En un editorial publicado por el matutino de la familia Mitre Saguier, titulado “La justicia prevalece sobre la venganza”, se afirma que “Hooft quedó absuelto por un jurado de enjuiciamiento de la acusación de haber sido cómplice del gobierno militar a partir de 1976 y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad”.

La Nación sostiene en su editorial que “el caso Hooft es un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un instrumento de venganza para destruir a todas aquellas personas que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión”.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Díaz, consideró que el diario defiende al juez “con argumentos falaces y muy endebles”. “Pareciera que, según La Nación, Hooft es inocente de todas las acusaciones y esto no es para nada así. Hasta que no se expida un tribunal sobre la cuestión de fondo, no se puede dar por terminada esta lucha que llevamos para obtener Justicia”, remarcó el dirigente.

La denuncia contra el magistrado se presentó en 2006 por parte de un la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y un conjunto de organismos compuesto por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial de la Memoria(CPM), entre otros.

A Hooft se lo acusa de haber negado habeas corpus en favor de los detenidos por las fuerzas represivas y de visitar centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad atlántica durante la dictadura cívico militar.

Díaz anunció que el colectivo de organizaciones “seguirá con la tarea de establecer verdad y justicia”. “Vamos a recurrir a instancias internacionales nuevamente para denunciar esta falta de justicia. Si hace falta, plantearemos además la constitución de un nuevo Jury para tratar la destitución”, anticipó.