“Me quedo a colaborar con Carla [Vizzotti] por pedido de Ginés [González García] y de la CGT”, dice Eugenio Zanarini, el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo descentralizado a cargo de controlar a las obras sociales. Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que el Presidente dejó sin efecto el aumento del 7% otorgado 24 horas antes a las prepagas, es uno de los hombres de mayor confianza que González García conserva en la administración pública después de haber sido echado por el escándalo de las vacunas de privilegio.

Sin su jefe, la influencia de Zanarini comienza a erosionarse a pesar de que afirma tener el visto bueno de la flamante ministra para distribuir durante el mes en curso unos 1200 millones de pesos entre las obras sociales sindicales en concepto de reintegros de prestaciones de alta complejidad.

El hombre de Ginés fue clave para taponar a principio de año el intento del kirchnerismo duro por reformar el sistema de salud." class="com-link" data-reactroot="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 116, 196); transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">reformar el sistema de salud. “Es inviable”, calificó en su momento a la propuesta urdida desde el Instituto Patria, que prevé un sistema integrado, a cargo de un súper ministro, además de contemplar un giro en el manejo de los fondos y en el control de los precios y las prestaciones. En el kirchnerismo aguardan expectantes que Vizzotti mueva algunas piezas para volver a la carga con la iniciativa que impulsa Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de Axel Kicillof.

Zanarini integró la nómina de 70 nombres que divulgó el Gobierno cuando estalló el escándalo de las vacunas vip. Su inoculación se presume lógica, como personal de la salud y miembro inicial del comité de seguimiento de la pandemia que se montó en el octavo piso del Ministerio de Salud. Su inmunidad en el organismo, sin embargo, no está garantizada. Así lo vislumbran al menos en la cúpula de la CGT, donde algunos dirigentes echaron a rodar la versión sobre el posible regreso a la Superintendencia de la santacruceña Liliana Korenfeld, que responde a Cristina Kirchner y está hoy a cargo de la obra social del Congreso. La relación con Korenfeld siempre fue tensa. Puede dar crédito Hugo Moyano, que en más de una ocasión activó protestas en las narices de su despacho.

“Ahora que está Vizzotti no sé cómo es la situación de Zanarini, puede pasar cualquier cosa. De todos modos, a los temas nuestros nos lo tienen que definir desde arriba, el Presidente”, dice uno de los sindicalistas que conoce como pocos el mundo de las obras sociales. El mensaje carga alguna dosis de decepción, sobre todo después de que el Presidente haya espaciado sus encuentros mensuales con la C GT.

En alerta por el desfinanciamiento del sistema, cuya caída se agudizó en los últimos años y llevó a las obras sociales a no poder siquiera cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), la CGT recibió esta semana el rechazo oficial a una propuesta que se había conversado con Alberto Fernández. No está hoy en los planes del Gobierno habilitar un aumento de los aportes de los trabajadores (el borrador contemplaba una suba de 3 a 4%) ni de los empleadores (del 6 al 7%). “No es momento y no hay margen para hacerlo. Sería subir el costo laboral”, dice Zanarini, seco y tajante.

El déficit del sistema deja al descubierto, entre otras cosas, la sangría laboral y el crecimiento del empleo informal. Se calcula una caída de dos millones de aportantes en los últimos cinco años, según fuentes oficiales y sindicales. El único auxilio posible a la vista sería en lo relativo a los tratamientos por discapacidad y la suba de la contribución de los monotributistas. Pero nada está definido y en la CGT comienzan a desconfiar hasta de los funcionarios que fueron ubicados a pedido propio. No es solo por Zanarini, también por David Aruachan, un médico que responde al estatal Andrés Rodríguez y que también ocupa un cargo jerárquico en la SSS.

El temor sindical, sobre todo, radica en perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El proyecto en suspenso de Kreplak apunta tangencialmente a ese fondo, entre otras modificaciones del sistema. Los gremios advierten que la maniobra de La Cámpora podría gestarse ahora, sin Ginés en el camino.

Unidad por conveniencia

Si bien el alineamiento de la CGT con el Gobierno no está en discusión, el sindicalismo peronista explora con más intensidad consensos para buscar la unidad de la central obrera y negociar con más poder. Hasta Moyano se sumó a las gestiones para la renovación de autoridades. Pasado mañana podría haber una foto que altere el mapa de alineamientos internos: el jefe camionero se reunirá con el ferroviario Sergio Sasia, uno de los aspirantes a conducir la CGT y que desafía el liderazgo que ejercen hoy Héctor Daer, referentes de “los Gordos” (grandes gremios de servicios), y el barrionuevista Carlos Acuña.

Al margen del ajedrez electoral interno de la CGT, los gremios comienzan a percibir la necesidad de actuar más en bloque. Alberto Fernández tuvo que negociar con Daer y Moyano para garantizarse la foto del acuerdo de precios y salarios. Lo mismo sucedió con el Consejo Económico y Social, que servirá de prueba para medir la convivencia de las distintas tribus.

Pero tal vez lo más novedoso sea la alianza gremial que avanza en el polo agroexportador entre el poderoso gremio de los aceiteros, a cargo de Daniel Yofra, y la federación de gremios marítimos y portuarios, que encabeza Juan Carlos Schmid. Además de su rechazo a la conducción actual de la CGT, los unió la inquietud por el vencimiento de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la boca de salida del 80% de las exportaciones del país y, sobre todo, de la soja. Moyano sigue también de cerca el armado de este bloque: la mercadería hasta los puertos llega en camiones. Pero también lo desvela meter un pie en las empresas multinacionales, como intentó hacerlo en IBM, HP, Lenovo y Globant a través del padrinazgo de la Unión Informática.

La gran batalla del camionero, sin embargo, es con Mercado Libre. Su tropa de militantes bloqueó durante diez días un centro de logística por el encuadramiento de 26 empleados que están hoy afiliados en la Unión de Carga y Descarga. La intervención judicial forzó una negociación que aún no está definida. Chazki, la empresa que tiene el conflicto con los Moyano, estaría por cerrar un trato con el gigante del comercio electrónico para almacenar la mercadería en sus depósitos. Este punto quizás explique la voracidad de Moyano por sumar 26 afiliados, que incluso serían menos porque no avanzaría sobre los administrativos. A fin de cuentas, el jefe camionero goza de ser el “dirigente ejemplar”, como lo endulzó Alberto Fernández en abril del año pasado, cuando visitó el Sanatorio Antártida, el mismo que está hoy en litigio judicial con la Ciudad de Buenos Aires por la vacunación irregular de su fundador, su esposa y el hijo de 20 años.

Por Nicolás Balinotti