casa Rosada, que generaron cerca de 30 demandas por casi 1000 millones de dólares. No obstante, afirmó que si a política no resuelve en estos asuntos, habrá un fallo del máximo tribunal “en un plazo razonable”.

“Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema [por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias] la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, afirmó Rosatti, este mediodía, al hablar en el Rotary Club de Buenos Aires.

Milei había sostenido el sábado pasado que “al menos tres jueces” de la Corte tienen una “posición bastante poco amigable” hacia el DNU 70/23, que avanzó con la desregulación de la economía, en alusión a los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Rosatti dio este mediodía un discurso en el primer piso del Hotel Libertador, donde habló de la filosofía económica y la filosofía política de la Constitución Nacional y respondió preguntas de la periodista Clara Mariño y de los socios del Rotary Club de Buenos Aires. Mientras transcurría la conferencia, en la puerta, donde funciona una oficina de la Anses, se desarrollaba una ruidosa manifestación por los despidos en el Estado.

Cuando Mariño le preguntó sobre la relación entre la Justicia y el Gobierno, Rosatti respondió que era “tensa” y “difícil”, porque jueces y políticos tienen lógicas diferentes. “La relación es normal, pero la relación entre la política y la Justicia es a veces tensa, difícil. La política quiere definiciones rápidas generales y el juez resuelve casos particulares tiene su ritmo la cabeza del juez, [que] está puesta en restablecer el orden jurídico. La política es diferente”, sostuvo.

“No se mueven con la misma razón, tienen lógicas diferentes y este conflicto hace que se genere una mutua incomprensión. Es inexorable. Si el juez no entiende al político y el político no entiende al juez, la forma de acortar esta brecha es a partir del diálogo institucional”, propuso y comparó: “El político es el pintor de brocha gorda y el juez es como el ebanista: cuando al juez le dan la brocha gorda, se le complica”.

Al hablar de la filosofía económica de la Constitución Nacional, destacó que es el capitalismo basado en la propiedad privada, la competencia y la iniciativa propia, pero aclaró que la Carta Magna “no prohíbe la intervención del Estado, sino que señala que el Estado es el que debe favorecer” asuntos como la educación o la industria, entre otros, y mencionó en particular un artículo que promueve y facilita el desarrollo y la transformación del país. Dijo que el Estado debe favorecer por ejemplo con la política tributaria, por ejemplo, para facilitar la transformación.

Mencionó que el capitalismo expresado en la Constitución permite gobiernos que hagan más énfasis en el Estado que en el mercado, y otros más liberales. “Todo eso es posible en la Constitución”, afirmó, y mencionó que la reforma de 1994 enfatizó además en la necesidad de tender al desarrollo, material y espiritual, que permita aumentar la calidad institucional, porque eso genera confianza en la radicación de capitales.

Enfatizó que esta era una lectura neutral de la Constitución y aclaró que estaba acostumbrado a que, cada vez que habla, sus dichos son relacionados con personajes de la política. Insistió en que este no era el caso, aunque pareció referirse a la mirada del Presidente sobre la economía. Inmediatamente recomendó la lectura de la Constitución, o su relectura, dijo. “Hay que volver a la Constitución Nacional y honrar su mensaje”, dijo.

Afirmó, asimismo, que la seguridad jurídica es un tema que compete no solo los jueces, sino a todos, y que para ello hay que respetar la Constitución Nacional. Cuando lo consultaron sobre la posibilidad de expresarse sobre la razonabilidad de las tarifas, dijo que las decisiones políticas no son judiciables, pero sí las consecuencias de esas decisiones, y mencionó el caso del fallo que dictó la Corte en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. “El juez no cuestiona la decisión política del gobernante, sino que se pronuncia sobre las consecuencias con un criterio restrictivo. La Corte ya analizó el asunto teniendo en cuenta los parámetros de la razonabilidad o confiscatoriedad de las tarifas”, dijo.

Rosatti exhibió un compromiso con la puesta en marcha de nuevo Código Procesal Penal Federal a partir del 6 de mayo. Afirmó que “este sistema va a generar un cambio importante y puede así ir más rápido y con una mayor fluidez en la resolución de los procesos”. Y aseguró: “Tiene que funcionar en todo el país”. Mencionó, de todos modos, que a pesar de estas reformas hay una desventaja con el crimen, que está “organizado”, mientras que el Estado está “desorganizado” para reprimirlo.

Al hablar de los problemas de baja consideración pública que tiene la Justicia, expresó que la “ejemplaridad moral” es fundamental, por que “es lo que genera la confianza hacia dentro del Poder Judicial y hacia la sociedad”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que asuman mujeres en la Corte, se excusó de responder. Dijo que hay candidatos propuestos por el Gobierno -dos hombres- y que su respuesta podría interpretarse como de apoyo o crítica a esas postulaciones.

Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Juan Insua; los expresidentes Ubaldo Aguirre y Luis Ovsejevich; Juan Manuel Olima Espel, Diego Ibarbia, Eduardo Cartasso Naveyra, Francisco Castex, Javier Lorente, Gabriel Astarloa, Máximo Fonrouge, Martín Farrell, Carlos Laplacette, Esteban Carcavallo, Jorge Kogan y José Luis Puricelli, entre otros socios. También estuvo presente la abogada María Eugenia Talerico.