La American Task Force of Argentina (ATFA), grupo que funciona como lobbista de los holdouts que litigan por la deuda argentina impaga, denunció ayer “inexplicables”, según calificó, aumentos patrimoniales de más de una docena de funcionarios. Además, dijo que la presidenta Cristina Fernández debería exigirle una respuesta sobre esa situación a su equipo de autoridades. 

La denuncia involucró a los ministros de Transporte Florencio Randazzo; de Salud Juan Luis Manzur; y de Turismo, Carlos Meyer; al secretario de Seguridad, Sergio Berni; al ex-secretario de Comercio, Guillermo Moreno y al actual senador Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

La ATFA emitió un informe que denominó “Indice de Patrimonio del Gobierno de la República Argentina”, en el que detalló la suba de los patrimonios de 14 funcionarios que han trabajado en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La organización indicó en el documento que el patrimonio neto personal de cada uno de esos funcionarios exhibe incrementos importantes y muchas veces inexplicables, lo que plantea una serie de preguntas acerca del proceso de enriquecimiento de cada uno.

La presentación estuvo a cargo de los co-presidentes del ATFA, Nancy Soderberg y Roberto Shapiro, quienes señalaron que la información recogida tiene como fuente a las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción e investigaciones judiciales y periodísticas. En el Informe se señaló que la presidenta Fernández, en particular, debería exigirles una respuesta completa y pública. “Y ella debe explicar cómo es posible que sus funcionarios hayan aumentado su patrimonio personal mucho más allá de las posibilidades ofrecidas por sus salarios”, añadió.

La AFTA siguió apuntando a la Presidenta, a quien pidió más explicaciones al respecto: “que sus funcionarios hayan gozado de incrementos exponenciales de sus salarios durante períodos cortos de tiempo sin ninguna modificación en sus puestos y responsabilidades; que sus funcionarios no hayan podido explicar el origen de su enriquecimiento mientras servían los intereses de la Nación; que sus funcionarios hayan vendido propiedades a valores muy superiores a aquellos declarados; que sus funcionarios hayan llevado a cabo acuerdos de negocios privados con el sector público mientras ocupaban puestos de alto rango”. 

Además de los mencionados, el documento de la ATFA señaló a Eduardo Samuel Garvich (ex funcionario de la Legislatura tucumana) y Gabriel Eduardo Yedlin (hermano del ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin) del ministerio de Salud nacional; a Horacio Gustavo Roura, subsecretario de PYME y Desarrollo Regional en el ministerio de Industria; a Daniel Pablo Aguilera, funcionario de alto rango en el área de Turismo; a Arturo Puricelli, ex ministro de Defensa; a Haroldo Amado Lebed, ex funcionario del ministerio de Agricultura; a Marcio Barbosa Moreira, vice ministro de Florencio Randazzo y a Oscar Alberto Martini, subsecretario de Asuntos Registrales del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responsable además del Registro Nacional de Armas.

Sobre el secretario de Coordinación del Ministerio de Salud y el secretario de Política del mismo ministerio se preguntan: “¿Cómo explica Eduardo Garvich que haya vendido una propiedad en Guaymallen, Mendoza, a $ 666.000 en 2011, cuando el año anterior había sido declarado en un valor de $ 51.000?”, “¿Por qué aumentó el salario de Gabriel Yedlin desde $ 117.684 a $ 498.546 en apenas dos años, si no fue promovido durante ese período?”, según consignó el portal de noticias Perfil.com. (DyN-Especial)